La instrucción es precisa: hay que licitar y contratar lo más rápido posible antes del 15 de agosto, sin importar la suerte del país ni del próximo Gobierno, que recibirá las finanzas públicas totalmente exhaustas y al borde de la cesación de pagos. Tiene razón el presidente electo, Horacio Cartes, cuando lanza el grito al cielo para manifestar su impotencia ante el atropello del que es objeto el Estado paraguayo por quienes abandonan el poder, con pena y sin gloria, pero con las faltriqueras llenas.
Nadie hubiera imaginado que un presidente como Federico Franco, que con tan buenos auspicios iniciara su “interregno” en junio de 2012, finalizará su efímero mandato prácticamente con serios indicios de encabezar un plan recaudador, pero no con fines de fortalecer las finanzas estatales, sino para favorecerse a sí mismo o a su grupo político, aprovechando los altos niveles de corrupción del funcionariado público, que en varios casos también ha actuado en forma ilegal, por las presiones que provienen de los más altos estamentos del poder, tal como si fuera el montaje ominoso de una asociación ilícita para delinquir.
Las numerosas denuncias de licitaciones amañadas, obras realizadas a las apuradas sin estudios serios o proyectos atrasados y ahora acelerados sólo con fines de concretar negociados, hablan a las claras de que el Gobierno de Franco es ineficaz al extremo o sólo le interesa cerrar tratos con proveedores y contratistas privados, a espaldas de los intereses de la ciudadanía, lógicamente con la premura motivada por los pocos meses que le quedan de gestión.
Los reiterados pedidos de Cartes de parar las licitaciones y presentar rendiciones de cuentas en los distintos ministerios y entes descentralizados, han caído en saco roto. Así como están carcomidas las arcas públicas, evidentemente por la desidia del mismo gobierno en realizar una buena ejecución del presupuesto nacional, en vista de que siguió incrementando el número ya de por sí elevado de funcionarios y realizando gastos superfluos sin ninguna consecuencia favorable para el mismo Estado, como ha sido el episodio de la compra de las tierras inservibles de Cordillera, por US$ 11 millones.
Total, que pague el pueblo alguna vez y que el próximo Gobierno se vea con el enorme agujero en las finanzas estatales. Todo por haber ganado las elecciones el grupo político opositor. Sin embargo, este pensamiento está cargado no sólo de desprecio hacia la sociedad paraguaya, sino también de la conciencia de la impunidad con que se mueven los “representantes” del pueblo.
Tanto la Fiscalía como la Administración de Justicia en nuestro país están más para proteger a los políticos que para juzgar con imparcialidad y patriotismo a quienes delinquen en el ejercicio del poder. Los ejemplos sobran de vaciamientos al Estado que han quedado impunes, desde décadas atrás, por la aceitada máquina de “sobreseimientos” a la carta, previo pago de millonarias “coimisiones” a fiscales y magistrados.
La mayoría de votos que respaldó a Horacio Cartes el 21 de abril también tiene el mensaje de terminar con la impunidad en el ejercicio de la administración estatal.
Las denuncias de corrupción en la gestión de Franco calaron hondo en la conciencia ciudadana al depositar su confianza en las urnas, en la consigna de Horacio de tolerancia cero a la corrupción y de máxima transparencia en los procedimientos administrativos del Estado, especialmente en las contrataciones públicas.
Deberá verse, una vez que asuma el nuevo Gobierno, si no existe la intención de volver a cubrir con un manto protector los desmanes que ocurrieron en la administración pública durante la breve gestión del Partido Liberal en el poder.
Corresponderá a Cartes cumplir con su promesa al electorado, de firmeza con los corruptos y de cuentas claras a la ciudadanía, en el ejercicio del poder con la mayor transparencia posible.
Escribe: Luis Alen
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