Una vez más quedó al desnudo, la semana pasada, cómo la justicia es utilizada en esta zona fronteriza del país por el clan Zacarías. En Ciudad del Este el estado de derecho no existe. Pareciera esta región no forma parte del territorio nacional. Aquí la mayoría de los jueces y fiscales actúan de acuerdo al humor de una persona, que se llama Javier Zacarías Irún. Esto viene sucediendo desde el 2001, hace 15 años.
El jueves último saltó al tapete, a través de este medio, una de las formas como el clan paranaense somete a su arbitrio la justicia. La magistrada Zunilda Martínez, quien lleva adelante la querella de Javier Zacarías Irún contra el concejal municipal, Celso “Kelembú” Miranda, aparece ligada en un caso de presunto millonario negociado de la gobernación y que benefició a su actual pareja sentimental.
La institución departamental, bajo la conducción de Justo Aricio Zacarías Irún (hermano de Javier Zacarías Irún) favoreció con un contrato de 5 mil millones de guaraníes a Carlos Marcelo Quevedo (pareja de Zunilda Martínez) para distribución de alimentos (galletitas) en varios distritos del Alto Paraná. Curiosamente, ésta representante de la justicia esteña es la que tiene a su cargo “resolver” la querella por “difamación, calumnia e injuria grave” promovida por Javier Zacarías contra el edil Celso Miranda. (sic).
Si no fuese por la prensa, el hecho iba a continuar en el más absoluto sigilo y la suerte del concejal opositor al clan estaría echada, porque la jueza que debe impartir justicia sobre el caso tiene, en mayor o menor grado, intereses creados con los Zacarías, trasuntado en un millonario beneficio económico a favor del concubino de la magistrada.
La prostitución de la justicia en esta comarca fronteriza de la república ya no es novedad para la ciudadanía local. El “caficho” del pisoteo a la Constitución y las leyes tiene nombre y apellido, Javier Zacarías, que desde hace una década y media maneja el municipio como un negocio privado. Y lo más grave de todo esto, es que ninguna institución ni autoridad competente se ha interesado en tomar medidas sobre la permanente y flagrante violación del estado de derecho en esta parte del país.
En este punto de la república, la población paraguaya está abandonada a su suerte y en todos sus derechos civiles. Ante una denuncia en la justicia contra el clan Zacarías o de su entorno más inmediato, la persona no tiene la mínima garantía que sea favorecida en sus derechos reclamados, ya que una mayoría de magistrados y representantes del Ministerio Público es funcional a un clan político que se apoderó de Ciudad del Este para hoy convertirla en una ruina.
El Gobierno del presidente Horacio Cartes no puede seguir callado a tantos atropellos a los derechos ciudadanos por parte de Javier Zacarías Irán y su entorno, que viene sometiendo al pueblo a sus caprichos personales, mientras, los poderes del Estado observan indiferentes el calvario diario que vienen soportando los habitantes de esta región del Paraguay.
¿Por qué las autoridades no intervienen? La ciudadanía asiste con estupor, cómo el mandatario y los responsables de los otros poderes del Estado permiten que una sola persona haga lo que quiera en este distrito. Abusa, pisotea, ofende, se burla, mientras la justicia servil le aplaude.
Facebook Comentarios