Por Luis Alen.
Hace un tiempo, Horacio Cartes había solicitado a empresarios brasileños interesados en invertir en Paraguay, que “usen y abusen” de nuestro país. Pero ahora resulta que es al revés, porque HC es el que “usa y abusa” del Paraguay nada menos que en detrimento de la inversión privada extranjera, representada en este caso por la poderosa estatal brasileña Petrobrás, a través de simples decretos con los que pretende imponer la supremacía del Grupo Cartes sobre el negocio petrolero en el país, haciendo trizas de todo un sistema de libre concurrencia establecido en el año 2000 a partir de las garantías brindadas por la Constitución de 1992.
El pedido de amparo constitucional de Petrobrás contra los decretos 2.999 del 27 de enero y 3.324 del 27 de abril, es sólo la punta del ovillo, ya que el malestar resulta general en el ámbito de las empresas similares (emblemas, distribuidoras y terminales de combustibles) porque Petropar ha sido beneficiado con un monopolio del 50 por ciento del mercado de nafta virgen, nafta común y gasoil común, obligando a las firmas a adquirir estos carburantes de la empresa estatal y encima a venderlos en las estaciones de servicio ligadas a ellas.
La mayor parte de las empresas tuvo que firmar contratos con Petropar bajo presión del Gobierno, representado en este caso por el Ministerio de Industria y Comercio, que tiene en sus manos la espada de Damocles sobre los emblemas y distribuidores en el caso que se rebelen contra el nuevo régimen dictatorial en los combustibles. Simplemente les puede negar el permiso de importar combustibles, porque tiene en sus manos el garrote de la Licencia Previa de Importación (LPI)
El sistema de libre importación de combustibles fue puesto en vigencia en agosto de 2000 durante el Gobierno de Luis González Macchi, pero quince años después el “nuevo rumbo” de Horacio Cartes lo ha desbaratado abruptamente, dejando en “off-side” a las empresas nacionales y extranjeras que habían apostado al nuevo ordenamiento jurídico amparado por dictados constitucionales.
Los decretos 2.999 y 3.324, atacados por Petrobrás como inconstitucionales, se contradicen precisamente con el artículo 107 de la Constitución, que dice: “Toda persona tiene derecho a dedicarse a la actividad económica lícita de su preferencia, dentro de un régimen de igualdad de oportunidades.Se garantiza la competencia en el mercado. No serán permitidas la creación de monopolios y el alza o la baja artificiales de precios que traben la libre concurrencia. La usura y el comercio no autorizado de artículos nocivos serán sancionados por la Ley Penal”.
Asimismo, se garantiza además de la libre competencia establecida en el artículo 107, la libre circulación de mercaderías introducidas legalmente al país, en al artículo 108:“Los bienes de producción o fabricación nacional, y los de procedencia extranjera introducidos legalmente, circularán libremente dentro del territorio de la República”.
Finalmente, el artículo 109 indica: “Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la ley, atendiendo a su función económica y social, a fin de hacerla accesible para todos.La propiedad privada es inviolable.Nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de sentencia judicial, pero se admite la expropiación por causa de utilidad pública o de interés social, que será determinada en cada caso por ley. Esta garantizará el previo pago de una justa indemnización, establecida convencionalmente o por sentencia judicial, salvo los latifundios improductivos destinados a la reforma agraria, conforme con el procedimiento para las expropiaciones a establecerse por ley”.
Gobierno expropia por decreto
Lo que hizo el Gobierno a favor de Petropar fue confiscar una parte del mercado perteneciente al régimen de libre concurrencia garantizado por la Constitución, y en el cual habían entrado a competir las empresas bajo el marco de la seguridad jurídica. Como establece la misma Constitución, una expropiación sólo se puede llevar a cabo por ley y no por decreto, como ocurrió en el caso del régimen petrolero, lo que configura un hecho de abuso de autoridad del Poder Ejecutivo.
De allí que los decretos atacados por Petrobrás resultan claramente inconstitucionales, por cuanto hacen trizas las garantías establecidas en la Carta Magna, como la libre competencia, el mercado abierto a todas las mercaderías introducidas legalmente al país y la propiedad privada.
La intención de Horacio Cartes detrás de todo esto es el manejo del negocio petrolero por parte de su grupo empresarial, comenzando por la presencia de su gerente asesor “ad honorem” en Petropar, Carlos Rubén Cañete Tarman, quien fue en su tiempo también tesorero del Club Libertad, donde HC fue presidente por varios años.
No extrañaría que el interés empresarial de Cartes se centre en la realización de negocios no directamente por una empresa de su grupo, sino a través de otras empresas ligadas al hólding de alguna forma, como ya se ha sospechado en el caso del flete de combustibles desde el río de la Plata, que en una parte fue adjudicada a una naviera amiga del poder, Panchita G de Navegación, que a su vez tiene relación con el emblema Puma Energy y la transnacional Trafigura, que ya fue proveedora de derivados de petróleo a Petropar que en su momento fueron cuestionados por su baja calidad y excesivo contenido de azufre.
El “uso y abuso” del poder hegemónico cartista en el negocio petrolero tiene entonces las claras características de una avanzada del Grupo empresarial del presidente con miras a demostrar a todos en el país quién es el que “corta la torta” en tan importante y estratégico rubro del sector energético nacional. Así se explica que el propio gerente del Grupo haya desembarcado en Petropar en 2013 y sea quien maneje la empresa estatal por órdenes que vienen directamente de su jefe HC.
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