Escribe: Luis Alen.
Una peligrosa tendencia se está registrando en las cuentas fiscales, con la confirmación de un creciente déficit presupuestario, que puede agravarse en la medida en que el desbalance es enfrentado por la contratación de más préstamos externos, en vez de recurrir a genuinos ingresos tributarios.
Lo más relevante es que no se observa una correlación entre el mayor endeudamiento y el aumento de la inversión en infraestructura, lo que indicaría que una parte sustancial de la toma de empréstitos en el exterior y a nivel local se estaría destinando a cubrir gastos corrientes y no para obras.
En parte por cuestiones de revancha política contra el Gobierno y otra parte para evitar un déficit mayor en 2017, el Senado decidió poner límites a la colocación de bonos del Tesoro, prohibiendo de paso que sean utilizados para el repago de la deuda.
El problema de fondo resulta estructural, ya que la toma de créditos de por sí no está mal si es que responde a planes de desarrollo, pero como existe una clara finalidad de “bicicleteo” para refinanciar préstamos anteriores, se comprueba que, finalmente, se utiliza deuda para cubrir el creciente déficit fiscal.
Rediseñar fuentes de ingreso
El presupuesto nacional debe depender más de la genuina generación de recursos tributarios a partir de la base productiva agrícola, ganadera, industrial y de servicios, con la incorporación de más segmentos empresariales que son muy beneficiados por el modelo actual de baja presión tributaria, mientras la mayoría de la población de bajos recursos económicos es la que carga con gran parte de las obligaciones impositivas.
En el modelo actual, los sectores empresariales y de alta renta son los más beneficiados con la baja presión tributaria, por lo que las colocaciones de deuda están actuando en realidad como sustitutos de los impuestos que estos agentes económicos no están pagando o lo hacen en bajísima proporción.
El Gobierno de Horacio Cartes ni hizo nada para modificar la situación de baja presión tributaria y optó en cambio por triplicar la deuda externa, que de 2.000 millones de dólares pasó a 6.000 millones en cuatro años.
Sin embargo, a pesar de contar con reducidos impuestos, tampoco el sector privado realizó las inversiones esperadas como para dinamizar la economía, salvo el sector de la construcción y la industria cárnica, cayendo sobre el Estado todo el esfuerzo para mantener niveles de crecimiento del PIB que orillan este año el 4 por ciento.
Las inversiones en el sector social se reducirán en 2017, además de recortes en las obras de infraestructura, si es que se aprueban las restricciones a los préstamos en el presupuesto bajo análisis en el Congreso, en un año netamente electoral.
Es el resultado de la falta de aplicación de un auténtico plan de desarrollo de mediano y largo plazo, que esté por encima de los avatares políticos y pase por encima de los plazos electorales o recambios de gobiernos.
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