Un fuerte contingente policial nuevamente impidió el viernes último que un grupo de manifestantes lleve a cabo otro escrache frente a la residencia de la pareja, conformada por la intendente de CDE, Sandra McLeod, y el senador cartista, Javier Zacarías. La semana anterior, un centenar de “hurreros” impidió que los indignados lleguen frente a la casa de las autoridades. Los manifestantes acusan a los Zacarías de ser responsables de varios hechos de corrupción.
Las personas que pretendían realizar el escrache llegaron el viernes, cerca de las 20:00, hasta la esquina de la casa de los Zacarías, ubicada en el Km. 3,5 de Ciudad del Este, pero se encontraron con unas seis patrulleras con efectivos de la Policía Nacional, quienes estaban resguardando la residencia de la pareja.
El matrimonio Zacarías-McLeod sostuvo que a todas horas y durante los últimos días, una gran cantidad de efectivos policiales resguardan la vivienda, ante la ola de escraches que se lleva a cabo en el país, sobre todo frente a la casa del senador Oscar González Daher.
Los manifestantes prepararon varias pancartas, entre las cuales rezaba: “Intervención a la Municipalidad YA”, ZI Vende Patria, “Mensura Judicial para la finca 66”, entre otras.
El grupo de jóvenes que se preparó para el escrache resaltó que la familia Zacarías, a cargo de la comuna desde hace casi 18 años, es responsable de varios negociados, como el perpetrado con la finca 66, inmueble municipal que fue concedido a una empresa privada, tras un acuerdo entre autoridades y empresarios. Asimismo, mencionaron el negociado con el predio de las 9 hectáreas en el microcentro de CDE, y los numerosos casos de corrupción en la Municipalidad local.
Decenas de policías
Los ciudadanos también criticaron que, mientras la población está a merced de los delincuentes en las calles y es víctima de los motoasaltantes, los Zacarías cuentan con decenas de policías y vehículos de la Policía Nacional para, incluso, restringir el acceso a la calle que lleva a la lujosa residencia de los mismos.
Se sabe que la Policía recibe órdenes directas de la pareja, pese a no tener atribuciones para hacerlo.
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