La fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, desde que asumió el cargo no ha hecho absolutamente nada contra los políticos facinerosos y corruptos. Lejos de impulsar una abierta investigación contra aquellos involucrados en hechos graves, la misma se dedica a otorgar una grosera impunidad a los sinvergüenzas, para así seguir burlándose de la ciudadanía.
Las resoluciones selectivas que salen de las distintas unidades del Ministerio Público, bajo la batuta de Quiñónez, lleva a hacer pensar a la gente, que la fiscalía en este país está al servicio de los poderosos mafiosos, que controlan y dirigen la justicia, donde varios jueces y fiscales les son funcionales.
La fiscal general del Estado no puede continuar desentendiéndose de denuncias graves en que aparecen salpicados políticos y parlamentarios, como el caso de Javier Zacarías Irún, un cartista, que tiene una abierta protección por parte del Ministerio Público, para que hasta hoy siga libre, a pesar de soportar más de 7 procesos, por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, asociación criminal, tráfico de influencia, entre otros delitos.
El parlamento paraguayo no puede quedarse en silencio ante la actitud cómplice de la máxima representante del pueblo, la fiscal general del Estado, quien lejos de otorgar confianza y seguridad al pueblo, produce desconfianza, inseguridad e incertidumbre su labor. Sandra Quiñónez debe ser enjuiciada por su actitud cómplice, para encubrir a delincuentes y ladrones, quienes se apropian de los recursos públicos del Estado paraguayo.
El Paraguay seguirá padeciendo de una justicia mercantilista, de falta de jueces y fiscales probos, ya que siempre son nombrados por producto de una maléfica componenda política, apadrinados por poderosos, y que terminan siendo funcionales a los intereses de los mismos. Por eso más que nunca urge la reforma judicial, para intentar sanear y transparentar el órgano de justicia en este país. Si esto no se logra, el país seguirá empantanado y condenado a la miseria y el sub desarrollo.
La justicia sometida impide ser mirado desde el extranjero como una nación seria, para la venida de potenciales empresarios del exterior. La justicia alquilada no ofrece una mínima seguridad jurídica ni política, un mal endémico del que padece el Paraguay, ya que está catalogado como uno de los más corruptos del continente.
Sandra Quiñónez ya no puede seguir impune, dedicándose a proteger a facinerosos, ladrones de las arcas públicas, y que el Congreso siga observando como si nada. Debe haber un castigo a la máxima responsable del Ministerio Público del Paraguay. De lo contrario seguirán haciendo lo que quieran en esta república los grandes mafiosos. La ciudadanía clama juicio político a Sandra Quiñónez.
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