Escribe: Luis Alen.
La Fiscalía a cargo de Sandra Quiñónez sólo está para defender los intereses de Horacio Cartes, como una vulgar comisión “garrote” usada para atacar a los enemigos del Patrón, por lo que difícilmente sirva como instrumento válido para investigar la ruta del dinero sucio de los narcos, como es la intención de la nueva fase en que ingresa la operación “A Ultranza Py”.
Mucho daño le causa a la República y a la democracia la utilización de la Fiscalía no para la lucha contra el crimen organizado, sino para la defensa de los intereses del Patrón HC. Ahora que la operación “A Ultranza” pasa a la siguiente fase de investigación de la ruta del dinero sucio lavado en el sistema financiero, más que nunca Horacio Cartes se propone defender a capa y espada a Sandra Quiñónez.
Después de perder el control sobre la Cámara de Diputados, a HC sólo le queda utilizar la Fiscalía y el Poder Judicial para defenderse eventualmente si llega a ser incluido “a ultranza” en las investigaciones sobre lavado de dinero actualmente en desarrollo.
De allí que haya redoblado la apuesta por mantener en el cargo a su protegida, la fiscala general Sandra Quiñónez, a quien le debe mucho por haber mirado hacia otro lado las veces que Cartes fue citado como el articulador principal, si no la cabeza, de la protección política al “mecanismo”.
La actual crisis política paraguaya podría verse como una derivación de la pugna por el poder en la ANR de cara a la interna de diciembre próximo y las generales de abril de 2023. En parte sería así, pero no cabe duda que estamos en presencia de algo más definitorio que hace al futuro del país, como es la necesidad de extirpar de raíz la presencia perversa de la criminalidad organizada en las instituciones estatales y su cúlmen, el reinado de la narcopolítica.
El megaoperativo antinarco “A Ultranza Paraguay”, llevado a cabo con el apoyo de la DEA de Estados Unidos, la Europol de la Unión Europea, la Dirección Antinarcóticos de Uruguay y la Policía Federal del Brasil, vino a confirmar que ningún político con ligazones con el crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de dinero, está a salvo de las investigaciones. Los sobres vienen cerrados y se abren sólo el día de los allanamientos, para evitar filtraciones.
Hasta el momento, han caído ministros, legisladores y otros políticos de poco calado, pero ¿qué pasaría si la investigación llegase a exponentes de mayor calibre de la política? Es por ello que HC no puede darse el lujo de desprenderse en estos momentos de Sandra Quiñónez, para evitar ser investigado como uno de los factores claves del negocio de la gran lavandería “made in Paraguay”.
Pero el resultado está a la vista de manera perversa, con un flagrante uso del Ministerio Público no sólo contra la facción rival del cartismo en la interna de la ANR, sino como murallón defensivo ante cualquiera que ose olfatear en las cuentas del Patrón.
Lucha de poderes
La investigación “a ultranza” tiene el objetivo bien definido de quebrar la protección política al lavado, una actividad que a su vez es la niña de los ojos de los narcos, por permitir ingresar la plata negra en el sistema financiero legal. Sin protección en las altas esferas del Estado, la Fiscalía y el Poder Judicial, no hay forma de sostener el “mecanismo”.
Pero la caída de los peces gordos de la protección política está dependiendo de cómo se desarrolla la lucha actualmente en curso entre el poder legal y el poder fáctico. El primero, personificado en el aspirante oficialista a la presidencia de la República, el actual vicepresidente Hugo Velázquez, y el segundo, en manos del poderoso empresario tabacalero y dirigente deportivo, Horacio Cartes.
No por casualidad, ambos encabezan hoy los dos movimientos que pugnan tanto por el control del Partido Colorado como por llegar a postular las candidaturas a los puestos electivos de los comicios generales del año próximo, que posiblemente saldrán en ventaja desde la línea de largada en la carrera electoral, atendiendo a que la oposición se halla muy fragmentada y sin posibilidad real de armar un frente único que sea capaz de desalojar a la ANR del gobierno nacional.
Los medios de comunicación cartistas ya han mostrado la capacidad de reacción del Patrón, al difundir con lujo de detalles filmaciones y escuchas telefónicas, que incluso podrían estar en manos de la Fiscalía, pero que no se usan precisamente para iniciar investigaciones sino para amedrentar a los oponentes políticos velazquistas o abdistas, y lo que es peor, se anuncia la existencia de más grabaciones en poder de fiscales para presionar a diputados con causas judiciales, de tal forma a que no se consigan los 53 votos necesarios para tumbar a la fiscala Quiñónez.
