Escribe: Luis Alen.
La intención del Gobierno de Marito Abdo de obtener la venia del Congreso para incrementar el tope del déficit fiscal con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) es el reconocimiento del fracaso del modelo implantado por los políticos hace más de una década, para aumentar los gastos corrientes del Presupuesto Nacional en forma desenfrenada y sin que el país creara las condiciones para un desarrollo sostenido y sustentable.
No contentos con haber ganado más margen para una cuenta en rojo de US$ 600 millones tras el ajuste del año-base de cálculo del PIB, que pasó a ser de US$ 40 mil millones, en Hacienda pretenden convencer a los legisladores y a la ciudadanía acerca de la inevitabilidad de convivir con un déficit creciente de las cuentas públicas, más aún ahora que deben incentivarse las inversiones en infraestructura como medida para revertir el ciclo recesivo en la economía.
Resulta también la señal inequívoca de la inviabilidad de la estrategia de recaudar más con la próxima reforma tributaria, que había tenido la esperanza de recibir más ingresos de la gente del campo y de la población aún esquiva a ser censada como potencial aportante del impuesto a la renta personal.
Por supuesto, el déficit será enjugado con mayor contratación de préstamos externos, vía bonos soberanos esencialmente, como ya se ha venido ejecutando desde el gobierno anterior de Horacio Cartes.
Pero los técnicos de Hacienda se cuidan mucho de presionar a los grandes contribuyentes, entre ellos las empresas de los sectores comerciales e industriales, muchos de ellos con tratamientos excepcionales que ponen en ridículo lo que tributan al fisco, en comparación a las sumas multimillonarias de la recaudación del IVA (Impuesto al Valor Agregado), que paga Juan Pueblo, y que orilla el 50 por ciento del total ingresado por la SET (Subsecretaría de Estado de Tributación).
Movilizar el capital privado
La vuelta al equilibrio de las cuentas fiscales se convierte en una quimera atendiendo a la pretensión de aumentar el límite de déficit del 1,5 por ciento del PIB, establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal, más aún cuando se tiene que mantener un nivel razonable de gastos de inversión para reimpulsar el nivel de actividad económica.
Pero, al mismo tiempo, los políticos deberían abstenerse de seguir ajustando a su antojo el presupuesto nacional, haciendo también oficial un “pacto de austeridad” o de economía de guerra, con el fin de mantener las condiciones de estabilidad macroeconómica que son necesarias para atraer las inversiones de capital privado, especialmente en la infraestructura.
Los empresarios no se cansan en advertir acerca de la imperiosa necesidad de mejorar el gasto público, por el hecho mismo de que el aumento en las recaudaciones tributarias en más de una década, ocasionó a su vez un incremento de 40 por ciento en los gastos corrientes, y principalmente de los salarios de la administración estatal.
Además del incremento en la tributación tras la reforma fiscal de 2004, los mayores ingresos por la energía de Itaipú no impactaron mucho para una mejoría en los servicios de salud o educación, sino fueron a engrosar una burocracia cada vez más extendida y sedienta de llenarse los bolsillos, tanto a nivel nacional como regional y local.
Cabe ahora preguntarse si los empresarios también se animarán a invertir capitales privados en obras viales y en otras necesarias para reforzar las líneas de transmisión y distribución de energía, con el objetivo puesto en lograr la industrialización del país con la electricidad que corresponde al país en las represas del río Paraná.
Para el efecto, tendrá que habilitarse por parte del Gobierno programas de inversión privada en la infraestructura vial y energética, de tal modo a liberar al Estado del alto y caro endeudamiento con los bonos soberanos o de otras fuentes de crédito, dejando exclusivamente los préstamos externos e internos para programas sociales urgentes.
Si en 2004 los empresarios recibieron el mejor “regalo” de la baja del 30 al 10 por ciento en el Impuesto a la Renta, cabe ahora insistirles que inviertan en el país apoyando la creación de conglomerados industriales y energéticos con el fin de aprovechar la energía excedente paraguaya en Itaipú y Yacyretá, para volver a impulsar la economía y permitir así la creación de empleos para la juventud desempleada.
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