Escribe: Luis Alen.
Existe un temor fundado en los círculos empresariales que los cambios de ministros en la Corte Suprema sean sólo un capítulo más en el conocido libreto de la intromisión descarada de los políticos en el Poder Judicial. De hecho, ya el Gobierno baraja nombres que son de su agrado, así como los dos partidos políticos tradicionales, mientras el Consejo de la Magistratura es sólo el ropaje formal y constitucional para darle visos de legalidad al montaje teatral.
Durante gran parte del año se venía hablando de los posibles cambios en la Corte Suprema, con la remoción de cuatro y hasta siete miembros del más alto tribunal de la República, pero, como ya ocurrió en otros años, las amenazas de juicio político sirvieron apenas para confirmar que entre bueyes no hay cornadas y de que continuaría la función sin importar a los políticos los reclamos ciudadanos de los necesarios cambios en la Justicia.
Los últimos escándalos de evidente intromisión del narcotráfico hasta en la Corte, con las graves acusaciones contra el ministro Víctor Núñez, hicieron inevitable la remoción de éste, acompañado necesariamente por la salida de por lo menos dos liberales y un colorado más, tras el acuerdo alcanzado por los dos partidos.
Lo grave del caso es que no hay ni asomo de deseos de cambios profundos en la administración judicial, ya que se dará nuevamente el famoso cuoteo político y no se dejará que el Consejo de la Magistratura elija las ternas de acuerdos a criterios de independencia e idoneidad para el cargo.
El país espera otra cosa
Con la indefinición de los políticos respecto a una renovación profunda del Poder Judicial, es el país en su conjunto el que sale perdiendo. Al parecer, los políticos no se han dado por avisados que el horno no está para bollos en la economía y en la sociedad, a la espera de soluciones a los graves problemas de inseguridad, tanto física como jurídica, que el Gobierno ya deja que continúen como están a la espera seguramente de una solución a la crisis política en curso.
En los corrillos empresariales se habla precisamente de la preocupación que existe por la falta de compromiso gubernamental para dar respuestas claras a la ciudadanía sobre problemas como el avance del narcotráfico en la zona norte, la falta de resultados en la lucha contra el EPP y la creciente inseguridad en las ciudades, así como la vuelta de los cierres de rutas por campesinos, que reclaman hasta la condonación de deudas asumidas para comprar motos.
La inacción gubernamental se acrecienta por la evidencia del atolladero en que se encuentra el Gobierno de Horacio Cartes para poner nuevamente orden en la desbandada ocurrida en su tropa colorada, especialmente en el Congreso, tras el sonado caso de la salida a luz de las conexiones de legisladores con el narcotráfico en la frontera y en momentos en que se inician las primeras escaramuzas pre-electorales con vistas a las internas de julio del año próximo, donde no sólo se establecerán las candidaturas municipales sino también se tendrá la dura puja por el control partidario, ya que también se deberá elegir a la nueva cúpula de la junta de gobierno.
El gran error de HC fue dejar casi inactivo su movimiento Honor Colorado desde la victoria electoral de abril de 2013, dejando el campo libre para el surgimiento de potenciales liderazgos partidarios fuera del control cartista, ya que se habla hasta de una “rebeldía” del vicepresidente Juan Afara, que ya no disimula su deseo de liderar la ANR y hasta piensa en una eventual candidatura presidencial para 2018, a caballo de un frente de gobernadores, así como había ocurrido con Cartes en 2009.
Se habla que el oficialismo cartista volverá a retomar ínfulas de ahora en más, con una candidatura propia para la junta que podría recaer en Marito Benítez, pero la cuestión está en veremos porque ya parece tomar vuelo propio el “afarismo” con la fuerte inyección de recursos del Presupuesto nacional 2015 que aprobó Diputados para las gobernaciones, lo que da a entender que no le faltarán fondos a la campaña del vicepresidente para enfrentar al cartismo.
El Gobierno tiene aún tiempo de demostrar que apuesta por dar a la ciudadanía lo que pide, con respecto a una renovación profunda del Poder Judicial, más aún cuando los empresarios están esperando una señal positiva en esta cuestión, de tal manera a dar condiciones para la continuidad de las inversiones.
A pesar de que el Banco Central se muestra optimista de un repunte del Producto Interno Bruto (PIB) en lo que resta del año, con una tasa de crecimiento anual que estaría en el orden del 4 por ciento, lo concreto es que la misma entidad se contradice cuando da a conocer que el comportamiento de las ventas en la economía durante agosto, conforme al Estimador de Cifras de Negocios (ECN), registró una tasa de variación interanual de sólo 0,6 por ciento, mientras un año antes dicho estimador mostraba un alza de 8 por ciento anual, coincidentemente con el entusiasmo provocado por la ascensión al poder de Cartes.
Si no fuera por las construcciones, tanto las privadas como la reactivación de los servicios públicos, la tasa de incremento del consumo hubiera sido ya negativa. Con esto se demuestra que las inversiones en el resto de la economía se han venido abajo y no sólo por el menor crecimiento del PIB con respecto al 15 por ciento del año anterior, o por la caída en los precios internacionales de materias primas, sino también por otros factores, entre los que están los de índole política.
Aparece así la necesidad primordial del Gobierno de HC de pasar a la acción en cuanto a satisfacer en primer lugar las inquietudes ciudadanas, antes que cualquier otro análisis político-partidario. Pero tal es su urgencia por arreglar los entreveros que se dan en su propia base política colorada, que aparentemente la indefinición actual pasa por la contundente demostración de fuerza de los gobernadores y de la incapacidad de poner orden entre los legisladores, apurados como están éstos de desmentir cualquier acusación de alentar la “narcopolítica”.
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