Las críticas al gobierno por el abandono social al norte del país y las dudas sobre los verdaderos autores de la muerte del ganadero paraguayo Luis Lindstron crecieron fuertemente en los últimos días.
Fuerzas policiales incursionan en los bosques que rodean el distrito de Tacuaty, en el departamento de San Pedro, algo considerado hasta el momento de fracaso para la localización de un supuesto grupo armado asentado en la zona. Tras la muerte de Lindstron, cabeza de una acaudalada familia con varias y extensas propiedades en el área, llovieron las autocríticas de la policía y el propio presidente Federico Franco, admitiendo la inseguridad y el abandono social existente.
El grueso de más de un millón 300 mil personas que viven en la extrema pobreza, según las estadísticas oficiales, radica precisamente en las poblaciones del norte paraguayo, carente de caminos, escuelas, agua potable, salud pública y fuentes de sustento.
Una buena parte de los residentes allí no cree en las versiones sobre la responsabilidad del denominado Ejército del Pueblo Paraguayo en la muerte de Lindstron, la cual no asumió hasta ahora.
El propio Franco y el ministro del Interior, Carmelo Caballero, aceptaron el fracaso de la pregonada intención de neutralizar y encontrar al grupo armado a pesar de la asignación de 300 millones de dólares anuales para apertrechar a la policía.
Franco llegó, sorprendentemente, a aceptar la posibilidad de que ello es posible por complicidad de integrantes de los cuerpos policíacos y de funcionarios gubernamentales.
Los intentos de los sectores de derecha de involucrar al expresidente Fernando Lugo en el apoyo ideológico al atentado se ven envueltos también en el fracaso por la debilidad de argumentos y alimentaron la posible actuación de una mafia policial en el hecho.
Este último aspecto del asunto fue adelantado por uno de los hermanos de Lindstron, quien señaló concretamente la complicidad de elementos de la fuerza pública en la extorsión y posterior asesinato del ganadero.
Por lo pronto, el despliegue policial y militar en toda el área sólo tuvo como resultado la detención de la mujer de uno de los dirigentes campesinos de la región, la cual denunció le habían plantado y enarbolado como prueba un manifiesto y documentos incriminatorios.
El secretario general del Frente Guasú, Aníbal Carrillo, señaló que la Fiscalía y el gobierno entraron en crisis por lo sucedido y se refirió al sistema depredador sojero y ganadero existente en el norte y las grandes carencias del campesinado por culpa de éste.





























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