Escribe: Luis Alen.
El nuevo Gobierno que asumirá el próximo 15 de agosto tiene ya claro el panorama deficitario de las cuentas públicas y la forma de encararlo, a través de la subida general de las tasas de los impuestos ya existentes. Pero se olvida que existe otro gran problema, como es la calidad del gasto público, dentro del cual se sitúa la necesaria pero demorada reforma del Estado.
Los integrantes del equipo económico de transición, integrado entre otros por la actual ministra de Hacienda, Lea Giménez, y el próximo titular de la misma cartera, Benigno López, se han puesto de acuerdo en la imperiosa necesidad de atacar el déficit con lo primero que tienen a mano, es decir, con la solución más fácil de elevar los porcentajes de impuestos, sin pensar siquiera en las medidas tendientes a una mayor austeridad en el presupuesto nacional, o asimismo en incrementar la eficiencia en el funcionamiento de las entidades estatales, especialmente de aquellas relacionadas con los procesos productivos, como el caso de empresas de servicios como la ANDE, muy cuestionada por sus reiterados cortes de energía que presionan sobre los resultados del ámbito privado.
En este contexto, salta a la vista otro aspecto que debe ser abordado y es la forma en que se ha venido financiando el balance deficitario de la administración central del Estado, como ha sido el endeudamiento público mayúsculo en que ha incurrido la gestión Cartes en los últimos cinco años, a tal punto que lo único que queda en caja son US$ 426 millones de la última colocación de los bonos soberanos, pero destinados por Hacienda para el repago de la misma deuda y de aportes de capital por compromisos asumidos en el exterior.
Por lo tanto, el saldo rojo gubernamental aparece así hasta asustador para cualquiera que se disponga a recibir en esas condiciones la administración estatal. Y más aún cuando los que van a entregar la posta vienen ahora a sugerir la solución más rápida que es el incremento de impuestos, dejando esta ingrata tarea a los nuevos responsables de Hacienda, en una acción que incluso se puede calificar de “inmoral”, como lo acaba de señalar Beltrán Macchi, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (CNCSP)
Diálogo in extremis
Para los sectores representativos del empresariado, se vuelve a plantear la necesidad de una mesa de diálogo para trabajar sobre un plan general de reforma del Estado y de la administración pública, que no sólo incluya aumentos de impuestos, sino el más amplio aspecto de la racionalidad y eficiencia en la gestión estatal, que abarque también un mejor cobro de los tributos ya existentes, sin necesidad de aumentar las alícuotas vigentes, en un país donde se sabe imperan la informalidad, el contrabando y la evasión impositiva.
Lo llamativo es que se vuelva a plantear ahora la mesa de diálogo, cuando la constante ha sido durante todo el gobierno de HC prácticamente ignorar al sector privado, y esto a pesar de la extracción supuestamente empresarial del Gobierno saliente.
Pero nunca será tarde cuando los reclamos del empresariado son totalmente legítimos, como ya se dijo en la inauguración de la Expo 2018, cuando el titular de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Gustavo Volpe, no se cansó en denostar el proceder del Gobierno cartista, que invariablemente se cerró a cualquier propuesta presentada por los empresarios, entre ellas la de evitar que la politiquería y los líos por mantener el poder pongan en peligro los logros del trabajo sin pausas de la iniciativa privada para llevar adelante los buenos números de la macroeconomía del país.
El proyecto de impuestazo deberá pasar primero por el Congreso, por lo que se lo podrá discutir ampliamente. Sin embargo, la idea es, mientras tanto, endeudar de nuevo al país con una súper emisión de bonos por una sola vez, pensando en la necesidad de seguir financiando el gasto público deficitario en los próximos dos o tres años, hasta tanto se logre aumentar las recaudaciones tributarias con los incrementos proyectados de tasas impositivas.
Lo bueno, en cambio, sería que también, con el aporte del sector privado, se consiga iniciar el proceso de una amplia reforma del Estado, para reducir el gasto superfluo, aumentar la eficiencia en los ingresos, al mismo tiempo de propender a un funcionamiento más eficiente de las empresas de servicios públicos.
Sin que por ello se deje de poner el acento en la liberación de más recursos con destino a los programas sociales de reducción de la pobreza, manteniendo igualmente como prioridad máxima los gastos en salud y educación.
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