Escribe: Luis Alen.
El Gobierno nacional se halla empeñado en concretar la reforma tributaria, pese a que hay señales de desaceleración en la economía, con el consumo en niveles rebajados con respecto a ejercicios precedentes y con un entorno externo poco propicio que hace presagiar que por ahora no será fácil revivir los tiempos de bonanza económica, principalmente por la baja en los precios de las materias primas que el país exporta.
Una prueba de que ya se eligió el único camino marcado por el gobierno para la reformulación de los niveles impositivos, y así intentar una mayor recaudación tributaria, es la orden emitida por Marito Abdo a sus legisladores de mandar al archivo los proyectos de fuertes incrementos de impuestos al tabaco y la soja además de otros productos de la agricultura empresarial, previstos inicialmente por las bancadas opositoras del Congreso para fines sociales, entre ellos la salud y la reforma agraria.
El Ejecutivo quiere llegar a niveles de ingresos fiscales adicionales del orden de US$ 400 millones. Es cierto que es superior a la expectativa de los legisladores opositores con sus proyectos archivados, pero con solo el impuesto al tabaco del 40 por ciento, y bien cobrado al controlar estrictamente el proceso de elaboración de las industrias, se llegaría, con los niveles actuales de producción de las tabacaleras, a la respetable suma de US$ 800 millones anuales, que es el doble a la pretendida por Hacienda con su nivel de ajustes impositivos del proyecto enviado al Parlamento.
Demás está decir que este nivel impositivo sobre el tabaco, cuyo valor imponible real sería del orden de 2.000 millones de dólares, conduciría en poco tiempo a un proceso de extinción del gran contrabando de cigarrillos que se registra hacia los países vecinos, e implicaría una mejor imagen para el país, porque actualmente Paraguay está ubicado en el segundo puesto en el ránking de los países que propician el tráfico ilícito de tabaco, por debajo únicamente de la gigantesca China Popular, y por sobre la Federación de Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Moldavia, Emiratos Árabes Unidos, Kenia y Zimbabwe, en ese orden, según las estadísticas de la ONU.
No hay una política definida
No se entiende lo que finalmente desea el gobierno de Marito Abdo al insistir en una revisión de los porcentajes impositivos que son resistidos por el empresariado toda vez que no haya en simultáneo una mejora en el gasto público y una reforma del Estado.
Hasta los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) que visitaron el país recientemente desaconsejan un ajuste impositivo que implique aumento de tasas, en un contexto recesivo como el actual, tanto a nivel local, regional e internacional. En lo que sí están de acuerdo los expertos del organismo mundial es en ensanchar la base tributaria, para que más personas comiencen a contribuir y, por sobretodo, se impulse una lucha frontal contra la informalidad, la evasión y la inequidad en la imposición.
Pero Marito ya dio las pistas de lo que desearía, en realidad. Se trata de efectuar algunos ajustes necesarios en el sistema de tributación, de tal forma a hacer más eficiente el cobro de algunos tributos como el de la renta, para que no existan tantas excepciones y fugas que llevan a que finalmente sea bastante permeable el sistema con el resultado de un pobre acopio impositivo.
Al mismo tiempo, otra clave está en el mismo hecho que no se desea gravar la producción agrícola de exportación, de tal forma a “no exportar impuestos”, evitando que el sistema sea muy gravoso al productor, a pesar de que en el mismo impuesto a la renta también se han tenido pobres resultados y en un rubro como la soja que ingresa al año miles de millones de dólares por exportaciones.
Pero donde más se nota la intención de continuar con el esquema actual es con el tabaco, ya que el proyecto enviado al Congreso por Hacienda propone sólo incrementos mínimos de la tasa del Selectivo al Consumo sobre los cigarrillos, tanto nacionales como importados, como queriendo dejar sentado el apoyo oficial que aún tiene el tráfico de tabaco en la frontera.
Así las cosas, el negocio del contrabando de cigarrillos hacia los países vecinos y a todo el mundo continuará sin pausas, con pagos de impuestos que sólo orillan los US$ 60 millones anuales, pudiendo en cambio ser mucho más en el caso que se implemente un control férreo sobre el proceso de producción y comercialización, si es que se adopta un acuerdo internacional ya vigente en el mundo con muy buena aceptación de muchos países.
Un indicador clave de lo que Marito se propone, realmente, es que el gobierno no ha firmado aún, ni menos aún lo ha ratificado, el protocolo de lucha contra el tráfico ilícito de tabaco, de la OMS, Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas. Esto, pese a las promesas hechas por el presidente al asumir su mandato, el año pasado.
La firma y ratificación de este protocolo mundial hubiera significado una buena oportunidad para dar confianza a la comunidad de negocios internacionales acerca de la transparencia y el combate a la corrupción e impunidad, ya que el masivo contrabando de cigarrillos es motivo de preocupación para la salubridad y el bienestar de millones de personas en todo el mundo.
Asimismo, habría significado, mientras tanto, una fuente importante de ingresos, hasta que la formalización del negocio tabacalero en el país haya puesto en niveles normales una recaudación impositiva que ya no sería de los centenares de millones de dólares potenciales, sino el producto de una industria competitiva con mucha experiencia en la conquista de mercados, especialmente en Brasil y en la Argentina.
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