A pesar de que el término “unicato” no está reconocido por el diccionario de la Real Academia Española (RAE), no obstante se trata de un concepto que suele emplearse en Argentina, con referencia al abuso de poder que ejerce una autoridad, y que hoy el pueblo paraguayo está viviendo esta terrible realidad.
El escenario que se crea al entorno de quienes apoyan la aprobación de la enmienda para la reelección, constituye de manera llana un golpe contra la Constitución Nacional de 1992, lo que, indudablemente, implicará el fin del proceso de transición iniciado en 1989, y el inicio del riesgoso nuevo periodo del unicato del gobierno cartista.
Peligrosamente el Paraguay está retornando hacia el pasado, que la ciudadanía ya quiere borrar definitivamente de su memoria. No obstante, continúa en el propio Gobierno, retazos del autoritarismo, que se busca reivindicar a través de planes violatorios de la propia Carta Magna, donde detrás aparecen el cartismo, luguismo y el llanismo, éste último que representa a una facción del PLRA.
Con esta posición autoritaria de gente del propio Gobierno, parlamentarios y políticos oficialistas, la rengueada transición hacia la anhelada democracia, se está echando por tierra. El mismo presidente de la República (principal propulsor de la enmienda) lidera una titánica campaña, anteponiendo los intereses personales sobre lo que dicta la Constitución Nacional.
El país atraviesa por uno de sus peores momentos políticos, donde la ley madre de la nación está a punto de recibir una estocada mortal. Y lo más grave es que aquellos quienes deberían de salir en defensa de la institucionalidad de la patria, son los que impulsan la violación y el pisoteo del estado de derecho.
Las instituciones y las autoridades tienen que ser respetuosas de las normas jurídicas que rigen el país, donde además de acatar en todas sus órdenes, igualmente deben hacer respetar el contenido de la Constitución. Hoy, resurge una posición retardataria que desea imponer ideas y pensamientos retrógrados a la fuerza y a los sopetones, sin importarle mucho el regimiento jurídico contemplado en la Carta Magna paraguaya.
El presidente Horacio Cartes no puede seguir empecinado en un plan trasnochado para dar gusto a un capricho personal, pero que está conduciendo a una anarquía generalizada al país. El mandatario tiene que reflexionar sobre el peligro que constituye su proyecto de origen “golpista”, y volver a retomar la bandera de la institucionalidad, evitando de esa manera una eventual crispación social, que se puede producir en caso de que se siga bastardeando con la figura de la enmienda.
Las grandes necesidades sociales están por encima de un proyecto personal, y es deber del Gobierno atender y buscar solución a estos problemas, que es una deuda histórica que tienen las anteriores y actuales autoridades. A Cartes le sobra 17 meses de gestión, en donde debe dedicarse de lleno para intentar cumplir una parte de las promesas realizadas al pueblo, y que hasta ahora no fueron materializadas.
El jefe de Estado tiene que demostrar una irrestricta obediencia a la Carta Magna del país, para que también sea respetado en su investidura de presidente de la República. No puede seguir enceguecido en la reelección, cuando el ordenamiento jurídico no habilita esa posibilidad. Pero pareciera que el gobernante continuará en su afán desmedido, hasta lograr un régimen “unicato” cartista.
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