Escribe: Luis Alen.
Con la asunción del nuevo Gobierno de Mario Abdo, la economía quedó a cargo de un equipo comandado por el hermano del presidente, Benigno López, como ministro de Hacienda. A primera vista podría ser la continuidad de la misma línea marcada por el cartismo, pero con algunas aristas diferenciadas con referencia a la forma en que se financiará el presupuesto deficitario del Estado paraguayo.
Mucha reforma en materia tributaria y de gestión en el ámbito social, no se le puede pedir al equipo económico de Marito, atendiendo a la misma extracción del nuevo titular de la cartera más importante en materia financiera, proveniente del Banco Central y últimamente responsable del Instituto de Previsión Social (IPS) en la era cartista.
La prioridad de López está enfocada, de acuerdo a sus primeras declaraciones, a sólo buscar más eficiencia en materia de recaudaciones de los impuestos ya existentes, y a insistir, por ejemplo, en continuar con la política de deuda con bonos, con la novedad resaltante de sacar finalmente la ley de utilización de los fondos de pensiones para solventar el mayor gasto público.
Lejos estamos aún de una política fiscal que base su accionar en la obtención de recursos genuinos mediante una gestión adecuada en materia impositiva, gravando los ingresos de la población más pudiente con fines de redistribución de la renta entre toda la población, ya sea a través de las transferencias monetarias directas o por medio de servicios sociales universales, en salud, educación y vivienda, prioritariamente.
Igualmente, todavía se hace casi una quimera pensar en un gobierno manejado en base a una planificación económica y social, que aplique una visión país a corto, mediano y largo plazos. El mismo hecho de que el Gobierno no tuviera aún ni siquiera un secretario de Planificación, da la pauta de la falta total de mecanismos tendientes a realizar una gestión gubernativa ordenada y orientada a cumplir con metas de desarrollo sostenible de aquí a cinco o diez años.
Urgencias de corto plazo
Es una verdad que el nuevo Gobierno de Abdo Benítez se enfrenta a la urgencia de medidas de corto plazo, como el equilibrio del presupuesto de 2019 y el necesario financiamiento del déficit fiscal de 2018, aunque también tiene ante sí que lidiar con la costumbre atávica de seguir utilizando recursos públicos para dar empleos e ingresos a la clientela de la clase política, volviendo cada vez más grande e ineficiente el aparato estatal, con el agregado de la gran corrupción en el manejo de los gastos y contrataciones, tanto en la administración central, como los entes autónomos, las empresas públicas, gobernaciones y municipalidades.
Lo indicado sería que frente a esta demanda cortoplacista que lleva a un uso inadecuado de los recursos estatales, se lleve a cabo simultáneamente la necesaria reforma tributaria que impulse una mayor fuerza del impuesto a la renta personal, al mismo tiempo que se realiza una redistribución del ingreso nacional con miras a superar la pobreza, extrema y general, de tal forma que la población mayoritaria del país por fin acceda a los excedentes del crecimiento económico continuado de los últimos quince años, del cual sólo se ha beneficiado una minoría.
El discurso presidencial de la toma del mando el 15 de agosto, sólo da la pista de que se luchará contra la evasión, el contrabando y el crimen organizado, con el máximo empeño, porque afectan en última instancia la eficacia recaudadora del Estado y, por ello mismo, dificultan el accionar en las áreas sociales sensibles, donde se notan las carencias, por ejemplo en los hospitales públicos sin camas disponibles y desabastecidos de medicamentos, o en escuelas y colegios con peligro de derrumbe y sin infraestructuras adecuadas para la educación de calidad.
Pero se puede decir con razón que el gran ausente del Gobierno sigue siendo indudablemente la austeridad, tal como ya ocurrió en los períodos anteriores, y, más aún, en dejar de considerar al Estado como un botín de la clase política o de los detentadores del poder de turno.
La lucha contra la corrupción debe empezar con los criterios severos de un control a ultranza sobre los mecanismos de control de los costos en los diferentes programas, servicios y contrataciones del Estado.
Asimismo, se debe luchar contra la lacra del nepotismo y de la contratación de personal sobre la base del amiguismo, el chonguismo y la exagerada politización de los estamentos del Estado, que deberían estar sólo al servicio de la Nación y la sociedad, y no meramente de los partidos políticos tradicionales, como ocurre actualmente.
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