No escapa a los análisis de la prensa internacional el fenómeno del “boom” económico paraguayo, que ya se da en llamar la “Fiebre Guaraní”. Pero, lamentablemente, para los mismos analistas no pasa desapercibido que la bonanza en el campo por las exportaciones de soja y carne, así como por la estampida de los precios de la tierra y de la construcción por el buen momento del negocio inmobiliario, no se podrá mantener mucho tiempo si no existe mayor inversión estatal en infraestructura y si no se reducen los elevados índices de pobreza.
Paraguay se consolida este año como la economía con mayor empuje en América Latina, con una expansión posible de su Producto Interno Bruto (PIB) de 13,6 por ciento, según confirmó el Banco Central. Si bien es cierto que existen componentes de inversión pública en este crecimiento, pero con obras que prácticamente se paralizaron a partir de mediados de año, ha sido el sector privado el que se arremangó para invertir en construcciones y en los sectores industrial, comercial y de servicios, reconoció el BCP.
La economía paraguaya tiene un PIB de US$ 33.000 millones, como resultado de una expansión casi constante de un promedio de 5 por ciento anual desde hace 10 años. Gran parte de este fenómeno a escala mundial se debe al comportamiento excelente de la agricultura empresarial basada en la soja junto a otros cereales y a la expansión de la industria cárnica, lo que le ha llevado al país a posicionarse arriba en los ranking productivos de la región latinoamericana.
Ambiente de negocios
Con una economía estable que crece por encima del 10% anual, Paraguay está en la mira de los desarrolladores que buscan tierra accesible para generar nuevos negocios. Sólo Asunción concentra en estos momentos 40 proyectos de construcción y más de U$S 350 millones de inversión inmobiliaria. La plaza paraguaya se muestra atractiva, estable y segura para los inversionistas extranjeros, por tener también el país una inflación casi imperceptible que no supera el dígito y una moneda muy sólida como el guaraní, que acaba de cumplir 70 años sin haber sufrido ninguna reconversión debida a hiperinflación, como ocurrió en los demás países sudamericanos.
Desde hace diez años, el país ha estado haciendo las cosas bien desde el punto de vista macroeconómico y los resultados comienzan a hacerse tangibles, no hay ninguna duda. Pero el gran crecimiento económico no se está reflejando en la microeconomía ni en la distribución más equitativa de la riqueza generada con las exportaciones y el “boom” inmobiliario, al seguir existiendo un 40 por ciento de pobres en la población. Esta situación indicaría una mala gestión del Estado como factor de redistribución de la renta.
Un primer dato a mano para entender esta situación radica en el hecho de que tanto la agricultura empresarial como la industria de la carne no absorben la mano de obra del país sino que, por el contrario, expulsa gente del campo para alimentar los cinturones de pobreza que rodean las ciudades. Por otro lado, el negocio inmobiliario estimula la marginalidad de una parte importante de la población al incrementarse el precio de la tierra hasta llegar en algunos casos al metro cuadrado de Miami, como ocurre actualmente con la zona de Salto del Guairá.
Si a todo esto se agrega la paralización de la inversión estatal en este segundo semestre del año, que en el primer semestre pintaba como una poderosa arma de creación de empleos y de aumento del PIB, aparece nítidamente una realidad marcada por una lamentable cuan perjudicial miopía de la clase política, que sólo busca su propio beneficio con incentivar una inversión ficticia cortoplacista en época electoral, sin importarle el equilibrio económico y social del país a largo plazo.
La esperanza es que el desarrollo de negocios inmobiliarios que se da actualmente en Asunción y en las principales ciudades de la frontera, se constituya en el cimiento de una fuerte crecimiento de la construcción que permita a su vez seguir empujando la economía para cumplir el objetivo de un incremento anual promedio del PIB que sea superior al 6 por ciento en los próximos años.
Pero para ello el Estado debe abandonar su actual apatía inversora en infraestructura y en energía, para constituirse en verdadero puntal del crecimiento. Más aún si se desea reducir el alto nivel de pobreza, que sólo se conseguirá con una política de industrialización. Se sabe que la industria es la única que podrá absorber la mano de obra excedente en el país. Para ese fin existe disponibilidad abundante de energía eléctrica y de materia prima agrícola, ganadera y hasta mineral. Pero un requisito esencial para apuntar a esta dirección es que el Estado aumente su inversión en infraestructura física y capte la confianza de los inversores con políticas estables y previsibles, además de la necesaria seguridad jurídica, con una administración de Justicia libre de toda sospecha de corrupción.
Asimismo, el Gobierno debe llevar a cabo una política de saneamiento en la gestión de todo el sector público, terminando con los actuales escandalosos manejos en contratación de personal innecesario con altos salarios y sin ninguna función útil para los programas estatales.
Las leyes de Responsabilidad Fiscal y de Alianza Público-Privada pueden ayudar a cumplir con estos objetivos, pero para ello la clase política debe convencerse que tiene que dejar de ser mera succionadora de la producción nacional creada por los sectores económicos prósperos, y convertirse en un propulsor esencial de la creación de riqueza del país.
Escribe: Luis Alen
lusialgo@yahoo.com
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