Cunde entre municipios, gobernaciones y otras reparticiones estatales el mal ejemplo del Clan Zacarías de blindar su gestión a las auditorías de la Contraloría General de la República (CGR). Bajo autorización judicial, el que se encarga de la tarea es el Tribunal de Cuentas, que sólo se limitó año tras año a “blanquear” a la comuna de Ciudad del Este.
La decisión de la Justicia se convirtió en verdadera jurisprudencia que mueve a los demás organismos del Estado a acudir al método de blindaje de Javier Zacarías Irún y su Clan, para así tranquilamente eludir a los auditores de la CGR, mientras recurren al Tribunal de Cuentas, que no cuenta con la más mínima infraestructura ni la cantidad de auditores para asumir la misión que le encomienda la Constitución a la Contraloría.
El presidente Horacio Cartes puede llegar a no tener referencias exactas sobre la gestión realizada no sólo en municipios, supuestamente amparados por la autonomía administrativa, sino también por los mismos ministerios, secretarías de Estado y empresas públicas, que podrían acudir al mismo sistema de los Zacarías en Ciudad del Este.
Pero lo preocupante es que no sólo un juez de primera instancia haya resuelto blindar la gestión del municipio esteño, sino también ahora la Corte Suprema de Justicia le ha dado la razón, al enviar al Tribunal de Cuentas la auditoría y revisión de las cuentas de 2009 de la Secretaría de Emergencia Nacional, a cargo de Camilo Soares.
El problema es que la Corte hizo una interpretación de la Constitución que le impide actuar en el tema a la CGR, dejando a ésta institución prácticamente al borde de su desaparición por no tener el imprescindible soporte judicial, ya que otras reparticiones del Estado harán lo mismo que Zacarías y Soares.
La impunidad de los funcionarios públicos podría ser consagrada plenamente por la Justicia, después de lo ocurrido con la comuna de Ciudad del Este, cuya administración ha sido blanqueada año a año por el Tribunal de Cuentas desde 2008, cuando se prohibió a la Contraloría General la presencia de sus auditores en la capital del Alto Paraná.
Sin embargo, son constantes las denuncias de irregularidades administrativas en dicho municipio, incluso de parte de sus funcionarios y ex empleados, algunos de ellos despedidos sin poder cobrar un solo centavo de indemnización o sus salarios caídos, pese a contar con sentencias favorables de los tribunales laborales.
Tampoco fue posible la llegada de los auditores de la CGR, el año pasado, a pesar de que la misma Cámara de Diputados había ordenado la realización de una intervención en la municipalidad dirigida por el Clan Zacarías.
El paraíso de la impunidad
El presidente Cartes se está esmerando en realizar una gestión transparente y no se cansa en invitar a los inversionistas internacionales en radicar su capital en el Paraguay. Para ello, ha logrado importantes avances en leyes como la de Responsabilidad Fiscal, la de Alianza Público-Privada y la reforma de la Ley de Defensa Nacional.
Se nota que el jefe de Estado quiere terminar con la imagen del paraíso de la impunidad en que se han manejado los políticos durante años.
Pero ahora está en peligro su intención de controlar la gestión de las finanzas públicas con la pretensión de evitar que los auditores de la Contraloría General se hagan presentes para fiscalizar las cuentas de las entidades públicas, y enviar a la fiscalía, si existe mérito para ello, los antecedentes de posibles desvíos de fondos.
Mantener una costosísima infraestructura como la de la CGR no tendría sentido si es que continúa la tenencia actual de esterilizar la función de esta entidad clave para la transparencia del Estado, establecida para el efecto por la misma Constitución de la República.
Quien inauguró este accionar al margen de las disposiciones constitucionales es el jefe del Clan esteño, que a partir de este blindaje puede manejar a su antojo las finanzas de Ciudad del Este y erigirse de paso en personaje clave de la política criolla, con pretensiones hasta de presidente de la República.
Y esto ocurre por obra y gracia de una medida del Poder Judicial, que dio un barniz legal dudoso a los Zacarías, que no son auditados por la Contraloría desde 2001.
La disposición judicial señala que el juzgamiento de la administración municipal corresponde al Tribunal de Cuentas, no pudiendo ningún órgano administrativo de la República realizar examen especial alguno de la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de la Municipalidad de Ciudad del Este. Tampoco se pueden realizar auditoría de gestión ni inspección técnica por obras de la comuna.
Si el mal ejemplo del Clan Zacarías se expande por todas las reparticiones estatales, como es la tendencia, es casi seguro que el presidente Cartes no tendrá la información adecuada sobre la marcha de las distintas entidades del Estado, no pudiendo tomar decisiones sobre la base de datos reales y, por ende, no podrá cumplir con las metas propuestas para el nuevo rumbo de transparencia y excelencia en la gestión.
Escribe: Luis Alen
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