Ahora que la valiente ciudadanía ya hizo su trabajo, es el turno de la justicia, que estuvo ausente casi 18 años, tiempo que sirvió para que el clan Zacarías tomara por asalto Ciudad del Este y así someter a su capricho y antojo al pueblo, que hoy, lentamente, se está liberando y recuperando sus derechos y atribuciones, en todos los órdenes.
No es poca cosa, que el pueblo sea mantenido en cautiverio por casi dos décadas, para que las “autoridades” de turno tomen por asalto el genuino patrimonio de la ciudadanía. Se dedicó a robar, a esquilmar y a apoderarse de los recursos públicos durante 18 años, sin que ningún órgano jurisdiccional nunca se haya molestado a realizar un control de gestión contable, mucho menos abrir una investigación contra los presuntos saqueadores de la municipalidad de la capital del Alto Paraná.
Hoy la comuna paranaense se encuentra a deriva, descontrolada, y sin rumbo fijo. Toda esta situación se vive producto de casi dos décadas de tiranía e impunidad absoluta, que llevó a convertir al segundo municipio más importante de la república en un territorio al servicio de la corrupción y la mafia, bajo la batuta del clan Zacarías, cuyo jefe es el político y hoy senador, Javier Zacarías Irún, que en verdad, en estos momentos, está más cerca de la cárcel, que del poder.
Jueces y fiscales deben empezar a efectuar sus tareas de manera seria y responsable, donde aquellos que resultaren involucrados en la galopante corrupción que envuelve a la municipalidad esteña tenga que ser castigados con su encarcelación y que el dinero del pueblo que embolsaron pueda ser recuperado y devuelto al estado paraguayo, como ya se viene realizando con algunos facinerosos, que se apropiaron de los recursos públicos.
El Ministerio Público tiene el deber de cumplir su compromiso de contralor ciudadano, haciendo respetar la ley como corresponde y no seguir otorgando impunidad a los corruptos, como está acostumbrado a actuar este brazo de la justicia con muchos autoridades y políticos poderosos del país. Hoy se está percibiendo como la fiscala general, Sandra Quiñonez extiende una abierta protección al clan Zacarías, un grupo político ligado al ex presidente Cartes, padrino de la fiscal general actual.
Sandra Quiñonez está jugando con fuego y si continúa con esta maniobra por demás peligrosa puede terminar mal, como su antecesor, Javier Díaz Verón, hoy privado de su libertad en el Cuartel de Viñas Cué. La justicia esta obligada a hacer su tarea, poniendo en su lugar al clan Zacarías, que devastó por completo Ciudad del Este.
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