Escribe: Luis Alen.
La ofensiva lanzada contra el libre mercado de combustibles en el país por el gerente de Horacio Cartes en Petropar, Carlos Rubén Cañete Tarman –su ex tesorero en el Club Libertad- está mostrando sin equívocos la intención real del Grupo Cartes de controlar todo el negocio petrolero a través de un monopolio con decretos que van contra la Constitución.
El propio presidente de la República no escondió su particular interés en el control de la importación y distribución de combustibles, al pedir personalmente por nota al juez que entiende en el amparo presentado por Petrobrás contra los decretos 2.999 y 3.324, que desestimara la presentación realizada por la gigante empresa brasileña, ya que las medidas “son en favor de la gente”.
Hay que imaginarse qué pasaría con un juez que desestimara la “sugerencia” del jefe de Estado. Pendía sobre el magistrado la amenaza de ser denunciado, como mínimo, ante el Jurado de Enjuiciamiento. En efecto, el juez Hugo Garcete rechazó el amparo y dio vía libre a la movida cartista de controlar el negocio petrolero del país.
Pero la realidad es que la creación del monopolio no resulta favorable “a la gente”, como sería la supuesta intención presidencial, cuando los precios por decreto no llevarán a la baja de precios de los combustibles sino a desviar gran parte de las ganancias del negocio hacia un supuesto salvataje de la endeudada y quebrada empresa estatal paraguaya, que le debe a PDVSA de Venezuela la sideral suma de US$ 300 millones.
Más aún, el gerente de Cartes en la empresa estatal hizo todo lo posible por demostrar que existen poderosos intereses en el “nuevo rumbo” de Petropar, al adjudicar finalmente a una naviera “amiga” el flete fluvial de combustibles, que había presentado la oferta más cara entre las cinco oferentes en marzo pasado.
Primera señales, a fines del año pasado
Las primeras señales de que “algo andaba mal” en el mercado de combustibles se empezaron a sentir a finales del año pasado, con la ofensiva que se inició contra las distribuidoras porque no “bajaban” sus precios al mismo ritmo que el crudo a nivel internacional, y en simultáneo con el proyecto de monopolizar en Petropar la mezcla del alcohol con las naftas.
A fines de enero de este año se confirmó la intención del Gobierno de Horacio Cartes de crear un monopolio a favor de la empresa estatal, con el control del 50 por ciento de las importaciones de gasoil común, nafta virgen y naftas de menor octanaje. Además, se obligaba a los emblemas privados y a las terminales a establecer contratos de adquisición de dichos combustibles con Petropar, con el agregado de un nuevo decreto en abril que impone a las estaciones de servicios a vender también los combustibles importados por el ente.
Se procedía así a liquidar el sistema de libre competencia en la importación y distribución de carburantes, que tanto beneficio trajo al país desde 2001, con las inversiones realizadas en capacidad de almacenamiento de las terminales privadas y en los centros de servicios al consumidor esparcidos por todo el país.
Tanto el presidente Cartes como el ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, éste último utilizando hasta un tono agresivo y violento, tratan de justificar los inconstitucionales decretos 2.999 del 27 de enero y 3.324 del 27 de abril, que van contra la libre competencia y el mercado desmonopolizado que garantiza la Constitución y la Ley que rige la libertad de concurrencia de los agentes económicos. Señalan al respecto que fueron establecidos para “beneficio de la gente”, específicamente en lo que atañe a garantizar el mantenimiento de precios “accesibles” para los estratos de menores ingresos de la población.
Sin embargo, con los decretos está ocurriendo todo lo contrario, ya que el monopolio estatal en realidad abarca todo el mercado con los precios fijados por decreto, y por lo tanto es lógico suponer que los distribuidores privados, en el 50 por ciento restante del mercado que les queda, no podrán bajar ni subir sus precios por debajo o encima del nivel que se establece también en el decreto 2.999.
Así, se está en presencia de la vuelta a un monopolio total del Estado en el sector de los combustibles más vendidos, es decir el gasoil y la nafta del rango más barato, lo que no sólo implica una concurrencia desleal del Estado en contravención a la Constitución y la Ley de Competencia, sino también por desequilibrar totalmente la seguridad jurídica para las inversiones privadas.
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