Escribe: Luis Alen.
El más grande desafío que tiene por delante el país para lograr su desarrollo es poner la mayoría de los recursos financieros dirigidos a la ejecución de obras de infraestructura y energéticas, con lo cual se dará un impulso gravitante para la creación de empleos y elevar el nivel de vida de los sectores más necesitados.
Mientras se acerca aceleradamente el momento en que Brasil y Paraguay se deberán sentar en una mesa para discutir la renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú sobre las prestaciones financieras de la represa, vale la pena también repensar aquellos aspectos del desarrollo nacional que son urgentes para solventar el progreso social, a partir de los recursos que se podrían manejar una vez que se haya conseguido poner nuestra energía a precios de mercado y en libre disponibilidad.
Porque existen datos que no dejan de preocupar por su directa implicancia en los guarismos de extrema pobreza y creciente marginación de amplias capas de la población. Se ha visto, a propósito del uso de los fondos públicos, que en su mayor parte el presupuesto nacional está dirigido a engordar la pesada burocracia que agobia al país y no a financiar proyectos de desarrollo.
Se habla, por ejemplo, que a partir de 2023 el Paraguay podría contar con por lo menos US$ 1.000 millones libres de polvo y paja, provenientes de la venta de la energía de Itaipú, que directamente podrían engrosar las arcas de Hacienda y con los cuales acometer obras desarrollistas para el bienestar social, incluyendo las construcciones de nuevas generadoras de electricidad.
Pero tropezamos con un grave problema de entrada, como es la mala administración de los recursos actuales del presupuesto nacional. Por lo que inyectar dichos US$ 1.000 millones adicionales a las arcas estatales no sería lo más aconsejable, dada la experiencia que se tiene con el derroche del Fonacide, por poner sólo un ejemplo de un barril sin fondo en manos de los políticos devenidos en administradores de ministerios, gobernaciones y municipios.
Limpiar la administración
De aquí a 2023, el Gobierno de Marito Abdo debería tomar en serio la propuesta del empresariado de sanear el gasto público, ya consensuada el pasado año a cambio de avalar la reforma tributaria que entró en vigor el 1 de enero.
Se impuso a priori la exigencia ineludible de la reformulación de los impuestos dirigida en un principio a posibilitar una mayor financiación de la infraestructura, cuyo déficit ya resulta alarmante, y que se agiganta año tras año precisamente por la prevalencia sin pausas del gasto rígido salarial a causa de la excesiva cantidad de funcionarios públicos.
Pero contrariando el espíritu del acuerdo arribado el año anterior, resulta notorio que la administración actual dista mucho del deseo de realizar una reformulación de dicho gasto, a la vista de la prioridad que todavía sigue dando a la burocracia con más aumentos y gratificaciones, haciendo tabla rasa del compromiso asumido de mejorar el gasto público con un manejo más austero.
Además de ello, se agregan otros elementos a considerar para entender por qué el país se halla en un déficit fiscal de casi el 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y debe por ello emitir bonos para financiarlo.
Y esto sin contar el déficit en aumento de las empresas públicas, que hacen parte del segmento de entes descentralizados, que tarde o temprano terminan golpeando a la administración central del Estado. Salvo contadas excepciones gracias a tarifazos como los efectuados por Essap (la empresa de aguas del Estado), la mayor parte de las empresas estatales están pasando momentos difíciles al borde de la bancarrota, como la COPACO (comunicaciones), la INC (cemento) y CAPASA (cañas).
El derroche “oculto”
Existe también otro componente “oculto” del déficit fiscal que ningún Gobierno de la democracia (desde 1989) se animó a enfrentar, como lo es el derroche de fondos del gasto público. Según el reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “Mejor gasto, para mejores vidas”, el Paraguay desperdicia el abusivo monto equivalente al 3,9 por ciento de su PIB por ineficiencia en los egresos del Estado.
Es la friolera suma de US$ 1.800 millones por año, tomando en consideración la nueva cifra actualizada del PIB de US$ 47 mil millones, lo que le cuesta a la sociedad paraguaya un Estado dilapidador de fondos que bien podrían haberse destinado a combatir la extrema pobreza o dotar de más medios a la salud y a la educación.
Aparte que en un contexto de mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos no habría necesidad de entrar en déficit para cubrir las necesidades del Presupuesto General de la Nación, hasta dicho monto cubriría las serias deficiencias en infraestructura que tenemos en el país.
Cabe señalar que la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) contempla un tope para el déficit de 1,5 por ciento del PIB, unos US$ 660 millones estimado para el 2019.
De acuerdo al mismo informe, el pago de salarios en Paraguay concentra alrededor del 40 por ciento del gasto total de la Administración Central, muy por encima del promedio de América Latina, que es del 29 por ciento. En tanto que la proporción en comparación al PIB llega al 10 por ciento, frente al 8 por ciento del promedio regional.
Otro de los segmentos donde se filtran o desvían los recursos públicos es a través de las compras y las contrataciones públicas que realiza el Estado. El BID estima que en América Latina, entre el 10 por ciento y 30 por ciento de la inversión en proyectos de construcción se puede perder por la mala gestión y la corrupción. No es diferente a nuestro país, que se mantiene en el promedio regional.
Además, una reducción de los sobrecostos y demoras en proyectos de infraestructura financiados por los gobiernos podría generar un ahorro en el gasto de casi 1,2 por ciento del PIB, añade el BID.
Por otra parte, el organismo señala que también se pierden recursos a través de las transferencias sociales y gastos tributarios. El BID estima un desvío de cerca de US$ 500 millones, solo en estos temas en nuestro país.
Según el BID, corregir estas ineficiencias sería más que suficiente para eliminar la brecha de pobreza extrema, construir más hospitales y escuelas, así como aumentar en el futuro cercano el parque generador de energía eléctrica, habida cuenta de la necesidad de hacer frente al mayor consumo de electricidad que sobrevendrá a lo largo de esta década del 20 que se inicia.
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