Pese a que se ha mostrado renuente a investigar los hechos de corrupción denunciados en los dos gobiernos que le precedieron desde 2008, Horacio Cartes dio la primera firme señal de que no tolerará corruptelas en su Gobierno, tras frenar de entrada un intento de tráfico de influencias en el entorno presidencial. Un hecho fundamental para el desarrollo nacional es mostrar la imagen de país serio y de un Gobierno combativo contra la corrupción. De nada le servirán a HC sus planes de sanear las finanzas del Estado y de obtener recursos adicionales para la inversión pública, si es que no desarticula de entrada los mecanismos de corrupción que se tejen siempre alrededor de la gestión pública. La urgencia que tiene el Gobierno en lograr la aprobación de leyes como la de Responsabilidad Fiscal o la Alianza Público-Privada, puede estar alentada por el deseo de HC de vencer el último obstáculo parlamentario que se le presenta para disciplinar bajo su batuta a la clase política, pero obedece también a un hecho mucho más significativo, como es la intención de controlar el proceso de entendimiento con el sector privado para dinamizar las inversiones y al mismo tiempo evitar las corruptelas tan arraigadas en todos los procesos de obras y servicios públicos. Las leyes sancionadas y a ser aprobadas constituyen un conjunto de normativas que permitirán una ordenada gestión financiera del Estado, ya que no sólo se debe poner en equilibrio a las finanzas públicas por el lado de los ingresos, sino también realizar una gestión lo más transparente y eficiente posible en materia de egresos, conociendo que la calidad del gasto es aún una materia pendiente en la administración estatal paraguaya.
La escasez de recursos para inversión es un problema que se agrava día a día. Pese a que el Estado paraguayo posee fuentes adicionales de fondos por el lado de la binacional Itaipú, la recaudación tributaria mayor debida al aumentado movimiento económico y el financiamiento internacional, a medida que se incrementa el gasto corriente para pagar los sueldos de casi 300 mil empleados públicos (equivalente a seis estadios Defensores del Chaco repletos) se le resta partidas presupuestarias a la inversión en necesarias obras de infraestructura física y social. Como coinciden todos los análisis sobre la economía paraguaya que se realizan en el exterior, el problema paraguayo fundamental es la infraestructura inadecuada que se constituye en un cuello de botella para el desarrollo económico y social del país. Esto a pesar de las potencialidades notorias en materia de recursos productivos que ostenta el Paraguay. Es por lo tanto urgente apostar a la venida de los inversionistas, pero todos ellos están aguardando que el Congreso finalmente otorgue su respaldo a las leyes solicitadas y se dé simultáneamente un fuerte combate a la corrupción.
Lucha relajada
No pasa desapercibido a los inversores extranjeros que la lucha contra la corrupción se ha relajado en exceso durante los últimos tiempos, no habiendo en estos momentos ningún condenado por hechos delictivos ligados a las corruptelas profusamente denunciadas a lo largo de por lo menos los últimos diez años, coincidentes con los gobiernos de Nicanor Duarte Frutos, Fernando Lugo y Federico Franco.
La impunidad con la que se actúa al frente de los estamentos públicos, en complicidad con instancias también corrompidas del sector privado, tiene su respaldo en la actitud casi complaciente de la administración de Justicia hacia los funcionarios sospechados, a tal punto que ya es lugar común señalar en la sociedad paraguaya que todo va al folclórico “opa rei”, que traducido del guaraní al español significa que los procesos terminan sin pena para el encausado y sin gloria para la causa del saneamiento moral de la nación. El presidente Horacio Cartes definitivamente no desea hurgar en el pasado de los gobiernos que le precedieron y prefiere mirar el porvenir, sosteniendo que hay mucho por hacer en materia de obras para el país. Casi con seguridad, HC, con su reconocido pragmatismo empresarial, cree que es pérdida de tiempo tratar de recuperar lo robado en las administraciones anteriores, y apuesta por el cambio de la gestión pública que permita ir reduciendo los espacios de corrupción que pululan en las reparticiones estatales. Pero debe ser consciente el primer mandatario que su misma gestión puede estar en riesgo en la medida que no sea implacable con los corruptos. Lo ha demostrado que piensa en eso al desenmascarar rápidamente una red de tráfico de influencias en su propio entorno palaciego, que no afectó su primer anillo, con el caso de la denuncia a la fiscalía de pedidos de coima a inversionistas para entrevistas en el Palacio de López con el Jefe de Estado, realizados por una “Fundación Nuevo Rumbo Paraguay”.
Ojalá que esta primera embestida contra la corrupción de funcionarios y miembros del sector privado sea un toque de atención contra quienes tratan nuevamente de lucrar con las escasas fuentes de recursos del Estado y de seguir esquilmando así al sufrido pueblo paraguayo, porque la corrupción no sólo resta fondos para las inversiones necesarias sino también retacea recursos para los sectores más vulnerables azotados por una galopante pobreza, que en muchos casos ya es extrema e inhumana.
Escribe: Luis Alen
lusialgo@yahoo.com
Facebook Comentarios