Escribe: Luis Alen.
El expresidente Horacio Cartes salió más beneficiado que el propio Mario Abdo tras la indefinición de la comisión investigadora bicameral sobre Itaipú, que no pudo perfilar un hilo conductor como correspondía hacerlo con el fin de aclarar las responsabilidades de los funcionarios involucrados en la frustrada contratación de potencia en la usina binacional.
El resultado de la investigación llevada a cabo sobre el acta de Itaipú “salvó” al presidente de la República de terminar de por vida con el mote de “traidor a la Patria”, pero dejó en la nebulosa todo lo que hace a los altos intereses nacionales en la usina hidroeléctrica binacional, como el caso de la deliberada entrega de la soberanía energética y del control sobre la generación que en un 50 por ciento le corresponde al Paraguay.
Mucho de lo que había que investigar ya provenía de la era HC, entre 2013 y 2018, porque, por ejemplo, desde 2016 se venía contratando la misma cantidad de potencia por parte de la ANDE, pero con retiros de energía mucho mayores por encima del contrato, en una situación anormal que prosigue hasta hoy, utilizando por un lado los excesos de generación por sobre los 700 MW por cada unidad generadora a los cuales la empresa energética nacional tiene preferencia, y, por otro lado, el retiro de potencia y energía de la parcela contratada por la Eletrobras, que en 2018 ya habría sobrepasado los valores admisibles dentro de ciertos parámetros establecidos entre ambas empresas, lo que llevó a la urgente tarea de llegar en 2019 a un acuerdo que todavía no ha sido firmado.
El “chake” de HC
De los seis dictámenes de la CBI de Itaipú, sólo tres de ellos pone en primera línea al presidente de la República como responsable de la “entrega” de la soberanía paraguaya, y son de la autoría de parlamentarios liberales efrainistas, uno del Frente Guasu y otro solitario dictamen del senador cartista Antonio Barrios. Mientras que otros dos diputados de HC, Walter Harms y Justo Zacarías Irún, le culpan al excanciller Luis Castiglioni, como responsable principal.
Resulta así una típica jugada en la que el cartismo maniobra a dos puntas: por una parte, a mantener latente la amenaza contra Marito, pero también por otra, seguir con la vigencia del “no” al juicio político, siempre y cuando se garantice que no corra riesgo la impunidad de Horacio.
Esto implica una situación muy seria para el país, con una doble consecuencia. Por un lado, la falta de una investigación profunda sobre el “impasse” de la contratación de potencia, que está condicionando incluso las negociaciones futuras sobre la revisión del Tratado y de su Anexo C, en 2023; pero también deja “la espada de Damocles” de HC sobre la cabeza de Marito, que le reduce enormemente su capacidad de gobernabilidad y de lucha contra la corrupción y la impunidad.
Además, significa dejar en manos de Cartes el futuro mismo de las negociaciones con Brasil, con el antecedente de los oscuros manejos con la potencia de Itaipú por parte de la ANDE, en el último tramo del período de gobierno de HC, entre 2016 y 2018, y que fuera el preludio del problema heredado por Marito a lo largo de todo 2019.
No se debe olvidar que convertir a Horacio en una especie de árbitro entre Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, y Abdo Benítez, conlleva el serio riesgo que a cambio de concesiones a Brasil en la hidroeléctrica por parte paraguaya, salga beneficiado el negocio tabacalero de HC, como sería el caso de menores restricciones para el fluido ingreso de contrabando, casi sin trabas en los controles vecinos de las marcas de cigarrillos de Tabesa, la empresa de Cartes. Esto ocurría precisamente durante la gestión de HC al frente del gobierno nacional, según profusos relatos de la prensa brasileña y de la nacional.
El beneficio iba para los intereses privados de HC, pero el perjuicio quedaba para el país, creándose las condiciones para una entrega mayúscula en el 2023. Como otro antecedente nefasto, hay que tener presente que el mismo Cartes firmó con Mauricio Macri en 2017 el acuerdo de Yacyretá, que asume una multimillonaria deuda del Paraguay por la construcción de la represa argentino-paraguaya, sin que se hayan auditado en forma y en profundidad los números del supuesto endeudamiento. Asimismo, se ha entregado prácticamente la soberanía energética en la EBY, convalidando la fijación de precios irrisorios por la energía cedida a la Argentina, lo cual actúa como un precedente que los brasileños posiblemente tendrán en cuenta a la hora de renegociar el precio por la energía cedida por el Paraguay en Itaipú.
Debilidad y “cogobierno”
La extrema debilidad de Marito Abdo y su escaso poder no son otra cosa que el resultado de la falta de investigación sobre la era HC, como por ejemplo en el manejo de Yacyretá e Itaipú. Ahora quedó en evidencia que el jefe de Estado, o pecó de excesivamente magnánimo con Cartes, o deliberadamente se dejó llevar por “asesores” que le condujeron al borde del precipicio con el cuento de un gran “negocio” para el país en Itaipú, a través de la venta de la energía al Brasil por intermediación privada, y, por supuesto, con pingües beneficios para los funcionarios ejecutores del negociazo.
Es el famoso punto 6 del acta bilateral que finalmente no apareció en el documento firmado el 24 de mayo, pero que habría sido borrado por indicación del vicepresidente Hugo Velázquez, para quien era más conveniente no hacer público el ítem, porque ya habría sido convenido bajo la mesa con gente allegada al presidente Bolsonaro. Es decir, el Brasil admitiría la venta de la energía de Itaipú al mercado mayorista brasileño con intermediarios privados, a precios mucho más elevados que el reducido valor de la compensación por la cesión de la energía paraguaya dentro de los términos actualmente vigentes en el Tratado y en el Anexo C. Pero, a cambio, el resto del acta bilateral aparecía muy contrario a los intereses nacionales, como lo acaba de confirmar la bicameral de investigación, pero sin echarle la culpa al presidente ni al vicepresidente en un informe único y concluyente.
La comisión bicameral se abocaría ahora a la ímproba tarea de investigar lo sucedido con la negociación de la venta de la energía paraguaya de Itaipú a una firma brasileña privada, la Léros Distribuidora, y sus conexiones con los demás puntos del frustrado documento, que causaron la caída de varios funcionarios de segundo plano, pero que, sin embargo, hasta el momento no tumbaron de su cargo tanto a Marito como a Hugo Velázquez.
Como resultado del operativo fallido en Itaipú, el hecho de quedar prisionero de HC, le obliga a su vez a Marito a emprender un “cogobierno” en el que campea la impunidad para el cartismo y, como compensación, para gente de Añetete, como el caso de varios legisladores y funcionarios de alto nivel con cuentas pendientes en la Justicia y con la Contraloría por declaración deficiente de sus bienes, y contra quienes el presidente no actúa, por necesitar al mismo tiempo el apoyo del liderazgo de su movimiento, como una forma de mantener a raya el creciente poder de HC y así evitar quedar solo a merced de las órdenes provenientes del “quincho del patrón”.
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