La investigación se realiza en el Colegio del Área 5 de Presidente Franco. La denunciante es otra docente de la misma institución educativa. La investigación está a cargo de la fiscal Haydee Barboza de González.
La denuncia de una docente sobre la existencia de planilleros que cobran jugosos honorarios cada mes y no concurren al colegio del Área 5 de Presidente Franco, motivó un allanamiento a la Coordinación Departamental de Educación. La investigación está a cargo de la fiscal Haydee Barboza de González.
La agente del Ministerio Público retiró documentos y advirtió que solicitará otros a la asesoría jurídica del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Según la fiscal el allanamiento de la dependencia estatal, se dio luego de varios pedidos de informes que no fueron respondidos, o en su defecto, no en la medida que se requería. Se incautaron varios documentos y materiales informáticos que serán analizados en el marco de la investigación.
La denuncia afecta a las profesoras Liz Orué Alcaraz y Mirta Silvida Marecos Gamarra, la directora del turno mañana, Zulma Ortellado y el del turno tarde, Víctor Ramón Vázquez.
Los hechos punibles que se les atribuyen son por apropiación, lesión de confianza, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y otros. La denunciante es otra docente de la misma institución educativa, según se supo.
Sin concurso
De acuerdo a las investigaciones fiscales, Orué Alcaraz es personal nombrada desde el 2013 en el Colegio Raúl Peña del Área 5 y accedió al cargo sin pasar por ningún concurso, figura en la planilla de personal pero no concurre a su lugar de trabajo.
La fiscal Barboza dijo que hay constancias de ingreso y el extracto de cobro del Banco Nacional de Fomento. La profesora Mirta Silvida Marecos Gamarra, tampoco asiste a su lugar de trabajo, en el Colegio Raúl Peña, pero la misma percibe un salario de Gs. 7.460.000, que correspondería al salario de rol docente, con varias horas cátedras.
Siempre de acuerdo a los datos de la fiscalía, esta irregularidad era apañada por los directivos de la institución educativa y no había reemplazantes de las presuntas planilleras, para desarrollar clases con los alumnos.
Investigación
En la coordinación departamental de educación se asegura que el caso de la profesora Liz Orué Alcaraz ya fue comunicado en el año pasado al Ministerio de Educación, a través de la Asesoría Jurídica. Todos los antecedentes fueron explicados a la agente del Ministerio Público. Incluso señalaron que ya la habían sacado de la planilla de pagos.
Agregan además que en la misma causa, la profesora Ortellado ya había sido investigada años atrás y que fue beneficiada con el sobreseimiento provisional, luego la causa fue reabierta por la fiscal Dólica Giménez, al encontrar nuevos elementos en su contra.
Según el informe de la fiscalía, hay otros antecedentes que están siendo revisados y que pueden salpicar a otras personas que cobran en el MEC, pero que no ejercen función alguna.
Ana Ríos de Franco, coordinadora regional de Educación, indicó que realizaron una depuración amplia del personal administrativo y académico del MEC en la región y en los casos que constataron irregularidades, derivaron a la asesoría jurídica de la cartera de Estado.
No se descarta que haya otros casos de planilleros del MEC en la región y se promete la confidencialidad a las personas que denuncien o que concurran al Ministerio Público para una investigación penal del tema.
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