Tras la pérdida del poder popular, al clan Zacarías le aguarda horas difíciles, que tendrá que sortear ante el grave cuestionamiento de gestión pública que viene ejerciendo desde hace años la ciudadanía sobre algunos integrantes de este grupo político, y que empezó a multiplicarse después de las elecciones generales del pasado 22 de abril.
Las nuevas autoridades de la Gobernación del Alto Paraná, liderado por el titular del ejecutivo departamental, Roberto González Vaesken, denunciaron que al tomar posesión en el cargo, se encontraron con la sorpresa que importantes documentos fueron quitados de la institución por el equipo del ex gobernador, Justo Zacarías, cuya gestión soporta varios cuestionamientos de irregularidades.
González Vaesken ya anunció que realizará una auditoría general a la gestión de Lucho Zacarías y a su reemplazante Fernando Shuster, éste que estuvo al frente de la gobernación en los últimos 8 meses. Ambos están bajo sospecha de haber cometido dolo durante sus respectivas administraciones.
El gobernador altoparanaense de esta manera cumplirá con la promesa realizada al pueblo durante la campaña electoral, el “combate a la corrupción”. Vaesken sostuvo desde un principio que al acceder será implacable con quienes transitan al margen de la ley, por lo que aquellos que metieron o meten la “mano en la lata” deben ser castigados.
La primera autoridad departamental pondrá mano dura y declaró guerra a la corrupción y al clan Zacarías, que desde hace más de 17 años ha tomado por su cuenta la capital del Alto Paraná, convirtiendo algunas instituciones públicas, como la gobernación y la municipalidad, en un negocio privado. Hasta ahora este grupo político sigue viviendo bajo el amparo de la impunidad, que a pesar de las denuncias arrimadas ante la justicia, ninguna fue investigada por el Ministerio Público. Todas fueron encajonadas.
Hoy con el giro político dado, las instituciones responsables tienen la obligación de enderezar rumbo y comenzar a trabajar para transparentar las cosas públicas. La corrupción en el país ha llegado a distancia extrema, por lo que las autoridades tienen el compromiso, comenzando desde el presidente de la República hacia abajo, a demostrar voluntad política para tratar de “desinfectar” esta nación guaraní, de los graves males que le aquejan.
No queda otra, si en verdad se piensa construir un Paraguay diferente. Si se pretende un país más justo, equitativo y solidario, necesariamente se debe extirpar el cáncer llamado corrupción, que tanto daño ya ha generado a lo largo del tiempo a la ciudadanía. El presidente Mario Abdo Benítez tiene que brindar todo su apoyo en ese sentido, y no cometer el desatino de su antecesor, que antes que combatir y castigar a aquellos que transitan al margen de la ley, se propuso defender y hasta otorgarles “protección” política y hasta jurídica, gracias a algunos jueces y fiscales venales.
Estas cosas se deben erradicar definitivamente del Paraguay. El gobierno tiene que demostrar al mundo que aquí hay seguridad jurídica y política, para que mañana puedan venir a invertir los grandes empresarios extranjeros.
Pero mientras los corruptos continúen haciendo de las suyas, sin que sean castigados, seguiremos siendo vistos como el “país bananero”, donde no hay confianza para realizar inversiones. Por tanto, el deseo del gobernador del Alto Paraná, Roberto González Vaesken, en limpiar de corruptos la institución departamental y castigar a los miembros del clan Zacarías debe necesariamente tener el apoyo del presidente Marito y de los congresistas patriotas.
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