Escribe: Luis Alen.
El presidente Horacio Cartes está por conseguir lo que ningún gobernante en toda la transición democrática pudo hacerlo: el dominio absoluto sobre los órganos de control e investigación (Contraloría y Fiscalía), así como sobre el Poder Judicial, léase una Corte Suprema sumisa a las órdenes provenientes del Ejecutivo.
El hoy nombrado contralor interino del país, Roy Rogers, como funcionario de la citada entidad fiscalizadora siempre fue funcional a las autoridades de turno. Fue el que “blanqueó” la corrupta administración municipal del clan Zacarías, al ser comisionado en la comuna esteña por el renunciante y cuestionado ex contralor, Rubén Velázquez.
El cartismo se convierte así en un “stronismo” de nuevo cuño, lo que pone en peligro los mismos fundamentos de la convivencia democrática, con el agravante de que en el Parlamento el contrapeso del poder que significaba el grupo de 15 senadores colorados disidentes ha perdido fuerza, quedando sólo como G-11, y no se sabe hasta cuándo, porque en cualquier momento este número se puede reducir a 10 o a 9, según se presenten las ofertas cartistas para los legisladores que renieguen de su postura antioficialista.
Irónicamente, la Corte Suprema dio a entender que, en teoría y basándose supuestamente en el texto constitucional, no admite la intromisión del Legislativo en otro poder del Estado, al admitir la acción de inconstitucionalidad de la Fiscalía contra una ley que habilita al Congreso a solicitar los antecedentes de carpetas de investigación abiertas en el Ministerio Público.
El fiscal general alega que la Constitución no permite pedidos de informes sobre asuntos jurisdiccionales, como sería el caso de los órganos naturales de juzgamiento que son los tribunales, pero lo cierto es que la Fiscalía no es un órgano “juzgador” en sí mismo, sino que ejerce la representación de la sociedad para acusar formalmente por delitos tipificados de acción penal pública. Por este motivo, la Fiscalía General del Estado con más razón debe rendir informes de su gestión al Parlamento, dada su importancia como órgano defensor de la sociedad y porque las cámaras son las legítimas cajas de resonancia de los reclamos populares ante el poder.
Resta por ver cómo juzgará este caso la Corte Suprema, porque por ahora sólo se dio la medida cautelar de urgencia de suspender los efectos de la resolución del Senado, pero existe la presunción de que el alto tribunal de la República dará la razón a la Fiscalía, que en numerosos casos de denuncias contra el poder no se ha puesto a investigar en serio, incluso en los casos de protestas de organismos de la sociedad civil.
Surge así a la vista que cuando conviene al poder, no se permite la supuesta “intromisión” del Congreso en verificar si las investigaciones de la fiscalía son llevadas por buen camino, justamente para que puedan ser puestas a consideración de los órganos naturales de juzgamiento, como son los tribunales y a los que se refiere la Constitución en su artículo 192 como las instancias con “actividad jurisdiccional”.
El Ministerio Público no es un órgano jurisdiccional, es decir juzgador como los estrados judiciales, por lo que mal podría estar exento de rendir cuentas al Poder Legislativo de sus acciones.
El contralor denunciado
Un caso flagrante de falta de fuerza de la fiscalía para investigar hechos posiblemente punibles en la función pública pero apañados por cuestiones políticas, es el caso del nuevo contralor general de la República, Roy Rogers, quien fue precisamente director jurídico de la CGR durante la gestión de los ahora procesados excontralor y exsubcontralora.
Rogers fue denunciado por el Frente Ciudadano de Ciudad del Este, por supuestamente “blanquear” el cuestionado uso de recursos provenientes del Fonacide por parte de la administración de Sandra McLeod al frente de la municipalidad esteña, por un monto de casi G. 15 mil millones, el año pasado.
Rogers fue rápidamente repuesto en el cargo de director jurídico por el Tribunal de Cuentas, ya que había sido destituido del cargo por la subcontralora Nancy Torreblanca, después que ésta reemplazara al contralor renunciante Oscar Velázquez. La restitución sobrevino pocas horas antes de la salida de Torreblanca, asediada también como su antecesor por el juicio político en el Senado. De este modo, Rogers juró en el cargo ante la Cámara de Diputados, tal como establece la ley orgánica de la Contraloría, por ser el director jurídico el tercero en el orden de sucesión, hasta tanto sea nombrado un nuevo contralor.
