Escribe: Luis Alen.
La versión oficial es que resulta necesario modificar la Ley de Responsabilidad Fiscal, variando el límite del déficit público de 1,5 a 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) con el propósito de incrementar la inversión estatal con fines anticíclicos, mediante la ejecución de obras que dinamicen la economía que está muy afectada por la recesión en los países vecinos.
No pasa desapercibida una cierta maniobra del Ejecutivo para esconder su propio fracaso en relación a la realidad de que la duplicación de la deuda del Estado en dos años no sólo no trajo aparejado un impacto sólido sobre los indicadores de crecimiento, sino que se ha notado una notable falta de gestión para acelerar las mismas obras encaradas con el mayor endeudamiento.
Para tapar la ineficiencia
Básicamente, se está endeudando al país sin pausas para tapar la propia ineficiencia estatal para gestionar la inversión y su apropiada canalización con fines de apuntalar la menor dinámica económica en comparación con los años de vacas gordas.
Para corroborar lo que estamos afirmando, desde 2013 se instaló el déficit en las cuentas públicas y no ha parado de crecer, previéndose que este año alcance a 3,40 por ciento del PIB, superando lejos el tope de 1,5 por ciento establecido en la ley de Responsabilidad Fiscal.
Contrasta este hecho con los anuncios rimbombantes de inversiones privadas que acompañarían a este esfuerzo estatal, pero, por ejemplo, la misma Alianza Público-Privada (APP) ya tarde en demasía en cristalizarse en proyectos concretos de infraestructura.
Pero lo más preocupante es que los nuevos endeudamientos empiecen a ser utilizados para el pago del servicio de deudas anteriormente contraídas, ingresando el Estado en un círculo vicioso del cual resulta muy difícil salir después.
Contraer deudas por parte del Estado no está mal en sí mismo, aunque se debe tener mucho cuidado en endeudarse solamente para realizar inversiones que reditúen más producción y generación de recursos que sirvan luego para el repago de la misma deuda.
Ya salta la sospecha de que, en definitiva, el mayor endeudamiento obedece a problemas estructurales para estabilizar las cuentas públicas, por el lado de la incapacidad que existe de luchar contra la evasión tributaria y de los problemas estructurales que posee el sistema impositivo, que se basa en impuestos indirectos que tampoco rinden lo suficiente, como el caso del IVA y el Selectivo al Consumo, así como la falta de mayor desarrollo de los impuestos sobre las rentas, que son directos y que poseen una tasa muy baja de 10 por ciento.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de finalizar una misión de observación en el país y aconsejó no variar el techo del 1,5 por ciento del PIB en el déficit fiscal, acudiendo al expediente de recortes en el gasto corriente excesivo y aumentado impuestos, por ejemplo a los cigarrillos.
Pese a que el FMI alaba la gestión macroeconómico estable, y que el Paraguay todavía cuenta con un saldo de deuda externa que de hecho resulta manejable aún, lo cierto es que habría que cuidar el detalle muy significativo de que la deuda no esté camuflando la ineficacia estatal en su capacidad de gestión, como realmente aparece en el caso de algunos ministerios y entes que tienen una muy baja ejecución de sus inversiones programadas en el presupuesto nacional correspondiente a 2015.
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