Escribe: Luis Alen.
El triunfo electoral opositor en Ciudad del Este sirve de aviso a la clase política de lo que le espera a nivel nacional para las próximas elecciones. El pueblo ya no tolerará ninguna dilación con chicanas o la defensa corporativa de los políticos investigados por corrupción. Y una vez demostrada su culpabilidad en sede judicial, proceder a su condena y la recuperación de lo robado a la gente.
Hay que recordarle también a la fiscalía general del Estado de Sandra Quiñónez, que la impunidad para el clan Zacarías Irún no será aceptada por la sociedad de Ciudad del Este, después del veredicto de las urnas.
Cansados de tanto desgobierno municipal, la gente de CDE se pronunció con sus votos el domingo 5 de mayo y en forma abrumadora optó por entregar la administración de la comuna al joven concejal y nuevo intendente, Miguel Prieto, quien de ahora en más deberá cumplir sus promesas de enfrentar sin pausas a la poderosa estructura corrupta que ha campeado a sus anchas en la finiquitada era de 17 años de Javier Zacarías Irún y su clan familiar.
Pero el significado que lleva implícito el arrasador veredicto popular resulta un mensaje clamoroso a la clase política en general de nuestro país, porque la ciudadanía se halla hastiada de tanta impunidad, como de la aplicación de chicanas interminables en los procesos de la Justicia y en las investigaciones fiscales, o de los blindajes que exhiben con descaro especialmente parlamentarios y dirigentes que en vez de servir a su pueblo se sirven de él.
Bogado, otro cartista caído
No resulta sólo una coincidencia que la marea ciudadana expresada en las urnas en Ciudad del Este, pocos días después ya originó la sacudida de la pérdida de investidura del senador Víctor Bogado, a quien tampoco pudo salvar el poder ni el dinero de Horacio Cartes.
El de Bogado ya de por sí es un caso emblemático de blindajes que otorgaba el poder cartista durante la gestión de cinco años de HC. No extrañaría que sigan más caídas de hombres del cartismo, e incluso se empieza a investigar a su exponente máximo por lavado de dinero o contrabando, recuperando los recursos desviados y que son del pueblo.
El robo a mansalva en la administración municipal de CDE, que ahora deberá ser investigado por Prieto y llevado hasta las últimas consecuencias para la recuperación de los recursos desviados, es sólo una muestra de todo el cúmulo de malversaciones que han ocurrido a nivel país en estos últimos años y que los políticos y funcionarios han tratado por todos los medios de ocultar.
Pero varios de ellos, como Óscar González Daher o Javier Díaz Verón, por citar los casos más emblemáticos, ya están purgando prisión y en el caso del ex senador Víctor Bogado, con condena dictada, que aunque exigua ya representa una primera indicación que el blindaje va rompiéndose.
La lista empieza a engrosarse, avalando aquello de que “hay que construir más cárceles en el Paraguay para albergar a los corruptos”, pero la prueba de fuego para el mismo gobierno de Abdo Benítez está en la firmeza que debe aplicar en el “caiga quien caiga” de agosto del año pasado, cuando con esa frase quería asimilar Marito el golpe que significó la caída en desgracia del diputado paranaense Ulises Quintana, integrante de su propio equipo de Añetete, y quien era un número puesto para la candidatura a la intendencia de CDE, en el caso de la salida de Sandra McLeod, como efectivamente sucedió.
¿Cortinas de humo?
Existe un rumor cada vez más fuerte en los corrillos políticos de que Horacio Cartes y su equipo de estrategas están detrás de azuzar la seguidilla de denuncias en el Congreso contra parlamentarios para poder causar desgaste político en el equipo de Marito y de paso desestabilizar al gobierno, que ya suficientes problemas tiene para enfrentar la crisis económica con planes de inversión en obras, y para paliar por lo menos en lo mínimo la cada vez mayor crisis social por las inundaciones provocadas por las grandes lluvias.
Ahora el objetivo cartista parece ser es causar divisiones en la multibancada opositora del Senado, que podría ser útil a los fines de gobernabilidad de Marito sin tener necesidad de negociar con Honor Colorado.
La estrategia resulta evidente cuando la intención de HC es promover “cortinas de humo”, con la finalidad de distraer a la opinión pública de las investigaciones fiscales que se deben profundizar, por ejemplo contra el clan Zacarías Irún o sobre el mismo Cartes, en su relacionamiento muy cercano con el rey de los “doleiros” brasileños, su “hermano del alma” Darío Messer, quien ahora estaría negociando con la fiscalía brasileña para entregarse como delator y reducir así su posible pena.
A todo esto se agrega el hecho de que la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, es funcional a los intereses de HC, a tal punto que es mucho más expeditiva cuando se trata de investigar a peces chicos o a exponentes políticos ligados al actual poder de turno, en vez de dirigir toda su artillería a los peces gordos como ZI o el mismo Horacio.
Resultó muy ilustrativo, a propósito, que la bancada cartista con Enrique Riera a la cabeza, haya propuesto en el Senado, una vez defenestrado Víctor Bogado, sacar también su investidura al senador liberal Enrique Salyn Buzarquis, lo que confirma la impresión general de que la intención sería continuar distrayendo a las fuerzas políticas y al mismo gobierno, en enfrentamientos estériles entre bancadas para no ir a lo principal, como sería el caso de centrar las investigaciones en la gestión anterior de HC o en las denuncias sobre el florecimiento del contrabando de cigarrillos y el lavado de dinero durante el gobierno anterior, entre 2013 y 2018.
En el equipo de estrategia de Marito están convencidos que la intención subyacente del cartismo es embarrar al máximo la cancha para que no pueda Añetete conformar un frente unido y fortalecido de cara a la interna por la junta de gobierno del año próximo. Por ello ahora la instrucción es evitar que nuevos miembros del oficialismo sean afectados por el “caiga quien caiga”. Y sería por esta razón que no se hayan divulgado nombres, por parte del ministro de Hacienda, Benigno López, en el caso de los funcionarios beneficiados por los aumentos “mau” de salarios, que ya fueron desactivados en marzo pasado, además del “blindaje” del cual hace gala el controvertido titular de la Cámara de Diputados, el abdista Miguel Cuevas.
Es el cartismo indudablemente el más afectado por los varios exponentes políticos que ya han caído o están en vías de caer. Por eso llama la atención que la fiscalía no ha dado a conocer los nombres de los “empresarios” que estarían metidos en el esquema de coimas descubierto en el Detave (Comisión Anticontrabando) de la Aduana, tras la detención de su titular, el general retirado Ramón Benítez, supuestamente por razones de procedimiento para no entorpecer las investigaciones. Después de dar a conocer a periodistas que son mencionados en la agenda del militar, no se ha sabido de más nombres del sector empresarial investigados o sujetos a imputación, fuera de los funcionarios involucrados que ya están procesados junto a Benítez.
El golpe fue letal contra toda una estructura montada en la aduana por años, para recaudar “para la corona” o para beneficio personal de los mismos aduaneros. Lo importante es que también se dé a conocer los que financian y promueven el contrabando y la coima desde el mismo sector privado empresarial, atendiendo a la gran cantidad de mercaderías que ingresan al país sin el pago de impuestos y que son ofertadas en forma impune en las calles.
Facebook Comentarios