El tan trabajoso equilibrio macroeconómico mantenido desde 2003 podría estar en peligro por el creciente déficit fiscal que se arrastra desde hace dos años. Lo peor del caso es que el financiamiento de este desbalance en las cuentas públicas se realiza con endeudamiento muchas veces a corto plazo, mientras que lo indicado es asumir deudas de mediano y largo plazo que financien programas de desarrollo.
De allí la importancia de haber puesto un freno a la mala costumbre de los parlamentarios de abultar el presupuesto, a través de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que prevé un límite al déficit público, que no debe pasar más allá del 1,5 por ciento del Producto Interno Bruto.
Por si todo esto fuera poco, ocurre algo muy grave con el alto costo de la mala gestión de algunos administradores de ministerios y entes estatales, cuyos excesos en el gasto y en la asignación desatinada de recursos, cargan inevitablemente sobre las espaldas de los contribuyentes las deudas o compromisos surgidos de sus administraciones ineficientes.
Política errónea de financiamiento
El último tramo del Gobierno de Fernando Lugo y el año de gestión administrativa del Gobierno liberal de Federico Franco, fueron marcados por una inusitada tendencia a aumentar el agujero negro del déficit presupuestario, ayudados por un Congreso que en forma irresponsable infló las partidas del presupuesto con fines principalmente clientelistas y no de desarrollo.
Las consecuencias están a la vista, con un Gobierno incapaz de cubrir las inversiones necesarias en materia de infraestructura y obras de desarrollo, mientras a duras penas hace frente al gasto rígido de personal, pensiones y pago de la deuda pública, externa e interna.El fisco volverá a cubrir su déficit en 2014 con la emisión de bonos por US$ 466,2 millones, así como ya lo venía haciendo en los años precedentes. Lo malo es que esto se da por la imposibilidad de financiar con recursos genuinos procedentes de la tributación los gastos corrientes de la administración pública, como los salarios, cuando los bonos deberían ser destinados exclusivamente al financiamiento de obras que dinamizaran la economía, como garantía segura de repago de dichas obligaciones con la generación de mayor producción y riqueza.
Este mal proceder de Hacienda tiene su lógica explicación en la necesidad de financiar el funcionamiento del Estado, pero lo criticable no es el endeudamiento en sí, que puede ser saludable si es que se financia el desarrollo, sino por el financiamiento del gasto rígido y, peor aún, de la ineficiencia por la inadecuada asignación de recursos realizada por sucesivas administraciones fiscales.
Al no asumirse con responsabilidad una corrección del rumbo del gasto fiscal, se estará cargando sobre recaudaciones futuras del fisco los pagos de la deuda que va creciendo con las emisiones de bonos. Asimismo, urge auditar las cuentas públicas como debe ser, con el fin de evitar la repetición de las causas del déficit, cortando gastos superfluos y disciplinando la gestión de todo el sector público, evitando los egresos sin una justificación en planes de desarrollo y cortando de raíz la costosa corrupción de los funcionarios, que resulta un verdadero freno para quienes desean invertir en el país. Por último, las investigaciones sobre desfalcos en el Estado deben ir hasta las últimas consecuencias, con la recuperación de lo desviado por los funcionarios inescrupulosos, llegado el caso. Sólo así se podrá decir que la administración estatal está siendo llevada con el objetivo de sanear las finanzas públicas y que este equilibrio redunde en beneficio de todos en forma de mayores ingresos, más empleo y bienestar.
Escribe: Luis Alen
lusialgo@yahoo.com
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