La imperante corrupción fluye por todos los costados en el entorno del clan Zacarías, cuyos integrantes están acusados y denunciados por varios hechos irregulares cometidos, principalmente, en la municipalidad y en la gobernación del Alto Paraná.
Pero los principales blancos de la escandalosa corrupción son Javier Zacarías Irún (ex intendente) y su esposa, Sandra McLeod de Zacarías, actual jefa comunal del segundo municipio más importante de la república. Son más de 17 años de gestión municipal, y la institución nunca conoció de un trabajo de auditoría contable por parte del principal órgano fiscalizador, la Contraloría General de la República (CGR).
El jefe del clan, Javier, a quien apunta la ciudadanía como principal cerebro del esquema de corrupción montando en la comuna paranaense, siempre se defendió diciendo que su anterior administración y la de su esposa “son limpias y transparentes”. Sin embargo, curiosamente, interpuso en la justicia una medida cautelar para que la Contraloría no ingrese a la municipalidad a realizar su tarea de fiscalización de control contable, como está establecida en la propia Constitución. Sí, el Tribunal de Cuentas, podría hacerlo y anualmente se encarga de retirar las documentaciones, para “blanquear” las irregularidades en la institución, que está blindada hace más de 17 años. Este modus operandi del Tribunal de Cuentas se viene dando desde que asumió el poder comunal el clan esteño, en el 2001.
La justicia paraguaya de una vez por todas debe dejar de ser selectiva, aplicando la ley a todos por igual. De lo contrario seguirá reinando la injusticia y los facinerosos ligados a los poderes fácticos continuarán gozando de la impunidad, un mal que tanto daño ya ha causado a esta nación sudamericana, envuelta, en las últimas décadas, en una mega-corrupción, y si el actual gobierno no demuestra una efectiva voluntad política para combatir este flagelo, el país seguirá sumido en la extrema pobreza, la delincuencia y la degradación cada vez más profunda de esta sociedad.
Es necesario que haya decisiones valientes de las autoridades de turno, castigando a quienes dilapidan los genuinos recursos del Estado. Los Zacarías no pueden seguir burlándose de la ciudadanía, donde aparte de humillarla, se pasa robando sin pudor, y la justicia se llama a un cómplice silencio. El presidente Mario Abdo Benítez no tiene que demostrar contemplación contra aquellos que se apoderan del dinero del pueblo, como los Zacarías, los González Daher, los Víctor Bogados, por citar algunos.
Es necesario que funcionen las instituciones. El Paraguay desde hace años sufre del mal de la corrupción, y cada vez está más enraizada en la sociedad, porque desde el propio gobierno no hay un mensaje claro para tratar de erradicar este mal. Esto se viene dando en todas las administraciones pasadas, y ojala que Marito dé un giro de 180 grados.
Es inconcebible que el clan Zacarías, desde el 2001 siga gozando de una inusitada impunidad. No se puede seguir conviviendo con la corrupción, más aun cuando existen elementos contundentes de las irregularidades cometidas por este grupo político. Ya que no hay respuestas de las instituciones, la ciudadanía sale a la calle a expresar su repudio contra los ladrones del dinero público, como viene ocurriendo en Ciudad del Este. Poco ya importa si no actúan los organismos responsables de hacer justicia, porque la presión ciudadana es mucha más poderosa. La caída del clan Zacarías es inminente.
Facebook Comentarios