La política Lilian Soto reveló que dos y tres niñas paraguayas están dando a luz a diario en nuestro país. A esto se suma que existe -a su parecer- una hipocresía clasista y machista al impedir legalizar el aborto, ya que esta práctica sí la realizan personas que poseen el poder adquisitivo. Al año hay 60.000 interrupciones del embarazo, según refirió.
Lilian Soto, del Partido Kuña Pyrenda, se refirió sobre el caso de una niña de 9 años que dio a luz días atrás y otra de 11 años que está de seis meses de embarazo; ambas internadas en la Cruz Roja, en la capital.
La política refirió que “en Paraguay entre dos y tres niñas por día están pariendo”, y es así que en el año 2014, 750 niñas dieron a luz. “Esto es truncar su vida. Lo terrible es obligar a las niñas a proseguir un embarazo y obligarlas a parir”, lanzó.
Soto lamentó que en el sistema de salud, además en el educativo, es considerado como algo normal que las menores de edad estén pariendo. “Algunos casos se dan a conocer, pero a diario ocurren. En la agenda solo salen algunos, se conocen mediante las declaraciones de esta funcionaria”, dijo con relación a la revelación que realizó la vicedirectora de la Cruz Roja, Leni Funk.
¿A qué se debe esta crítica situación? La entrevistada indicó que la educación sexual está negada para los menores, y recordó que varias propuestas para modificar esto fueron rechazadas por el Parlamento. “Es una situación de demasiada hipocresía y crueldad ante los casos de estas niñas, que tienen un futuro incierto al igual que sus hijos. (…) Esta es una política clasista y machista, porque fueron los hombres quienes obligan a las niñas a parir”, dijo.
La referente de la izquierda comentó que desde su organización plantean que la primera opción para los casos de abusos sexuales en menores sea la interrupción del embarazo. “A mucha gente le interesa más qué pasa con un embrión o el desarrollo de la fecundación, pero ya no lo que le sucede a la niña o a su familia luego. El caso de Mainumby fue uno de ellos”, consideró.
Lilian Soto argumentó que la penalización de aborto no tiene resultados esperados, ya que esa normativa no evita que siga realizándose esa práctica (hay 60.000 casos al año), sino que solamente “condena a las mujeres que no tienen los recursos” para realizarse una interrupción del embarazo y las arroja a una situación de salud que puede derivar en la muerte o afectar su reproductividad sexual al practicarse abortos en condiciones precarias.
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