Termina 2013 con una paradoja notable y cruel en la economía paraguaya. Se destaca el gran crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 13 por ciento, pero, por otra parte, los empresarios alertan sobre la contradicción tremenda de una baja notoria en sus ventas, en algunos casos de cerca de 40 por ciento con respecto al año precedente, en uno de los registros más desalentadores de los últimos 20 años desde que se tienen estadísticas más confiables del Banco Central.
Y evidentemente esto no ocurre por falta de circulante –el M1 del BCP creció casi 15 por ciento en el año-, la inflación está controlada dentro de la banda prevista de menos de 5 por ciento anual y, por lo tanto, no hay desequilibrios del nivel de precios que atenúe la capacidad compradora del público. Se ha creado visiblemente riqueza, hay producción creciente para abastecer con suficiente holgura tanto la exportación como el mercado interno, lo que indica que por el lado de la oferta existen las condiciones para la bonanza económica. Pero esto no se traduce en demanda agregada, para cumplir con una ley económica esencial, por lo que estamos en presencia de un problema grave como es la obstrucción llevada a cabo, ex profeso o no, de un actor fundamental en el proceso de relación entre producción y mercado, como es el Estado.
Lo que pasa es que la demanda se ha retraído por la estupidez del Gobierno anterior de parar las inversiones públicas después de las elecciones de abril, y por la no menos sorprendente disposición del equipo gobernante ganador de los comicios al solicitar la suspensión de compras y licitaciones de obras y servicios hasta tanto asuma el nuevo gobierno.
Las consecuencias se hallan a la vista en la capacidad de consumo, pues más de 100 mil personas quedaron sin trabajo con la suspensión de obras viales y de otras clases de emprendimientos del Estado, además del efecto multiplicador negativo de una paralización en un renglón clave de la economía. Las construcciones privadas crecen 18 por ciento en 2013, según datos del sector, por lo que se constituyen de alguna manera en salvadores de la economía, para que no cayera aún más el consumo. En un principio se pensaba que el sector privado financiaría hasta un 30 por ciento de construcciones, pero también muchos proyectos tuvieron que posponerse hasta ver una recuperación en las inversiones realizadas por el Gobierno.
No se justifica la paralización
El “parate” en las inversiones del Estado no se justificaba bajo ningún sentido, por cuanto no faltaban los recursos financieros, tanto internos como externos. En una palabra, la “plata” existía, sólo que no se la invirtió en la forma indicada o, peor aún, se la desvió hacia fines electoralistas del anterior Gobierno liberal, que no eran los originales de realizar las inversiones adecuadas que generaran dinámica económica.
El nuevo Gobierno está sufriendo efectos adversos severos por esta situación, agravándose el frente social con la actual lucha anticontrabando, por cuanto muchos desocupados deben acudir al expediente del comercio fronterizo ilegal para salvar el “puchero” de la mesa familiar diaria.
Existe una buena perspectiva con las inversiones privadas para 2014 en la construcción y en el sector inmobiliario, a lo que se agrega el nuevo régimen de Alianza Público-Privada (APP), pero el gran interrogante es si el Estado se halla o no en condiciones de orientar sus inversiones con fines desarrollistas.
Hay que cuestionarse, por ejemplo, si resulta correcta la fórmula de distribución de los ingresos adicionales de Itaipú, a través del mecanismo del Fonacide, ya que gran parte de esta inyección monetaria sería inocua a los fines de impulsar el desarrollo económico y la generación de riqueza auténtica a través de potenciar la capacidad de consumo de la población más pobre.
Sencillamente, esta inyección de dinero público iría a parar a los canales de la corrupción política si se tiene en cuenta que nada menos que el 25 por ciento de los US$ 360 millones se destina a los municipios y gobernaciones, cuando sabido es que pocas son las obras públicas encaradas con seriedad por los gobiernos locales, a falta de una planificación y control adecuados a nivel país de la infraestructura a encarar.
El Estado no está cumpliendo con su rol de ser el factor de distribución más importante de la riqueza generada en el país, por medio de las inversiones públicas, que a su vez crean empleos genuinos que impactan positivamente en el nivel de consumo del mercado nacional.
Es notoria la falta de una planificación y control de la aplicación de los recursos existentes, lo que repercute después en situaciones como las que se han vivido durante el año 2013, de ser uno de los países con mayor crecimiento en el mundo, y, en contrapartida, de continuar siendo uno de los de peor distribución de los beneficios entre la población de la riqueza generada.
Escribe: Luis Alen
lusialgo@yahoo.com
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