Pero el hecho de que la Fiscalía pase de ser una muralla defensiva para HC, a su utilización como “garrote” al servicio de los intereses del Patrón, ya es otro cantar. Así, no se trata sólo de una pulseada en el terreno electoralista, sino de una verdadera lucha por el poder real, que en el caso de Horacio se identifica nada menos que con la supervivencia o no de la protección política al mecanismo del “lavado”.
Por eso resulta conveniente preguntarse sobre el papel que juega el empresariado en la lucha por desterrar a la narcopolítica, cuando salen directamente en defensa del cartismo al pedir a Marito Abdo que corte cabezas en el equipo de lucha anticontrabando, encabezado por el fiscal Emilio Fúster, a quien lo critican juntamente con el comandante de la Armada, Carlos Velázquez, hermano del vicepresidente, por dejar pasar en forma escandalosa un masivo contrabando con decenas de camiones, la noche del 11 de junio de 2021 en la frontera con Argentina, cuya filmación por parte de los fiscales fue a parar en los medios cartistas.
Llama la atención que los empresarios de la Unión Industrial y de otros conocidos gremios no salgan con el mismo ímpetu a pedir el cese de la protección política al lavado de dinero del narcotráfico, que mayor mal está causando a la economía nacional por el predominio de los narcos en la sociedad, en comparación al contrabando de productos que al fin de cuentas trae precios más accesibles para el grueso de la población de menores recursos.
No es de extrañar la actitud de los dirigentes de la UIP, que habían defendido a las tabacaleras como grandes generadoras de empleo y actividad económica, sin que se hayan molestado en averiguar por qué el contrabando de cigarrillos en la frontera financia y utiliza la misma ruta de los narcotraficantes.
Una revolución económica
Tampoco los empresarios han salido a pedir con firmeza que el sistema financiero deje de estar al servicio del lavado de dinero del narcotráfico, donde bancos, financieras, casas de cambio y cooperativas se hallan en el ojo de la tormenta como posibles facilitadores del mecanismo ilegal.
En la necesaria limpieza del sistema financiero va a tener una labor crucial la Fiscalía, que si sigue en manos del cartismo no tendrá las suficientes agallas para desmantelar el entramado del blanqueo de activos dudosos, como ya se ha comprobado varias veces en los últimos tiempos y casualmente en casos donde aparece el nombre del Patrón.
Esta revolución financiera será el preludio de la transformación productiva del país, necesitado de inversiones genuinas que no vendrán mientras siga nuestra economía como paraíso del lavado de los narcos.
Ahora mismo se plantea en un proyecto de ley en el Congreso una iniciativa del Banco Central que promueve la transparencia e inclusión financiera mediante la obligación de realizar pagos por adquisiciones de más de 5.000 dólares en moneda extranjera, a través de medios electrónicos y utilizando cuentas en el sistema bancario, como forma de asegurar el uso de dinero “limpio”.
Pero mientras se duda de la imparcialidad de la Fiscalía, al obstaculizar la investigación sobre movimientos sospechosos detectados en bancos, financieras y cooperativas de ahorro y crédito, o incluso usando el Ministerio Público como “garrote” de los enemigos del Patrón HC, huelga decir que la tan ansiada transparencia e inclusión financiera que facilite las inversiones de dinero “limpio”, no está asegurada.
Lamentablemente, un requisito para la revolución económica y la transformación productiva del país, no se está cumpliendo, como es el reemplazo de la actual fiscal general del Estado. Es el momento más indicado para su remoción, por cuanto los principales indicadores económicos se hallan en franca desmejoría por la situación internacional desfavorable, principalmente por la inflación originada en la suba de las materias primas, la energía, los alimentos y los insumos industriales.
El Paraguay debe superar la actual crisis económica con una serie de medidas apropiadas, que incluya además la solución política al problema de la falta de imparcialidad de la Fiscalía, cooptada actualmente por el cartismo, lo que lleva directamente a utilizarla con fines políticos extorsivos.
El contar con un sistema de Justicia que ayude a fortalecer la economía, como creadora de riqueza y empleos, es el paso necesario actual, a la vista de la necesidad de incentivar las inversiones en el sector energético, por ejemplo para impulsar el uso de la electricidad en el sistema de transporte público, como forma de disminuir la dependencia del cada vez más caro petróleo importado.
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