El Puerto Fénix de Mariano Roque Alonso y las demás instalaciones portuarias privadas aledañas están sospechadas de ocupar en parte tierras fiscales, lo que debería ser dilucidado en un juicio de mensura y deslinde actualmente en curso en un juzgado de Luque.
El pleito judicial que afecta al “Puerto Narco”, como se le llama también a Puerto Fénix en la jerga naviera, fue promovido por un vecino al recinto portuario y le podría generar al Estado US$ 45 millones, según estimaron fuentes tribunalicias.
Se da como un hecho la continuidad del juicio de deslinde, a cargo de un juzgado luqueño en lo civil, pese a que en un principio la Procuraduría General de la República se había opuesto a su prosecución, acompañando la posición de la defensa de Puertos y Estibajes S.A., que es la empresa a cargo de la operación de Fénix. La Procuraduría, al frente de la cual se halla el Dr. Sergio Coscia, y se encarga de defender los intereses patrimoniales de la Nación, inicialmente se había manifestado renuente a convalidar la “Res Litis”, dando a entender que no aceptaba la jurisdicción del juzgado en el caso, establecida con anterioridad por la propia Corte Suprema.
Pero ante la necesaria determinación y cuantificación de las tierras del Estado ocupadas presuntamente por los puertos privados, y por la magnitud de los recursos que podría recibir el Estado para satisfacer ingentes necesidades en salud y educación, el procurador no tiene otra salida que aceptar la continuación de la “Res Litis” para comprobar la exactitud de la denuncia efectuada por uno de los propietarios linderos de Puerto Fénix.
Habría títulos falsos
La demanda de deslinde incluye acusaciones muy graves, por parte del demandante, Alberto Claudio Ramírez Alvarenga, que deben ser dilucidadas en el juicio, como que se habría fabricado instrumento público de contenido falso (títulos falsos) en connivencia y complicidad con funcionarios de la Municipalidad de Mariano Roque Alonso, a tal punto que en los registros públicos aparecerían derechos de Golden Works S.R.L., de los Hellmers, en superposición a los derechos dominiales de Ramírez Alvarenga, cuya finca 3.960 tiene casi medio siglo de vigencia en el sistema informático de Catastro.
Si es que se confirma que están siendo ocupadas las 30 hectáreas fiscales por los citados puertos privados, las firmas deberán pagar por lo menos unos 45 millones de dólares, a razón de 1,5 millón la hectárea, tomando en cuenta el valor de mercado actual de dichos terrenos en lugares altamente cotizados para puertos fluviales de gran movimiento de cargas.
Las tierras en litigio presuntamente fiscales, pertenecerían al municipio de Mariano Roque Alonso y al INDERT, por estar prácticamente fuera de la zona urbana y a orillas del río Paraguay, en una zona muy valuada por tratarse de asientos de varios puertos, entre ellos Fénix, San José y Caacupemí, al norte de la ciudad capital, Asunción.
La demanda de deslinde fue promovida por Alberto Claudio Ramírez Alvarenga, bajo patrocinio del abogado Alfredo E. Wagener, con domicilio en la ciudad de Hernandarias, departamento de Alto Paraná.
Es contra los linderos, al Sur, Puertos y Estibajes S.A., de Fénix, representada por los ingenieros Julio Martínez Trueba y José Fassardi; al Norte, la empresa Golden Works S.R.L., representada por Enrique Hellmers, Norman Hellmers y Fernando Hellmers. Al Este, el señor Horacio Giménez.
También el demandante pidió notificar a los presidentes de las firmas adyacentes de Puerto Caacupemí S.A. y Puerto San José S.A.
Facebook Comentarios