Indert busca recuperar 900 hectáreas de tierras en Itakyry

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El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la tierra (Indert) inició el proceso de recuperación de unas 900 hectáreas de tierras ubicadas en el lugar conocido como Campo Redondo, jurisdicción del distrito de Itakyry, localidad ubicada a 120 kilómetros al norte de Ciudad del Este, Alto Paraná.

 

En este contexto, el juez Miguel Ángel Rodas se constituyó en las tierras acompañados del presidente Indert, Justo Cárdenas y el gerente general del ente, Carlos Liseras, y otros funcionarios. La diligencia se realizó como parte del proceso que tiene por objetivo recuperar tierras ocupadas irregularmente por unas diez familias.

El recurso interpuesto por el ente es a los efectos de adquirir la posesión del inmueble de su propiedad, es decir, busca recuperar y disponer efectivamente de esas tierras compradas por el instituto en el año 2012, pero que no fueron inscriptas ni parceladas por las anteriores administraciones del ente.

El juez constató que uno de los ocupantes posee más de 200 hectáreas hoy convertidas en sojales, mientras otros explotan más de 50 hectáreas en promedio, contraviniendo el Estatuto Agrario que establece que cada beneficiario de la Reforma Agraria puede poseer hasta 30 hectáreas en la Región Oriental.

El magistrado resolverá sobre el pedido del ente en los próximos días, con lo que se concretaría la recuperación de las tierras del Estado en Campo Redondo, en el marco de la política del Gobierno para favorecer a los compatriotas de los sectores más vulnerables, otorgándoles las parcelas para vivir y trabajar dignamente.

El caso más emblemático de la recuperación de tierras del Estado lo constituye la Colonia Santa Lucía, también en la misma zona de Itakyry, Alto Paraná, donde más de 3.000 hectáreas volvieron a manos del Indert, que reubicó en el lugar a 570 familias provenientes de Ñacunday.

 

La meta del ente es recuperar un total de 15.000 hectáreas ocupadas ilegalmente por productores no sujetos de la Reforma Agraria, para destinarlas a los fines sociales para los cuales fueron adquiridas por el Estado.

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