El contralor interino irá hasta diciembre, pero algunos rumores en los pasillos parlamentarios hablan de la posible continuidad de Rogers, por una especie de “reconducción tácita”, toda vez que no se promueva la elección o que se realice el proceso de selección estando aquél como integrante de la terna integrada en el Senado y enviada a Diputados para la votación final.
Hay que recordar, por ejemplo, que el defensor de pueblo se halla ejerciendo el cargo desde hace años con el mandato vencido, sólo porque las cámaras no han promovido el proceso de selección de su reemplazante. Lo mismo podría pasar ahora con el contralor interino, según los mentideros políticos.
Rogers tendría la bendición de la actual mayoría cartista por el hecho de haberse comportado “como se debía”, al no ver nada irregular en los casi G. 15 mil millones que no habrían sido usados para los fines educativos, y sin una rendición de cuentas, por lo que habrían ido a parar a otras finalidades políticas o familiares del clan encabezado por Javier Zacarías Irún, aliado coyuntural de Horacio Cartes en las últimas elecciones internas.
Otro elemento a tener en cuenta es que Rogers estaba entonces a las órdenes de quienes realmente dominaban la Contraloría, es decir la gente del oviedismo liderada por el senador Jorge Oviedo Matto, también actualmente plegado a la mayoría cartista en el Senado.
Todos estos antecedentes hablan a las claras de que con Rogers al frente, la Contraloría estaría a lo que disponga el Ejecutivo y apañaría las trapisondas de los políticos en sus administraciones municipales y en otros entes gubernamentales. Se debe recordar a propósito que el mismo Rogers alegaba falta de “viáticos” para enviar a sus auditores a investigar cuestionadas administraciones municipales del interior, como la de Mariscal Estigarribia, dirigida precisamente por un político colorado.
Rogers salió indemne en la Fiscalía de las denuncias presentadas en su contra por organizaciones ciudadanas, por lo que suben de tono las presunciones de que el Ministerio Público se halla plenamente al servicio de quienes detentan el poder de turno, en vez de situarse en el lado de las inquietudes de la sociedad.
Con el contralor interino cooptado por el poder y el fiscal general también protegido de la “intromisión” de un Parlamento investigador, campeará la impunidad total para los mandamases de turno. Es el paraíso soñado para cualquier político que se haya propuesto asumir el poder total de la República, tal como es la meta de HC.
Si en diciembre sale electo otro contralor que no sea Rogers, queda flotando la esperanza de que, por fin, el nuevo jefe de la Contraloría disponga la tan anhelada auditoría integral a la administración de los Zacarías en CDE.
El último bastión anticartista
Negros nubarrones se ciernen sobre la democracia paraguaya en el caso que Cartes consiga su objetivo de alcanzar el poder total, dominando los entes de control, de imputación pública y jurisdiccionales. Sería imposible, en dichas circunstancias, que alguna investigación sea llevada a cabo, por ejemplo, sobre algún proceder ilegal del Ejecutivo o, peor aún, sobre el origen de la fortuna del presidente, que según él mismo lo dijo está al servicio de ganar elecciones y, por lo tanto, de la toma del poder.
Con la conformación de una Corte Suprema a medida suya, HC estará asegurando prácticamente tener el camino allanado para la enmienda constitucional que le permita la reelección indefinida, al estilo de los mandatarios bolivarianos Maduro, Correa y Morales.
Sólo que aún le quita el sueño a Horacio el hecho de que el bloque anticartista en el Senado siga con el torniquete que evita asegurar los dos tercios de votos para impulsar el juicio político a los tres ministros de la Corte que el Ejecutivo quiere afuera con el fin de poner a sus leales, visto que sólo hace falta la mayoría simple para la elección de nuevos miembros de la más alta instancia judicial.
Se aprecia ya que la Corte, como se halla compuesta actualmente, se está inclinando por dar satisfacciones al Ejecutivo como ocurrió en el caso de la reposición del senador Oscar González Daher en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en detrimento del senador Enrique Bacchetta, pero HC no está aún satisfecho con ello, ya que su firme deseo resulta la adhesión plena de la autoridad del Poder Judicial a sus designios hegemónicos.
Se podría decir que una ventana para una eventual rebeldía de la Corte a las órdenes de HC resulta todavía el fino hilo conductor que todavía existe entre el último bastión anticartista en el Senado, representado por el G-11 y la multibancada opositora, y los tres ministros amenazados por el juicio político pero que aún no han renunciado como lo hizo el cuarto “en capilla” Víctor Núñez.
Facebook Comentarios