Corrupción judicial

La corrupción en la justicia paraguaya sigue campeando, sin que se haya encontrado, hasta hoy, la receta mágica para tratar de corregir esta práctica nefasta que tanto daño ya ha causado a la sociedad. Los casos que se litigan, tanto en el Poder Judicial y el Ministerio Público, no se miden con la vara de la imparcialidad, sino entra a  imperar la influencia, regada por el vil metal.
Todo se circunscribe al capricho del tentador dinero, que seduce a magistrados y fiscales, para emitir su fallo de acuerdo a la “cara del cliente”. Esta folklórica expresión retrata de manera cruda, cómo se maneja la justicia en este país.
Dentro de este ámbito de podredumbre también se desenvuelve la justicia altoparanaense, donde jueces y fiscales en poco tiempo se tornan millonarios. Y las pruebas están a la vista, cuando observamos principescas mansiones, autos lujosos, granjas y otros lujos, del que gozan quienes deben demostrar probidad a la hora de abordar un caso. Sin embargo, lejos de esta realidad, convierten su delicada y sensible tarea asumida ante la ciudadanía en una vulgar mercancía.
Un caso reciente y que ganó estado público fue la denuncia arrimada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) contra el polémico fiscal Federico Daniel Torres Tavarelli, por “mal desempeño en sus funciones”, tras imputar en tiempo récord a tres empresarias, por un conflicto desatado entre las partes, por el arrendamiento del Shopping Corazón de Ciudad del Este.
En este expediente, en que tiene intervención el fiscal Torres Tavarelli, está en juego, una vez más, el seductor vil metal, hecho que habría llevado al representante del Ministerio Público a actuar con parcialidad manifiesta. Es más, el acusado ya cuenta con otros antecedentes y que fueron puestos, en su momento, ante el citado órgano juzgador.
El caso que envuelve a Torres es apenas una gotita en el mar, en medio de la gigantesca corrupción que tiraniza al Poder Judicial y la Fiscalía del Alto Paraná, cuyo epicentro de “negociados” tiene su base en Ciudad del Este. La denuncia contra el fiscal Torres está siendo analizada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y en caso de existir méritos suficientes se votará por su destitución, porque “ya terminó la era de la influencia y a la protección, para quienes transitan por el andarivel de la ilegalidad”, según sostuvo hace poco el connotado constitucionalista Adolfo Ferreiro, representante del Senado ante el Jurado.
Ferreiro dijo que se debe poner fin a la justicia alquilada, buscando recuperar la dignidad del Poder Judicial, que hace décadas se ha perdido. La suerte del cuestionado fiscal deberá ser resuelta en estos días, donde se sabrá si es destituido o no.
Igualmente el Colegio de Abogados del Alto Paraná viene denunciando desde hace bastante tiempo la corrupción en el Poder Judicial esteño, donde algunos jueces y fiscales están al servicio del poder político de turno. El titular de este gremio, Mauro Barreto, no dejó de sorprenderse de cómo se clasifican los casos, cuando un fiscal muchas veces en un día realiza una imputación, mientras que en otro lleva años para resolver.
Citó el tema puntual de Federico Torres, quien sin analizar a profundidad el expediente y si haber oído a la contraparte, en un tiempo severísimo imputó a tres empresarias, propietarias del Shopping Corazón. En síntesis, urge la renovación profunda del Poder Judicial, que solamente se logrará a través de una reforma de la Constitución Nacional. Ya nadie debe callar la corrupción judicial, denunciándolos ante las instancias pertinentes.