La paralización en la Corte Suprema de varios expedientes de casos que involucran a connotados políticos y autoridades, en su mayoría, por hechos de corrupción, demuestra el claro apañamiento e impunidad por parte de la máxima instancia judicial del país. La Cámara de Senadores debe seguir con el juicio político a los ministros facinerosos, vendedores de resoluciones y sentencias.
Lejos en constituirse en una confianza para el pueblo paraguayo, un grupo de ministros de la Corte se dedica a otorgar protección a facinerosos, como el caso emblemático del clan Zacarías, que soporta, desde hace más de 8 meses, varios procesos por graves hechos punibles; sin embargo continúa libre, gracias a una Corte Suprema y Fiscalía General complacientes.
Está más que demostrada que la justicia en el Paraguay se encuentra al servicio de los poderosos. La Corte Suprema lejos de contribuir para que los ladrones de guante blanco y los facinerosos de los recursos públicos sean castigados con cárcel y devuelto lo robado, hace lo contrario, les otorga protección e impunidad. De esta manera, cualquier esfuerzo que se haga desde otra esfera del poder, como el caso del Ejecutivo, en combatir la mafia empotrada en el país, al final no servirá de nada, porque la máxima institución de justicia no demuestra voluntad política para combatir o castigar a quienes infringen la ley. Al contrario, aquellos perversos de las arcas del Estado, gozan de protección.
Mientras tengamos una justicia sometida y complaciente, el Paraguay no podrá pretender lograr el anhelado desarrollo socio-económico, único camino para el progreso sostenido de esta nación guaraní, que desde décadas se encuentra estancada, porque no hay seguridad jurídica y política para quienes desean venir a invertir su capital en esta república.
Por esto y varias otras razones urge la reforma judicial para que se pueda tener hombres probos y capaces al frente de los tribunales de la república, personas que no sean contaminadas por la podredumbre de la corrupción, como hoy tenemos en las diversas esferas de la justicia, Corte Suprema, Magistratura, Ministerio Público y en otros organismos jurisdiccionales.
La fiscalía general a cargo de Sandra Quiñónez tampoco queda atrás, cuando realiza procedimientos de manera selectiva. Es hora que la justicia actúe en base a la aplicación de la ley, y no impulsada por “incentivo” crematístico, como impera en este país. Los ministros de la Corte no pueden seguir otorgando protección y apañando a corruptos.
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