La Corte Suprema de Justicia abre la posibilidad para que el inexpugnable cerrojo que impuso el “clan” Zacarías en la municipalidad de Ciudad del Este sea franqueado por la Contraloría General de la República para que, finalmente, lleve a cabo la auditoría de la administración, tanto de Javier Zacarías Irún y de su esposa Sandra McLeod. La comuna esteña cuenta con un blindaje seudolegal, otorgado por el Tribunal de Cuentas, que declara que solamente éste organismo puede juzgar la gestión municipal.
La Corte Suprema de Justicia, en un comunicado emitido días pasados, aclaró que “no existe impedimento alguno para que la Contraloría General de la República realice las auditorías que correspondan en todas las reparticiones públicas del país, incluida la máxima instancia judicial”. Así se deja en claro que los fallos judiciales, que declaran la competencia del Tribunal de Cuentas, no le impiden al órgano contralor revisar las cuentas de las dependencias del Estado.
En el documento se afirma que los acuerdos y sentencias de la sala constitucional de la Corte que han acogido favorablemente las acciones de inconstitucionalidad contra los artículos 1, 2, 3 de la Ley 2248/2003, no señalan en caso alguno que le esté vedado a ejercer su función constitucional, incluso, en relación con el máximo tribunal con respecto a las demás instituciones públicas.
Señala además que (…) “constantemente se hace referencia a que las atribuciones del Tribunal de Cuentas se superponen a las actuaciones de la Contraloría General de la República, pero el examen minucioso de las disposiciones legales que los rige nos lleva a la conclusión de que ello no es así… Del análisis precedente se desprende que ambas instituciones (Tribunal de Cuentas y Contraloría) tienen atribuciones diferentes que no se superponen ni colisionan entre sí. El hecho de que la norma atacada sea declarada inconstitucional no excluye la competencia que la Constitución y la Ley le confieren a la Contraloría para realizar la auditoría que corresponda en todas las reparticiones públicas de la República”, afirma la Corte Suprema en el comunicado.
“Por lo tanto, de la jurisprudencia sostenida y coherente en los fallos recaídos con relación a las acciones de inconstitucionalidad contra artículos de la ley 2248/2003, queda suficientemente claro y fácilmente entendible que no existe impedimento alguno para que la Contraloría realice las auditorías que correspondan en todas las reparticiones públicas de la República, incluida la misma Corte”, reitera el alto tribunal.
Ministros del Ejecutivo, intendentes, gobernadores y otras autoridades encargadas de administrar el dinero público, entre ellos el ex intendente de Ciudad del Este, Javier Zacarías Irún, promovieron acciones de inconstitucionalidad, mediante las cuales consiguieron que sólo el Tribunal de Cuentas revise su gestión administrativa.
Sin embargo, con esta aclaración oficial del más alto tribunal de la República queda claro que, pese a las sentencias judiciales, la Contraloría tiene facultad para llevar adelante las auditorías en todas las instituciones públicas.
Al ser consultado, en su momento, el contralor general, Óscar Velázquez Gadea, sobre la posibilidad de actuar de oficio, había manifestado que el referido recurso de inconstitucionalidad impedía la revisión de las cuentas en la Municipalidad. Ahora, dicha aclaración efectuada por la Corte otorga vía libre al ente contralor para hacer la verificación de la ejecución presupuestaria en la municipalidad de Ciudad del Este.
Jugarreta de Zacarías Irún para evitar que se ventilen actos de corrupción
En su momento, la Contraloría promovió una acción contra la resolución judicial emitida en el 2010 por el juez Manuel Saifildin, quien dio lugar al recurso de amparo presentado por Javier Zacarías Irún en el 2008. Esta disposición judicial ratificó que el juzgamiento de la administración municipal corresponde al Tribunal de Cuentas, “no pudiendo ningún órgano administrativo de la República realizar examen especial de la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de la municipalidad de Ciudad del Este, como tampoco hacer ninguna auditoría de gestión ni inspección técnica de obras de la Municipalidad”.
El año pasado, la Cámara de Diputados resolvió solicitar a la Contraloría la auditoría de la institución municipal, pero finalmente la misma no prosperó, tras una jugarreta política maquinada de nuevo por el mismo Zacarías Irún. Su aliado, en aquel entonces presidente de la Cámara Baja, Víctor Bogado, archivó el documento y todo quedó en la nada. La comuna de la capital del Alto Paraná no es auditada por la Contraloría desde el 2001 y, conforme con los entendidos en la materia, ninguna disposición judicial puede estar en contra de lo que dicta la Constitución, que consagra a la Contraloría General de la República como el ente por excelencia declarado para auditar las instituciones públicas. Existen numerosas acusaciones de actos de corrupción cometidos por las administraciones de los esposos Zacarías Irún-McLeod que quedan impunes, debido a la coraza que les concede el Tribunal de Cuentas.
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