En vez de ser Horacio Cartes el que marque el nuevo rumbo del país, ahora los diputados -incluidos los colorados, que son mayoría- le quieren orientar la dirección al jefe del Poder Ejecutivo, en un abierto desafío a HC. Esto lo hacen al aplazar el tratamiento del más estratégico proyecto de Ley del Gobierno, como es la Alianza Público-Privada (APP)
Aunque el aplazamiento es de sólo 30 días y se lo anunció como un recurso para el “mejor estudio” del proyecto, resulta evidente que los legisladores recibieron la orden de alguna mano oscura para enviarle a Cartes el mensaje de que no le será fácil consolidar el tan ansiado y prometido Nuevo Rumbo de la nación.
La APP ya fue aprobada en el Senado como resultado del Pacto Azulgrana y se descontaba su rápida sanción en Diputados por la mayoría propia del partido de Gobierno. Sin embargo, en una demostración de que también entre los parlamentarios oficialistas imperan en primer lugar los intereses de grupos por sobre el interés general y del coloradismo, el presidente Cartes se encontró de repente ante la cruda realidad de la falta de acompañamiento de sus propios diputados para un plan que redundará en beneficio de las inversiones en infraestructura y en servicios públicos esenciales para el desarrollo nacional y la creación de empleos para miles de jóvenes paraguayos desocupados.
Buscan su propio beneficio
Más allá de las sospechas de que los diputados obedecen a grupos oscuros que no desean perder el control de la maquinaria estatal y de los negocios del sector privado ligados a las contrataciones públicas, lo cierto es que la “dictadura parlamentaria” no quiere perder los privilegios de sacar tajadas en cuanta concesión se vaya armando al compás de los muchos proyectos que se espera encare el Nuevo Rumbo de HC.
Los legisladores se escudan en la atribución constitucional de otorgar concesiones de bienes y servicios del Estado, o de rechazar un plan del Ejecutivo en ese sentido, como ya ocurrió en la época de Fernando Lugo en el caso de la operación de los aeropuertos por el sector privado.
Pero la APP de Cartes no implica precisamente la clásica concesión, sino un nuevo sistema de asociación entre los sectores público y privado, involucrando la figura del emprendimiento conjunto, en el cual básicamente la parte estatal pone el bien a explotar mientras el ámbito privado se encarga de aportar el capital e incluso la operación, pero diferenciándose de la concesión al conformar una empresa integrada por dos partes con obligaciones mutuas.
En algunas legislaciones, y específicamente aquellas que se rigen por el código napoleónico, se diferencia un contrato público de una APP. En un contrato público, como una concesión, el sector privado provee directamente un servicio al público y por lo tanto asume el riesgo del consumidor final.
En una APP, el sector privado suministra un servicio al sector público directamente, como en un contrato de construcción, operación y transferencia de una planta de tratamiento de basuras o aguas residuales, o un servicio por uso como en la operación de un hospital. Pero la responsabilidad ante el público consumidor sigue siendo del Estado, como cuando opera por su cuenta un servicio público esencial, lo que ocurre ahora con hospitales, escuelas o el servicio de provisión y tratamiento de agua.
La concepción de la APP por parte del Gobierno conlleva una visión de la misión y responsabilidad del Estado ante la sociedad que normalmente no se ha manejado hasta hoy en el sector público, y menos aún por parte de los legisladores, metidos en el tradicional manejo prebendario y corrupto de la cosa pública, como lo han demostrado hasta el hartazgo por las denuncias de los manejos poco claros a la hora de votaciones como en el caso del Metrobús, o en el paradigmático episodio de las trabas para informar sobre la contratación de parientes, amantes y amigos con vistas a no se sabe qué tareas en el superpoblado Palacio Legislativo.
La distancia de años luz entre la idea de Estado moderno de Cartes y los usos y costumbres de la política criolla tradicional representada por los parlamentarios, se aprecia nítidamente con el plantel de gerentes tecnócratas que rodean a HC, ya que no hay punto de comparación entre el currículum altamente técnico de éstos y la formación promedia de los parlamentarios.
Pero este punto ni se menciona a la hora de poner en la balanza las bondades de la APP, con miras a una mejor gobernanza y lucha contra la corrupción en el Estado, que son los factores esenciales para una reducción significativa de la pobreza a través de las inversiones que traigan fuentes de trabajo.
Lo que en cambio tiene prioridad para los diputados, por lo visto, es la continuidad de un modelo que el mismo Cartes ya dijo en la campaña electoral que se halla perimido. Es seguir con el clientelismo, los negociados a costa del Estado y el mantenimiento de una burocracia que es funcional a las apetencias personalistas de enriquecimiento y arribismo social de la que hacen gala los legisladores, que están al servicio de oscuros intereses que no harán nada para hacer progresar a la nación.
Escribe:
Luis Alen
Facebook Comentarios