Es de conocimiento público que el gobierno de Federico Franco vació las arcas del Estado, situación que pone a la administración de Horacio Cartes en jaque mate. El panorama es sombrío y el nuevo gobierno tendrá que hacer magia para revertir la condición calamitosa dejada por la gestión liberal, que llevó todo lo que halló en su camino.
Franco, un hombre muy cristiano, que no salía de la iglesia, muy rápido empezó a perder la confianza de la ciudadanía, cuando comenzó a transmitir una doble personalidad. Un devoto católico, pero en la práctica hacía totalmente otra cosa.
El ex presidente, cuando fue investido como primer mandatario, emitió un discurso alentador, de que con su asunción al mando acabarían los privilegios, así como la corrupción y el nepotismo. Sin embargo, a días de su mandato, nombró a su cuñada, esposa del actual senador Julio César Franco, como consejera de Yacyretá. Es decir, prometía ante la opinión pública una cosa y hacía exactamente otra.
El actual gobierno, desde un principio, prometió impulsar todas las demandas judiciales contra los esquilmadores de los recursos públicos. La población paraguaya aguarda con expectativa, que los responsables de los latrocinios no sean beneficiados con la impunidad.
Días pasados quedó demostrada la lacerante situación de las arcas del Estado, cuando se abatió el temporal sobre varias regiones del país. La Secretaría de Emergencia Nacional no contaba con recursos para prestar ayuda a las miles de familias que quedaron a la intemperie, por causa del fenómeno natural.
Algunos grandes negociados del gobierno anterior, incluyendo la gestión de Fernando Lugo y Federico Franco, se pueden citar, entre otros, el despilfarro en el ministerio de Obras Públicas, la escandalosa venta de las tierras de “San Agustín”, que tuvo un claro tufo de pacto político libero-oviedista y la misteriosa desaparición del INDI de 3 mil millones de guaraníes, que debería ser destinados para familias indígenas del Chaco.
El gobierno de Cartes tendrá que encaminar estos hechos y varios otros ante el Ministerio Público (algunos ya están con proceso judicial) a fin de que sean investigadas estas rapiñas en contra del Estado paraguayo.
El actual gobierno tiene la responsabilidad y el compromiso, por un lado, de recuperar el dinero de toda la ciudadanía, y por otro, procurar que la justicia aplique castigo ejemplar a los responsables de estos robos, desde el más abajo hasta el más encumbrado. No tiene que existir perdón para nadie.
A nivel regional, es importante recordar la galopante impunidad que reina en la gestión del clan Zacarías en la municipalidad de Ciudad del Este, grupo, que desde el 2001 maneja la institución como un negocio privado. Hace 12 años que la Contraloría General de la República (CGR) no puede ingresar a auditar la administración de los Zacarías, a raíz de una descabellada resolución dictada por el juez Manuel Seaifildin
El clan Zacarías siempre estuvo amparado en la impunidad, gracias a algunos jueces y fiscales, que como pago de favores, les otorgan privilegios, para que continúe haciendo lo que se le antoja. La justicia debe comenzar a dar un giro en su accionar corrupto, castigando a todas las personas, sin excepción alguna, que actúan al margen de la ley. Impunidad cero para los sinvergüenzas.





























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