El Gobierno liberó la importación para el sector privado las naftas virgen y económica, pero mantuvo el monopolio parcial del diesel tipo I y III, bajando el porcentaje de regulación del anterior 50 por ciento al 36 por ciento de su compra en el exterior. A su vez, Horacio Cartes se empecina en no bajar más el precio del gasoil, buscando apuntalar a Petropar, amenazada desde hace años por la quiebra, con una alta deuda, y que tambalea por un alto costo operativo de cariz político.
Escribe: Luis Alen.
El nuevo decreto, que lleva el número 7.149, mantiene de todos modos la obligatoriedad de firmar contratos con Petropar por parte de las distribuidoras privadas de combustibles, según las cantidades y el precio que establezca el ente estatal, lo que por supuesto no es del agrado del sector privado petrolero.
Para peor, el nuevo decreto no establece el límite de 10 días que tenía vigencia anteriormente para la concesión de los permisos de importación de los emblemas privados, pudiendo ahora el Ministerio de Industria y Comercio no otorgar dichas licencias, incluso por tiempo indefinido.
Es que Petropar debe por lo menos facturar alrededor de US$ 80 millones/año para mantenerse con vida, atendiendo a su gasto de US$ 50 millones/año y el pago de la deuda a PDVSA de Venezuela, de US$ 30 millones/año en los próximos 10 años.
Por los decretos monopólicos de 2015, el año pasado, 2016, Petropar facturó US$ 114 millones, de los cuales US$ 89 millones, el 78 por ciento, provinieron de la importación realizada dentro del 50 por ciento regulado del mercado, para las naftas virgen y económica, además del gasoil tipos I y III.
Las “ganancias” no son tales
En forma repetida, los voceros oficiales del sector petrolero, como el titular del MIC, Gustavo Leite, se ufanan de las “ganancias” de Petropar, de alrededor de US$ 60 millones en 2016, que la mantendrían a flote, pero todo a costilla del consumidor de gasoil y de las empresas privadas distribuidoras.
El verdadero motivo de las supuestas “ganancias” de Petropar, además del monopolio en detrimento del sector privado en la importación, es que el precio local del gasoil –el combustible más utilizado en el país- sólo bajó 20 por ciento en la era Cartes, ya que de costar el tipo III G. 5.290 el litro en setiembre de 2013, pasó a ser vendido al público en G. 4.190 x litro desde octubre del año pasado.
Esta reducción contrasta con la evolución bajista mucho más pronunciada que se dio en el mercado internacional para el mismo combustible, donde el promedio se ubicaba en los US$ 780/m3, a inicios de la gestión de Horacio Cartes, para luego situarse en la actualidad en US$ 239/m3, lo que supone una caída de 70 por ciento.
Se puede decir que mantener el elefante blanco de Petropar le cuesta al país mucha plata, haciendo que financien el monopolio prácticamente todas las actividades consumidoras del vital combustible que mueve la maquinaria de la economía.
Detrás del mantenimiento de esta situación se encuentra el prebendarismo político, ya que existen centenares de operadores políticos, principalmente del oficialismo, que sobreviven del ente estatal.
Pero también la vigencia del monopolio de importación de Petropar, del 50 por ciento del mercado entre 2015 y 2017, se debió al negocio de la adquisición en el exterior y transporte de los combustibles, donde está la suculenta tajada para el grupo político en el poder.
De paso, el cartismo aprovecha para la propaganda política el hecho de que pueda vender gas más barato en los barrios a través del tanque móvil “Ñande Gas”, con fondos que salen indudablemente del monopolio parcial del gasoil. Asimismo, así puede subsidiar la producción de alcohol para su mezcla con la nafta en la planta que posee en Troche, Guairá, y que ahora no tiene cantidad suficiente en stock, por lo que directamente Petropar dejó al arbitrio del sector privado la importación de naftas virgen y económica de 85 octanos, desligándose del problema con los cultivadores de caña de azúcar.
