Escribe: Luis Alen.
El ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, presentó una denuncia formal contra Horacio Cartes de manera particular y no en representación del Gobierno, primero en la Seprelad para su posterior envío a la Fiscalía. Pero resulta obvio que por la naturaleza central de la acusación: lavado de dinero con origen en el contrabando de tabaco, lógicamente cuenta con el “ok” de Marito Abdo y, para más datos, lo hace “puenteando” a la fiscala general Sandra Quiñónez, sostenida allí por HC.
Se puede decir que nunca antes nadie se animó a tanto tratándose de una presentación seria contra Cartes, como ahora Giuzzio al acusar a HC por los supuestos hechos de “lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y declaración falsa”. Y lo hace como un ciudadano común, pero que ocupa nada menos que el cargo de ministro del Interior del Gobierno colorado de Mario Abdo Benítez.
La denuncia, que ya fue anunciada una semana atrás, sobreviene en plena largada de la carrera electoral, donde HC tiene a su dupla presidencial Santi Peña-Pedro Alliana, dispuesta a correr para enfrentar al candidato oficialista de Marito, el vicepresidente Hugo Velázquez.
El expresidente Cartes tiene evidentemente varios flancos débiles donde iniciar las investigaciones, pero resulta notorio que Giuzzio -que es abogado- duda que la Fiscalía de Sandra Quiñónez mueva algún dedo para ahondar en la denuncia y producir una acusación formal ante la Justicia. Conocedor de esta situación, el exfiscal acudió a la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes), que está bajo el mando de Carlos Arregui, también exfiscal, pero quien sí está dispuesto a iniciar una investigación “nacional e internacional”.
El propio Giuzzio explicó por qué eligió la Seprelad y no la Fiscalía: “La primera institución tiene facultades de conseguir de forma más directa y rápida información confidencial y financiera a nivel nacional e internacional”. Agregó que la Seprelad recibe informes de bancos y otros entes sobre los movimientos financieros y si encuentran elementos sospechosos pueden solicitar más datos y en última instancia comunicar al Ministerio Público de estos hechos pasibles de investigación.
Movida externa
La decisión de “internacionalizar” la investigación contra HC entre la Seprelad y otros organismos similares del exterior, tiene el sello de los norteamericanos, cuyas agencias hace tiempo están tratando de armar un caso judicial contra Horacio, quien sin embargo siempre tuvo el beneficio de la protección judicial en el país, lo que se potenció notoriamente con el poder fáctico que detenta HC en la política nacional, después de haber disfrutado también del “fuero” que acompaña al bastón y la banda presidencial, entre 2013 y 2018.
Resulta indudable que HC fue siempre el objetivo mayor de la ofensiva impulsada por la embajada de Estados Unidos contra el clan González Daher, cuya cabeza visible sobreviviente es Ramón, condenado a 15 años de prisión también por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y declaración falsa, en un proceso previo fiscal-judicial que tuvo su inicio precisamente en un informe de la Seprelad.
Giuzzio había recordado la semana pasada que tomaría el caso González Daher como un precedente a aplicar en el caso Cartes. El ministro del Interior dijo además que hay fuertes sospechas de lavado como resultado de un hecho precedente como el contrabando de cigarrillos en la frontera.
La movida internacional tiene su sentido cuando se sabe que el Paraguay debe tomar medidas serias contra el lavado de dinero, al formar parte del Gafilat (Grupo de Acción Financiera Latinoamericana) que actúa en el continente bajo los auspicios del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Justamente el Gafilat estaría detrás del caso abierto en Panamá contra HC, en una investigación que se supo ahora por boca del mismo ministro Giuzzio.
De que en cierto modo gran parte de la investigación se centrará en el negocio más rentable de Horacio Cartes como es el tabaco, el propio Giuzzio dio en la clave del tema al indicar que Tabacalera del Este S.A. (Tabesa) está siendo investigada a nivel internacional por Brasil y Colombia, sin descartar a México.
De esta forma, la denuncia de Giuzzio viene a ser como el puntapié inicial de un proceso de investigación con el aporte del organismo antilavado de Paraguay, así como de entes similares de varios países latinoamericanos, para luego llegar con un cúmulo de hechos irrefutables al Ministerio Público, pero ya con un fuerte componente de presión internacional que no podrá ignorar la fiscala general Sandra Quiñónez, más aún si detrás están los datos de las agencias norteamericanas.
La protección política
El país necesita imperiosamente llevar adelante las investigaciones sobre lavado de dinero de gran nivel y llegar al meollo de la cuestión, para trabar el financiamiento de actividades que van desde el narcotráfico hasta el financiamiento del terrorismo internacional, con la prisión y condena de los autores, cómplices y encubridores, entre éstos gente relacionada a la clase política, que es donde se da la protección que hace que florezca una economía dominada por el blanqueo de activos de origen dudoso.
Para ello, la condena contra los hermanos Óscar (fallecido) y Ramón González Daher, es una prueba de buena disposición del sistema judicial paraguayo para llevar en serio las investigaciones. En el caso de Horacio Cartes, se espera lo mismo, con la promesa que la Seprelad y otros organismos internacionales comenzarán a ejecutar la tarea de investigación, para después elevar los antecedentes a la fiscalía y a los tribunales.
Habrá que ver si en pleno proceso electoral se llega a presentar el informe de la Seprelad en el Ministerio Público, antes de los comicios internos de la ANR en diciembre, porque después ya sería un poco tarde, en la medida en que eventualmente HC adquiera mucho más poder fáctico aún si es elegido por sus correligionarios como titular del partido Colorado, con posibilidad real de instalar en el Palacio de López a la dupla Peña-Alliana, que le será siempre funcional a sus intereses.
El hecho que la investigación a Cartes podría desembocar en una acusación formal de la Fiscalía ante la Justicia, al mismo tiempo que se desarrolla la contienda electoral interna en la ANR, demuestra que en última instancia se puede llegar a una judicialización de la política, en sustitución de la actual politización de la justicia, en un golpe de timón que beneficiará al país si es que se toman medidas contra la protección de los políticos a toda clase de graves delitos de gran valía y que no son “bagatelarios”, que se producen al amparo de una clase política que se erige en el factor protector de las actividades ilícitas que sirven de caldo de cultivo para la floreciente lavandería de dinero sucio.
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