El gobierno es el arma que empuñan los mafiosos de los partidos políticos para asaltar al Estado Paraguayo.
Los atracos de las gavillas se volvieron una práctica común al punto de calificarse mejor al gobierno que menos roba y, debemos asumir que éste cáncer que infectó a todo el cuerpo de la gestión pública se propagó también al sector privado. Son contadas las empresas que someten sus prácticas comerciales al rigor de la honestidad, la mayoría de ellas se las arreglan para tener a su disposición algún nexo con el poder que les habilite alguna licencia especial al margen de la ley.
Al parecer la idea de robar al Estado es un delito del que ya nadie siente vergüenza, la práctica no más exige tener la suficiente caradurez para actuar dentro del disimulo y la simulación, así, con lo primero se oculta lo que incrimina y con lo segundo se funge realizar lo que corresponde.
El doble discurso es la manera como diseñan la ingeniería con la que, por un lado roban y por el otro aparentan evitar el despojo y proteger la cosa pública puesta a su cuidado.
El plan es simple pero efectivo, en privado roban, desvían, sobrefacturan, se benefician entre ellos, ejercen el nepotismo, amañan licitaciones, compran jueces, logran decretos, negocian influencias, etc. y en público se muestran honorables y celosos cumplidores de las obligaciones contraídas al ocupar el poder.
Las evidencias que afloran de la auditoría a las instituciones públicas, son un diagnóstico claro de la amoralidad completa de sus dirigentes y funcionarios, entregados al vicio feroz de robar sin miramientos el dinero de las instituciones.
El delito al descubierto aún permanece sin castigo, y con eso de nuevo se está ante el peligro de cerrar el círculo vicioso del opareí, que consagra la continuidad del esquema utilizado por los gobiernos ladrones para despojar al Estado.
La vergonzosa acción de los corruptos ha reducido a la función pública al nivel de un aguantadero de funcionarios con licencia para robar.
Este atraco se ve en todos los estamentos y a mayor responsabilidad del funcionario mayor porción de la repartija y nadie está exento del juicio, en todo caso aquí la presunción de inocencia luce como que todos son culpables hasta que demuestren lo contrario.
El pueblo espera que la justicia castigue ejemplarmente a los ladrones y que la sanción incluya la devolución de lo que le han robado.
El actual gobierno está a tiempo para no cerrar de nuevo el círculo de impunidad con en el que se protegen los ladrones empotrados en los gobiernos, de su valentía y decisión dependerá que pase a la historia como el gestor de una acción política justiciera que impedirá a los ladrones seguir ultrajando la majestad de la república y burlando la confianza popular.
Escribe: José Martínez
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