Está por finalizar la cuestionada gestión del corto Gobierno liberal de Federico Franco, con más pena que gloria, acorralado por innumerables denuncias de corrupción y mala praxis administrativa, lo que está provocando que el próximo Gobierno de Horacio Cartes se encuentre con las arcas casi vacías en Hacienda.
Asustado ante las evidencias de un descarado latrocinio en perjuicio del Estado paraguayo, el mandatario electo y su equipo de transición han acusado directamente a una rosca de políticos oficialistas de manejar a su gusto y paladar negociados en diferentes instituciones estatales, empezando por la Aduana, que prácticamente sólo recauda la mitad de lo que debía hacerlo pese al auge de las importaciones durante este año.
Como toda respuesta, el presidente Franco solicitó a Cartes y a sus asesores que den nombres y apellidos, para remitir a la fiscalía denuncias bien concretas. Sin embargo, en los últimos meses las páginas de la prensa rebosan con lujos de detalles de menciones a personas bien identificadas, relacionadas con negociados, corruptelas, abusos de autoridad y tráficos de influencias, para beneficio personal de connotados políticos, principalmente legisladores del partido Liberal Radical Auténtico (PLRA)
Varios son los personajes “estrellas” de los relatos de corrupción, sobresaliendo por ejemplo la senadora Zulma Gómez y la misma familia del presidente, en negociados con la Itaipú. Pero lo que colmó aparentemente la paciencia de HC es comprobar la calamitosa situación de la cementera estatal INC, que está siendo manejada, según el presidente electo, por una “rosca impresionante” desde la época del ex presidente Fernando Lugo.
Sabido es que la INC es controlada desde la era Lugo por una rosca encabezada por la familia Gómez Verlangieri de Limpio, sobresaliendo entre los hermanos el senador Ramón Gómez Verlangieri. La empresa estatal se convirtió en un feudo recaudador del movimiento Sombrero Pirí del PLRA, que lideran precisamente los Gómez Verlangieri.
Pese a todas las evidencias de irregularidades en la gestión administrativa del Estado y denuncias concretas con nombres y apellidos que tomaron estado público en la prensa, hasta el momento la fiscalía no ha tomado ninguna acción conducente a la investigación en salvaguarda de los altos intereses de la sociedad.
Piden desafuero de
Gómez Verlangieri
Si es que el presidente Franco quiere nombres y apellidos de los que manejan roscas de corrupción, y el ministerio público una cabeza de proceso por corrupción, abuso de autoridad o tráfico de influencia, tiene el caso concreto del senador Ramón Gómez Verlangieri, cuyo desafuero fue solicitado recientemente al Senado por el abogado Alfredo Wagner, quien lo acusa de haber encabezado una horda que intentó invadir su propiedad de 2.500 hectáreas en el Chaco, en julio de 2012.
Según Wagner, el senador estaría utilizando sus influencias políticas para torcer a su favor una adjudicación de la propiedad chaqueña en el Indert, pese a que el abogado tiene resoluciones judiciales que avalan su carácter de poseedor y dueño de mejoras en la estancia “El Dorado”, que es un establecimiento que da actualmente trabajo a varias personas, con el seguro social de IPS incluido.
Wagner pidió igualmente a la fiscalía que actúe e investigue el desacato cometido por Gómez Verlangieri a una orden judicial de no innovar en la propiedad, hasta tanto se expida el Indert sobre el título de propiedad definitivo de la tierra, a la que Wagner tiene preferencia por ser un conocido poseedor sin discusión por parte de sus demás vecinos.
Sin que aún se expidiera el Senado y la Fiscalía sobre el reclamo de justicia por parte del abogado Wagner, ni corto ni perezoso Ramón Gómez Verlangieri trató de “loco” al profesional del Derecho y lo amenazó con llevarlo a los estrados judiciales a través de una querella por difamación y calumnia que actualmente estudian sus abogados.
Tanto Franco como los dirigentes liberales encaramados a esta verdadera rosca para esquilmar al Estado, pretenden casi con seguridad volver a la llanura como impolutas monjas de la congregación de la Madre Teresa de Calcuta. Esta pretensión es robustecida por la inacción del fiscal general Javier Díaz Verón, quien no da señales de actuar pese a las denuncias bien concretas, con nombres y apellidos, que aparecen en la prensa y la que acaba de presentar ante el Senado y la misma Fiscalía General el abogado Alfredo Wagner.
La denuncia de Wagner vino a identificar a uno de los nombres más señalados como verdaderos padrinos, tanto en la INC, el Indert y en la Senavitat, que como tantos otros se escudan en sus fueros parlamentarios para realizar sus trapisondas. Y como bien expresa el abogado en su denuncia, la oscura conducta de los políticos liberales fue la que condujo con toda certeza a la catastrófica derrota del 21 de abril al Partido Liberal.
Escribe:
Luis Alen
Facebook Comentarios