La gente cuya fragilidad llega al extremo de la pobreza, hoy le suma a su experiencia el flagelo del crack, la droga de los pobres, que insaciablemente y sin mucho ruido está devorando el cerebro y la vida de centenares de jóvenes paraguayos.
El adicto al crack vive en condiciones de grandes carencias, es aquel joven de entre 13 y 20 años que en la mayoría de los casos no estudia, y sobrevive con apenas un miserable salario de changador, a cambio de su fuerza y juventud. Cuantas más instituciones de asistencia y centros de combates a las adicciones proliferan, más adictos se multiplican, y ello, como resultante de la inconsciencia política que deriva el combate a las adicciones a las acciones y personas caritativas, entre las que de nuevo encontramos aquellas que usan el drama para una desvergonzada vanagloria personal.
Los gobiernos aun no han enfrentado como deberían la adicción, a lo sumo se encargan de encarcelar familias enteras dedicadas a la venta y distribución. Se desconoce de gestiones políticas que analicen responsablemente la situación y concluyan con un plan, no sólo para castigar a los responsables del crimen, también para combatir las causas por las que se abrieron las puertas del infierno con el crack.
Los motivos son insospechados y están ocultos detrás de las fallas de un modelo político que propicia la pobreza y la exclusión de cientos de jóvenes sin el abrigo de un hogar, sin posibilidades de estudiar y sin esperanzas, aptos entonces, para caer en las garras de la adicción de una de las drogas ilegales de más bajo costo y de más alta peligrosidad.La pobreza y la exclusión son malas consejeras para los jóvenes, el ímpetu propio de la juventud, precisa ser canalizado por senderos de capacitación y estudio.
El desdichado camino del crack, no puede ser la única alternativa para nuestros jóvenes, las autoridades deben iniciar la construcción de programas que corrijan el camino sin retorno de los jóvenes pobres, victimas del crack.
El trabajo de los Centros de Adicción que trabajan sin participación del gobierno deberían ser del interés oficial, primero porque es su obligación responsabilizarse de esta epidemia de adicción que está arrojando al precipicio a una generación de jóvenes, y segundo para el control científico y la necesaria financiación de los mismos.
El haber dejado en manos de la caridad pública la subsistencia de los mismos es de tamaña irresponsabilidad de los gobiernos sucesivos, urge corregir el error, porque de continuar ignorándose la situación, el crack seguirá cobrando víctimas.
Escribe: José Martínez
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