Todo funciona mal o peor en este país, desde que Horacio Cartes asumió las riendas del poder. Nada se hace con buenas intenciones. Casi la mayoría de la gestión gubernamental tiene un fin torcido. Nadie demuestra o transmite confianza a la ciudadanía en todo lo que se hace.
Queda evidenciado que en los últimos tiempos al Gobierno le encanta transitar por el derrotero ilegal. Cualquier plan que intenta impulsar o poner en práctica no está rodeado de la transparencia que debería tener, mínimamente, un administrador del poder ejecutivo, y de cualquier otro poder del Estado.
En el querido y hermoso Paraguay a un alto porcentaje de las autoridades (con honrosas excepciones) le encanta convivir con el pokaré o la ilegalidad. Con sobrada razón se nos tilda desde el extranjero del “país bananero”, donde la marca registrada es la corrupción, y que según algunos organismos internacionales de transparencia, estamos en los primeros lugares en Sudamérica y el mundo.
Gobiernos anteriores y el actual, post Stroessner, poco o nada hicieron para transparentar la gestión pública. Muy por el contrario, algunos gobernantes, lejos de combatir la ilegalidad, se alían y se abrazan con tenebrosos personajes y políticos, como el caso de Javier Zacarías Irún, donde hoy por hoy, es nada menos y nada más, un hombre de confianza del presidente Horacio Cartes Jara, quien a los cuatro vientos enfatiza la “honestidad” en la administración del Estado.
Este discurso del mandatario está cargado de cinismo e hipocresía. No se puede practicar un doble discurso, que lo único que logra es la cada vez más desconfianza por parte de la ciudadanía. Cartes tiene la obligación de sacudirse al final de su mandato y tratar de revertir ante la opinión pública la pobre y pálida imagen de su gestión gubernamental.
Mientras continúa navegando en la inmundicia es imposible que gane la confianza del pueblo. Un mandatario debe exhibir etiqueta de estadista y abandonar la desfachatez, cortejando con gente desgastada, procesada e investigada por hechos de corrupción. Actitud de esta naturaleza muy poco habla a favor de un presidente de la República, que debe ganar la admiración y el respeto del pueblo paraguayo.
Pero, lastimosamente, en este Gobierno impera más la soberbia y la prepotencia, ignorando y desobedeciendo el respeto irrestricto al estado de derecho, órgano rector para la convivencia pacífica entre todos los paraguayos.
Cartes, lejos de respetar la Constitución y las leyes, impulsó, junto a su entorno y otros políticos, el pisoteo y la violación de la Carta Magna. Por suerte, la ciudadanía salió a la calle, parando la clara aventura golpista, que estaba a punto de materializarse.
Horacio Cartes debe poner en primer lugar al país y luego sus intereses personales y sectarios. Al presidente pareciera que poco le importa su status social, al no desprenderse de escombros políticos, que no le genera ningún rédito de credibilidad en su gestión. Al contrario, enturbia y salpica una eventual buena administración, que podría dejar como legado a los que luego vendrán a ocupar el cargo de mandatario. Es hora que el Gobierno abandone el coqueteo con escombros y políticos corruptos.
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