Estallido social

La mentira y el engaño son los peores males de una autoridad. Estos dos “atributos” los enarbola con sobrado mérito la intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod, quien continúa burlándose de la ciudadanía paranaense. Peligrosamente se está caminando al borde de un estallido social.
Para desligarse de los trabajadores informales del microcentro, la jefa comunal creó un “Plan 30 Días” de reordenamiento urbanístico. Sin embargo, dicho proyecto no pasó de ser una gran farsa, cuyo único objetivo era desalojar del lugar a los humildes trabajadores, que tienen sus mesitas y carritos de frutas, éstos últimos recorriendo las principales avenidas de la capital departamental.
Para justificar la medida tomada por Sandra McLeod, había afirmado que le molestaba la “suciedad”, y que había elaborado un plan para reordenar el microcentro comercial esteño, a fin de ofrecer un aspecto moderno y ordenado de la ciudad para los visitantes.
Pero el programa urbanístico estaba cargado de populismo y lejos de ejecutar lo planificado en los papeles, el objetivo era dejar sin ocupación a más de 100 trabajadores informales, que estaban instalados sobre la avenida Adrián Jara. El plan se ejecutó sin prever una reubicación para los afectados, que hoy deambulan por la ciudad, sin trabajo y clamando justicia a la intendenta.
La lord mayor paranaense priorizó intereses particulares sobre los generales, al intentar poner en práctica un plan mentiroso, que se trazó a espalda de estos compatriotas. El mes pasado, supuestamente, culminó el proyecto, pero el tan publicitado mejoramiento urbanístico, no dejó de ser una monumental farsa, práctica con la que ya tiene acostumbrado el clan Zacarías a la población esteña.
Los desalojados ahora se dieron cuenta de que fueron engañados por las autoridades municipales, y desde la semana pasada retornaron al sitio, de donde fueron quitados a la fuerza por agentes del orden público y la Policía Nacional. “Ya no tenemos condición para continuar dándoles de comer a nuestras familias”, había dicho Jhonny Morel, presidente de los vendedores fruteros.
Pero a la jefa comunal lo que menos le importa es la suerte de sus compatriotas en desgracia, de quienes no tuvo piedad a la hora de materializar proyectos personales. Hoy, en medio de esa terrible necesidad social, varios de estos vendedores informales, a quienes les prohibieron ofertar sus productos en el microcentro, pueden pasar a engrosar la franja de marginalidad, que en los últimos tiempos ha tenido una importante progresión geométrica.
Las permanentes movilizaciones, que se pusieron de manifiesto últimamente, son muestras claras del descontento social contra las autoridades municipales, a quienes exigen respeto y transparencia en su gestión pública. El clan Zacarías, que desde el 2001 controla el segundo municipio más importante de la República, continúa burlándose de ese mismo pueblo, que en las urnas, para cada elección, le respondió con sus votos.
De esta manera les paga. Les tira a la calle, y encima les priva el derecho en poder seguir trabajando. El procedimiento de las autoridades municipales siempre es de contramano. Curiosamente persiguen a los trabajadores honestos y privilegian a los que obran al margen de la ley.
Los funcionarios corruptos en la institución, irónicamente, siempre fueron premiados y algunos hasta ascendidos en cargos superiores, como el claro ejemplo del polémico ex militar y director de tránsito de la municipalidad, Carlos Florenciáñez, quien a pesar de las denuncias que pesan en su contra, goza de la más absoluta confianza del clan Zacarías. ¿Por qué será? Es hora de poner freno a las burlas y las mentiras, porque la tolerancia también tiene límite. Desde hace un buen tiempo se está caminado al borde de la cornisa de un estallido social.