Escribe: Luis Alen.
A pesar de algunas voces de protesta en el empresariado y un pedido del Senado para que suspenda la vigencia del decreto sobre monopolio parcial de las importaciones de combustibles, Horacio Cartes no ha dado marcha atrás en su proyecto de controlar el negocio del petróleo en el país a través de su gerente “ad honorem” Carlos Cañete. Su ofensiva contra la libre competencia que rige desde hace quince años en el sector, entra en directa contradicción con sus discursos favorables a proteger la inversión privada.
Pensando ya en lo que se había propuesto al tomar el poder de la República, HC puso en 2013 como gerente “ad honorem” de Petropar a Cañete, el presidente del Grupo Cartes, en una avanzada destinada a acumular poder teniendo bajo su férula el rico filón de la comercialización de los derivados de petróleo.
Con el decreto Nº 3.324 del pasado 27 de abril, ampliatorio del 2.999 del 27 de enero de 2015, se completó el escenario montado con el propósito, a primera vista, de salvar de una segura extinción a Petropar, que en libre competencia con las operadoras privadas jamás podría subsistir. Pero el detalle clave es que el decreto del monopolio del 50 por ciento de las importaciones de nafta virgen, gasoil común y naftas de bajo octanaje, trae consigo la inauguración de la “dictadura” económica cartista, con el trasfondo de la gran deuda de US$ 300 millones a PDVSA, ya que con la imposición de HC se está castigando a la ciudadanía a cargar este pasivo con el agregado de los elevados costos de la empresa motivados por la ineficiencia y la corrupción.
El cambio abrupto en las reglas de juego en el sector de combustibles entró a regir desde el 1 de mayo, en otro avance más ideado por el equipo de “cerebros” de Cartes contra las inversiones privadas en el rubro, ya observado en ocasión de la licitación de los fletes para la petrolera estatal, cuando se favoreció a una naviera “amiga” del poder, lo que contradice el discurso oficial según el cual en el Paraguay existe seguridad jurídica para las radicaciones de capitales.
Con esta situación se asesta un duro golpe a las inversiones realizadas en el ámbito de los combustibles, que habían apostado a una liberalización del sector con la importación libre de las naftas y de una parte del gasoil.
El exjuez español Baltasar Garzón ya advirtió hace unos días que se está viendo en el país el peligro de que el Gobierno ignore los procedimientos para proteger las inversiones, y reclamó una institucionalidad fuerte con un mayor control de la sociedad sobre el proceder de sus autoridades representativas.
Se favorece la corrupción
En el empresariado nacional y en general en los grandes emblemas de la distribución de combustibles, como Petrobrás, no cayó nada bien la imposición de HC, pero algunas las empresas ligadas al negocio comenzaron a ceder y firmaron contratos de adquisición de derivados con Petropar en el Ministerio de Industria y Comercio. Los empresarios ven en esta medida un foco tremendo de corrupción, ya que detrás estarían grandes intereses que acompañan al Grupo Cartes en la avanzada.
El agache de cabeza empresarial resultaba inevitable, por cuanto el MIC posee un arma disuasoria feroz como es por ejemplo la famosa Licencia Previa de Importación (LPI), un trámite “garrote” sin el cual no se pueden realizar las importaciones de combustibles, lo que deja al sector privado importador en manos de los nuevos amos del poder, es decir, lisa y llanamente el Grupo Cartes, cuyo principal gerente Carlos Cañete es el mandamás real de Petropar y no precisamente su titular nominal Rómulo Campos o el mismo ministro de Industria y Comercio Gustavo Leite.
Establecido por decreto el mecanismo de control cartista en el negocio petrolero, los empresarios ven resignados el final de la época de desregulación en el sector energético iniciado en 2001.
El Gobierno de HC, por medio de reglamentaciones, decretos y proyectos de ley, permite así el monopolio en las empresas públicas, soslayando la necesidad de hacer profundas reformas en las instituciones del Estado y exponiéndolas de esa forma a la corrupción, el clientelismo político y la ineficiencia de gestión, sostuvo Beltrán Macchi, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (CNCSP)
Agregó el empresario que “el Gobierno reclama el fin de las trabas para-arancelarias y el libre comercio en la región, pero establece condiciones gravosas para el comercio internacional, como licencias previas de importación (LPI), registros adicionales y procesos de análisis, con las consiguientes demoras y costos adicionales para la mercadería importada”.
Las medidas de cambio de reglas de juego que motoriza el jefe de gerentes del Grupo Cartes en el Gobierno, Carlos Cañete, van precisamente en la dirección equivocada que podría inhibir inversiones en el rubro de combustibles, no sólo al impulsar el monopolio parcial del ente estatal en importaciones hasta hoy abiertas totalmente al sector privado, sino al realizar maniobras y arreglos en licitaciones.
Precisamente, uno de los temores del sector privado es que el monopolio estatal imponga precios y digite en los contratos a través de licitaciones amañadas. Es lo que ocurrió con los fletes fluviales, al ser dejada de lado la mejor oferta simplemente porque la empresa cotizante no tiene la bendición del “nuevo rumbo” cartista.
Si el objetivo real es salvar a la petrolera estatal y pagar la deuda a PDVSA, a costa de la libertad de mercado y las inversiones privadas realizadas por distribuidoras y centros de expendio de combustibles, el Gobierno se está equivocando “de aquí a Corea”, según la expresión gráfica de un senador.
El decreto de referencia salió a consecuencia de la imposibilidad de tener el acuerdo del Senado para la ley que monopolizaría la mezcla del alcohol con las naftas por parte de Petropar, que era la manifestación más clara de la intención del Gobierno de apoyar a lo que dé lugar a la deficitaria entidad estatal, pero a costa de poner en peligro las inversiones privadas realizadas en el ámbito alcoholero y en las distribuidoras que realizan la mezcla.
El Senado aprobó recientemente una resolución por la que se pide al Ejecutivo la suspensión del decreto 2.999/15, que debe entrar en vigencia en cuestión de días. Es porque, según afirman los senadores, se contradicen los principios de la libre competencia y las reglas de juego vigentes para las inversiones en la importación y comercialización de combustibles por el sector privado.
Otra medida que vislumbraba lo que vendría después, en el sentido de impulsar con fuerza el monopolio y sus importaciones de combustibles, es la concesión exclusiva a Petropar para cargar combustibles exenta de impuestos en buques de bandera extranjera, según el decreto Nº 2.436/14.
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