Está en marcha el trabajo de relevamiento de datos en la zona comprendida entre los distritos de San Alberto y Minga Porá, en el marco del cumplimiento de la ley 2532, que establece la zona de seguridad fronteriza en la República del Paraguay.
La tarea en el Alto Paraná comenzó hace dos semanas en el municipio de San Alberto y debe extenderse hasta el mes de noviembre, abarcando 106 mil hectáreas, incluyendo parte de Minga Pora, ambos al norte del departamento.
En total, en todo el territorio nacional, existen 62 mojones que delimitan los tramos establecidos en las zonas de frontera con Brasil, Argentina y Bolivia. Son 21 mojones en la región occidental y en la región oriental se tienen 41 señalizadores.
El coronel Juan Pineda dijo que en el distrito de San Alberto ya encontraron a extranjeros que tienen inmuebles en el área de seguridad fronteriza, donde levantan los datos de los terrenos y las coordenadas mediante el GPS, además de la licencia ambiental y otras informaciones, para elevar un informe al respecto de cada caso.
“Muchos dicen contar con los títulos de propiedad, otros inclusive exhibieron cédula de identidad paraguaya, alegando que están por la zona a más de 30 o 40 años, pero se debe revisar cada caso. Nuestro trabajo concluye con el cotejo de datos”, explicó el militar.
Existe un grupo de trabajo denominado Comisión Interinstitucional de Zona de Seguridad Fronteriza (CIZOSEF) que se encarga de la revisión de cada inmueble afectado a la normativa, vigente de hace más de 10 años.
En nuestro país la ley de seguridad fronteriza establece que los extranjeros oriundos de cualquiera de los países limítrofes de la República o las personas jurídicas integradas mayoritariamente por extranjeros, no podrán ser propietarios de condominios o usufructuarios de inmuebles rurales en un radio de 50 kilómetros adyacentes a las líneas de frontera fluvial y terrestre.
Los notarios públicos no podrán elevar escrituras públicas de negocios jurídicos que no se ajuste a esta ley. El Alto Paraná es una región que cuenta con una amplia población de inmigrantes, en su mayoría de origen brasileño, que están afincados en los distritos limítrofes al vecino país a pocos kilómetros del Lago Itaipu y el río Paraná. En este contexto la misma legislación aclara que no se verán afectados los derechos adquiridos antes de la vigencia de esta ley, es decir anteriores al año 2005.
En el distrito de San Alberto, se ha observado mucha colaboración por parte de la población de las autoridades administrativas del municipio. En ese sentido, la dirección de Recaudaciones de la comuna, a través de la intendencia municipal, facilitó la nomina de contribuyentes que pagan anualmente su impuesto inmobiliario. Estos datos luego son cruzados con los registros de la Dirección Nacional de Catastro.
El militar explicó que el trabajo en la región se extenderá por todo este año, porque el desarrollo depende del comportamiento climático, las documentaciones que presenten los dueños de los inmuebles y principalmente ubicar a los dueños de las tierras, que en muchas ocasiones no se encuentran en la zona verificada.
Según la Ley 2.532/2004 en la franja de 50 kilómetros del territorio nacional, desde las zonas fronterizas, los extranjeros oriundos de cualquiera de los países limítrofes (Brasil, Argentina y Bolivia) o las personas jurídicas integradas mayoritariamente por extranjeros de esas nacionalidades, no podrán ser condóminos, propietarios o usufructuarios de terrenos rurales.
La vigencia de la Ley es para los dueños de inmuebles que hayan adquirido a partir del año 2005 en adelante. El decreto Nº 7.525 reglamentó la Ley 2.532 y se dispuso que los controles sobre los inmuebles estén a cargo de expertos del Ministerio de Defensa Nacional y la Dirección General de Catastro.
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