Es la razón que también está detrás del menor margen que les cobran a los operadores privados de estaciones de servicio con el emblema Petropar, aumentando aún más la competencia desleal con el sector privado, con el agregado de la “renta” de terrenos pertenecientes a seccionales coloradas, con el implícito propósito de un gran negociado con la dirigencia de esta nucleación política, y mantenerla así “tranquila” para apoyar al poder cartista.
La pregunta obligatoria es: ¿es sostenible una empresa que debe cubrir un costo por lo bajo de US$ 80 millones/año (gastos+deuda), con la eliminación del monopolio parcial del gasoil y de su precio interno artificial?
El fin del monopolio que afecta al sector privado ocurrirá en julio de 2018, según el decreto, a un mes del inicio de un nuevo período presidencial. Lo cierto es que si hay un gobierno de signo diferente al cartista, tendrá que cargar con un pesado paquidermo, mientras que si sigue el cartismo, lo más probable es que prosiga el sistema actual en detrimento a la libre iniciativa privada, del bolsillo de todos y de toda la economía nacional.
Petropar miente sobre supuesto ahorro en
flete y vuelve a adjudicar a naviera “amiga”
Petróleos Paraguayos (Petropar) se jacta de que podrá “ahorrar” en el período 2015-2019 hasta US$ 73,9 millones por una supuesta baja en la cotización del flete fluvial de combustibles conseguida por el actual Gobierno, pero la realidad indica lo contrario, con el agregado de una dudosa adjudicación a una naviera “amiga” del poder.
Como confirmando que Panchita G de Navegación es la empresa mimada del cartismo, tal como ya ocurriera en la licitación anterior de 2015, Petropar adjudicó a esta firma el flete fluvial de combustibles, fijándose como precio referencial 40,5 US$ el metro cúbico.
También como pasó hace dos años, nuevamente las firmas que mejor cotizaron, Mercopar y Riverpar, fueron descalificadas, a pesar de ofertar un precio más competitivo de 35,8 US$ el m3. La descalificación ocurrió igualmente en forma muy llamativa, después de la subasta a la baja electrónica, aduciendo la entidad estatal supuestas falencias en la documentación exigida en el pliego de bases y condiciones.
De esta forma, Panchita G de Navegación ganó casi sin despeinarse la adjudicación de Petropar para el transporte fluvial de derivados de petróleo, en el trayecto principal Río de la Plata – Villa Elisa, confirmando la “amistad” que habría entre esta empresa y el entorno cartista.
Un “ahorro” mentiroso
Con bombos y platillos, el Gobierno y Petropar hablan de un “ahorro” de US$ 31,1 millones en el período 2015-2017 y de 73,9 millones US$ hasta 2019, pero lo cierto es que la diferencia positiva fue sólo de apenas 3,6 millones US$ tras el contrato de 2015, como resultado de la aplicación de la fórmula de ajuste sobre el precio de referencia de 2012, de US$ 66 el m3, que bajó tres años después a US$ 49,6 el m3 por efecto de la menor cotización del gasoil en el mercado internacional.
A enero de 2016, esta cotización real del flete se redujo aún más, a US$ 45,8 el m3, con lo cual la diferencia fue de 3,8 US$ el m3, lo que se tradujo en el “ahorro” de US$ 3,6 millones, atendiendo a la cifra mínima de transporte de 40 mil m3 mensuales.
Si al precio del flete se le agrega el costo operativo declarado por Petropar para este menester, se tiene que al revés de lo anunciado por las autoridades del Gobierno, en realidad se está en presencia de un aumento de por lo menos US$ 28 millones en el costo total de flete más costo operativo, según los datos proporcionados por la entidad estatal al Senado el año pasado.
Lo que aparece con el informe de Petropar al Senado es que la “gran baja” en el precio del flete no fue tal, porque en realidad rigió una cotización mucho menor a la inicialmente contratada en 2012, desde el comienzo del Gobierno de Horacio Cartes, como consecuencia de la aplicación de la fórmula de ajuste por la baja en la cotización internacional del gasoil.
Además, desde 2013 a 2015, se pudo observar un gran incremento en los gastos operativos del ente estatal, lo que holgadamente neutralizó la pequeña ventaja lograda frente a la cotización real ya vigente del flete al momento de firmarse el contrato de 2015.
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