El caso del senador colorado Víctor Bogado sólo vino a colmar el vaso de la imperante corrupción que reina en el país, donde el centro de atención son las instituciones públicas, las que, urgentemente, necesitan ser saneadas para tratar de poner en andamiento la nación.
Sin embargo, en las últimas semanas la crisis se trasladó al Congreso Nacional, donde 23 legisladores, conocidos hoy en día como “senarratas”, votaron por el no desafuero de Bogado, evitando así que el mismo sea investigado por la justicia por varias irregularidades, como tráfico de influencia, estafa y otros presuntos delitos.
El caso más sonado que envuelve al polémico senador republicano es el ahora conocido como “niñera de oro”, de nombre Gabriela Quintana, quien recibía salarios del Congreso y de la Itaipú Binacional. Pero de acuerdo a los últimos datos, la mujer no se desempeñaba como servidumbre de la familia Bogado, sino, aparentemente, se trata de una “amiga” del senador, conocido en la faceta de mujeriego.
Tras producirse el blindaje de Bogado, una indignada ciudadanía salió a la calle a manifestar su repudio, como también por las redes sociales, llegando a tener un impacto nunca antes imaginado. Los 23 senadores, que impidieron que el legislador sea despojado de su inmunidad, fueron escrachados de los sitios públicos, llámese restaurantes, cines, supermercados, centros comerciales, etc.
Esta actitud de la población demuestra la gran madurez cívica alcanzada, y lo más importante, que ya no se callará ante los abusos de los políticos, y principalmente, de las autoridades. Terminó la época de la sumisión. Es la hora de la rebelión pacífica, en que la ciudadanía con pecho gentil sale a reclamar y exigir sus derechos.
Hoy varios de los senadores escrachados demostraron su arrepentimiento, y coincidieron en afirmar que procedieron mal al otorgarle al colega el blindaje contra la justicia. Pero la contrición llegó tarde y el pueblo ya no está para continuar tolerando la burla de sus representantes. Se dijo que hoy jueves Víctor Bogado solicitaría al pleno su desafuero. Pero tal hecho no va a ocurrir, porque no se va a incluir en el orden del día de la sesión de la fecha.
La ciudadanía no puede centrarse solamente en el caso de Víctor Bogado, porque en comparación a otros hechos de corrupción, es una gotita en el mar. La indignación de la gente debe trasladarse a otras esferas del poder y sobre otros políticos y autoridades, quienes esquilmaron los recursos públicos, donde raíz de eso la situación social es cada vez más calamitosa.
Los escandalosos despilfarros cometidos en las distintas esferas del poder durante la gestión de Federico Franco no pueden quedar impunes. El presidente Horacio Cartes tiene la responsabilidad moral de impulsar la denuncia ante el Ministerio Público para que sean investigados los hechos y de existir culpables, que sean procesados y castigados, llámese Federico Franco, Efraín Alegre, y que no termine sólo con el encarcelamiento de Rubén Quesnel u otros responsables de poca monta, como es tan folklórico en esta nación guaraní.
También aquí en el Alto Paraná tenemos autoridades y políticos que han cometido robos escandalosos, como el caso de los integrantes del clan Zacarías, que también deben ser incluidos en el escrache. Desde el 2001 vienen esquilmando los recursos públicos de la municipalidad, además de concretar grandes negociados con los terrenos comunales. El pueblo ya no tiene porqué seguir otorgando tolerancia a los corruptos. La indignación no debe limitarse sólo con los “senarratas”.





























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