Se trata de Celsa Miranda de Riquelme, que se encadenó frente a la institución municipal el lunes pasado en reclamo de lo que por derecho le corresponde. Dijo que trabajó 9 años y que sin ningún motivo Javier Zacarías Irún la echó y a pesar de ganar en todas las instancias judiciales, nunca percibió nada.
Celsa Miranda es una del grupo de 23 obreros despedidos en el año 2001, cuando Javier Zacarías Irún tomó el poder municipal. La mujer relató que ingresó a la institución durante la administración municipal del doctor Guillermo Campuzano Méndez. Dijo que nunca le dieron una explicación valedera para su desvinculación.
Es así que, junto a otros compañeros suyos despedidos, entre ellos el propio asesor jurídico del grupo Hernán Romero, iniciaron un juicio laboral contra la comuna, ganando en todas las instancias judiciales, teniendo una sentencia de la Corte Suprema de Justicia y una orden judicial que ordenó a la Junta Municipal incluir el pago dentro del presupuesto de este año, ahora esperan que finalmente se haga justicia.
Dona Celsa dijo que no sabe porqué le jugaron tanto, si nunca le hizo ningún mal tanto a Javier Zacarías como a su espesa, la ahora intendenta Sandra McLeod. “Todo el día ellos hablan de Dios y no sé como pueden tener un corazón tan duro y no me puedan pagar lo que me corresponde. No voy a levantar la huelga hasta que se cumpla la promesa de pago, pasaron 17 años y ahora me queda solo 6 meses de vida y ya no tengo más nada que perder”, refirió.
Celsa, señaló que le dijeron que la intendenta ya habría tomado la decisión de pagarle, pero que el que se opone sería el propio Javier. “Es lo que dice la gente. Yo no sé qué le hice a este señor, nunca fallé con él. Yo sólo pido que se haga justicia y se me pague a mí y a mis compañeros lo que por derecho nos corresponde. Eso y nada más”.
Hernán Romero, abogado de los huelguistas, dijo que habló con la doctora Graciela Flores y el director de administración y finanzas David Espínola y que han demostrado interés en el tema y que pidieron tiempo para buscar una salida al conflicto.
“Nos pidieron un tiempo prudencial para reunir todos los documentos administrativos para llegar luego hasta la intendenta municipal, quien es la que debe autorizar para confeccionar los cheques y proceder al pago”, refirió.
Indicó que tras dialogar con David Espínola y que éste se comprometió que como máximo hasta el viernes para pagar los más de 3 mil 750 millones de guaraníes, que es el monto aproximado de la deuda. “Son 23 trabajadores y en la sentencia judicial está el monto que debe recibir cada uno de los afectados”.
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