No hay otro enemigo mayor que la pobreza para el nuevo gobierno que asumirá el 15 de agosto. Una vez logrado el consenso político alrededor de un acuerdo entre las principales fuerzas políticas y asegurado un crecimiento de entre 10 y 12 por ciento en el PIB durante este año, queda sin duda el interrogante de cuál será finalmente el caballito de batalla de Horacio Cartes para conseguir reducir drásticamente en los próximos 5 años los elevados niveles de empobrecimiento de grandes capas de la población, tanto en el campo como en la ciudad.
Los políticos no se cansan de repetir que están aplazados en cuanto a la forma de encarar con éxito la gran deuda social. Pero Cartes se libró del estigma porque nunca antes fue político sino un empresario creador de 26 empresas en el sector privado con más de 3.000 empleados en forma directa. Por lo tanto, la característica que imprimirá a su mandato en materia social ya se puede deducir de su actividad en la creación de riqueza a partir del trabajo y no de la prebenda estatal.
Un ejemplo a tener en cuenta precisamente es la labor que emprende la Agrotabacalera del Paraguay S.A., una de las empresas de HC, en la zona de Choré, departamento de San Pedro, donde se apoya a centenares de productores de tabaco, con asistencia técnica y créditos, con el fin de proveer de materia prima de calidad a la industria cigarrillera del mismo Cartes situada en Hernandarias, Alto Paraná. La fábrica de Tabacalera del Este S.A., que cuenta con uno de los más avanzados sistemas de producción de cigarrillos y está en condiciones de competir en todo el mundo por su proceso de calidad certificado, requiere de tabaco de primera con el fin de estar presente en los principales mercados, tanto sudamericanos como mundiales.
¿Qué hacer con la burocracia?
A falta de planes adecuados de inclusión social, el Paraguay se ha dedicado a incrementar su frondosa burocracia durante toda la transición desde 1989. Es como una compensación de cara a las necesidades insatisfechas de la población en materia social: salud, educación, vivienda, urbanismo y saneamiento ambiental.
El gasto público, que ahora se quiere disciplinar, tiene la finalidad solamente de pagar sueldos y no de realizar obras de infraestructura física y social. La corrupción es la compañera de ruta del despilfarro público, que permite ver a nuevos ricos hacer ostentación de su riqueza mal habida en las calles o en las páginas de sociales. Como consecuencia, el Estado se halla ávido de captar más impuestos, cuando se sabe que hay que cortar el gasto en vez de aumentar la presión tributaria.
Horacio Cartes y su equipo de transición han advertido el peligro de que no haya fondos en Hacienda para financiar los planes de los primeros 100 días de gobierno. A esta conclusión llegaron después de encontrar una burocracia corrupta que lo devora todo y deja muy poco margen para llevar a cabo los programas sociales. Existen sobradas evidencias de corrupción en la administración saliente de Federico Franco que obligarán a tomar medidas para recuperar los recursos distraídos en maniobras de enriquecimiento ilícito de los funcionarios.
No existe otra alternativa para variar esta situación que transformar el Estado prebendario actual en otro desarrollista, que limpie el camino para el establecimiento de industrias, nuevas reglas del mercado, la promoción de las exportaciones y la adaptación y el progreso tecnológicos. Hasta hoy el crecimiento económico estuvo acompañado de una desigualdad elevada que implica menores avances en el desarrollo humano y una lenta reducción de la pobreza. Es hora de que la política económica se centre en los beneficios que puede traer en los ingresos de la gente el crecimiento de la producción.
Al presidente electo le llamó la atención la superposición de entes públicos que abordan la problemática social, como el Gabinete Social de la Presidencia, la SAS y la Secretaría de Planificación.
Lo que sería conveniente es que una sola oficina se encargue de llevar adelante los programas de inclusión y la administración de subsidios para los más pobres. Por ello, habría que realizar una reforma profunda de la administración del Estado con miras a conseguir el objetivo del Estado desarrollista que garantice la plena inserción en la economía de los compatriotas que viven en la pobreza.
Escribe: Luis Alen
lusialgo@yahoo.com
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