Tras el temporal del fin de semana pasado, ha quedado patente la falta de capacidad financiera del Estado para situaciones que como la emergencia declarada por los destrozos a viviendas y cultivos deben ser atendidas en forma inevitable por el Gobierno, dada la magnitud del fenómeno climático. Y más evidente apareció el factor principal detrás de esta carencia de recursos, como fue la rapiña generalizada en ministerios y entes durante las administraciones anteriores de Fernando Lugo y Federico Franco.
Ya se hacen interminables las denuncias sobre latrocinios en perjuicio del Estado durante los últimos años y especialmente en la gestión del Gobierno liberal de Franco. Se puede afirmar que gran parte del déficit fiscal, de US$ 750 millones y equivalente al 2,5 por ciento del Producto Interno Bruto, proviene del manejo discrecional de fondos públicos, que está originado en parte en la irresponsabilidad de los legisladores al crear rubros que no cuentan con financiamiento asegurado, pero también por la mala y hasta deshonesta administración en algunos casos por parte de funcionarios y políticos que ocupan los cargos directivos en las reparticiones públicas.
La lista es larga de las instituciones infectadas por la corrupción y el robo de fondos estatales. Entre ellas son emblemáticos los casos del Indert, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Indi, Ministerio de Salud y otras entidades cuya lista sería muy amplia para que quepa en estas líneas, sin contar la corrupción en las contrataciones públicas y la industria de los juicios al Estado en connivencia con el Poder Judicial. El agujero al Estado se calcula podría llegar a superar fácilmente los US$ 150 millones, sólo en los casos más resaltantes en danza en las páginas de la prensa durante este año.
La emergencia climática de los últimos días podría insumir por lo bajo la necesidad de fondos de alrededor de US$ 5 millones, que no se tienen disponibles, por lo que el Estado deberá sacar los fondos de otros programas, incluso a proyectos productivos, como en el caso del subsidio al algodón de G. 30 mil millones, previsto en el presupuesto actual.
Con todo lo erogado a través de la corruptela de funcionarios y gente del sector privado, como ONGs, contratistas, empresas fantasmas y proveedores del Estado, fácilmente se hubieran cubierto las necesidades de asistencia a los damnificados por el temporal.
Con todo esto se demuestra una vez más la necesidad urgente de contar con la Ley de Responsabilidad Fiscal, pues no hay otra forma de evitar la carencia de fondos en caso de grandes emergencias sino a través de una disciplina en el gasto y un mayor control de la ejecución del presupuesto nacional, evitando de paso las reprogramaciones que son inevitables cuando no se realizó una gestión austera del patrimonio público.
Como muestra sólo basta un botón, y es que todavía no se puede poner un orden total en las finanzas públicas, en vista del descalabro en las cuentas dejadas por la administración precedente. El proyecto de presupuesto de 2014 prevé de nuevo un déficit fiscal, pero un poco menor al del presupuesto de 2013, de 2,2 por ciento del PIB, que inclusive resulta superior al tope de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que establece un déficit máximo de 1,5 por ciento del PIB.
Escribe:
Luis Alen
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